Entre los 251 candidatos que competirán en las elecciones del fin de semana del 26 y el 27 de octubre por alguna de las 52 alcaldías de la Región Metropolitana, hay al menos 10 cuyos nombres figuran en la página del Poder Judicial. No como denunciantes o presuntas víctimas, sino como denunciados o querellados.
Ese fue el hallazgo al que llegó El Líbero luego de ingresar los datos de cada uno de los postulantes en el buscador de causas en línea, considerando todos los tribunales del país, de Arica a Magallanes.
La lista incluye acciones judiciales interpuestas por hechos supuestamente cometidos en el ejercicio de funciones públicas -pues algunos de los aspirantes van por la reelección o han ocupado otros cargos dentro del aparato estatal-, mientras que otras denuncias han sido presentadas por hechos presuntamente perpetrados en su accionar como ciudadanos comunes. No todas las causas han prosperado, pero, eso sí, todas las que aquí se mencionan aparecen en el portal del Poder Judicial y son de acceso público.
Cuasideto de homicidio por facultativo y cuasidelito de lesiones graves figuran entre los tipos penales por los que han presentado las demandas. Amenazas, injurias, calumnias, fraude y estafa son las delitos que más se repiten en las querellas interpuestas. En la lista de candidatos que figuran en el Poder Judicial hay tres alcaldes en ejercicio que van por la reelección y dos ex ediles que aspiran volver a sus cargos. Uno de los postulantes está actualmente en prisión preventiva y otro ha sido demandado incluso por sus hermanos.
“Cuasidelito de homicidio por facultativo”, la causa contra el alcalde oficialista que va por la reelección en Pedro Aguirre Cerda
El actual alcalde de Pedro Aguirre Cerda, el médico Luis Astudillo Peiretti, compite por la reelección como abanderado de la coalición oficialista Contigo Chile Mejor, pacto que incluye al Frente Amplio -tienda que surgió de la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática-, el PC, el Partido Socialista, la DC, el PPD, el PR, el Partido Liberal, la FRVS y Acción Humanista.
Astudillo, conocido como ‘el doctor del pueblo’, figura como querellado por la supuesta comisión de “cuasidelito de homicidio por facultativo”. La causa ingresó en abril de 2021 en el 10° Juzgado de Garantías de Santiago.
De acuerdo con los hechos expuestos en el expediente, luego de que lo contactaran por Facebook, Astudillo se ofreció a a visitar a un paciente de 70 años de edad, ahora fallecido, quien para ese momento llevaba seis días en cama y presentaba fiebre, dolor de cabeza y falta de apetito. De acuerdo con el escrito, el entonces candidato a la alcaldía se presentó el 25 de junio de 2020 (en plena época de pandemia) “con un equipo de prensa de Chilevisión (…) sin que mediara autorización alguna para ello”.
“Únicamente hizo una prueba de test rápido por Covid que él andaba trayendo. Tampoco efectuó una prueba de saturación de oxígeno (…), no auscultó al padre de mi representado (…), no ordenó realizar un test de PCR (…). Sólo confió únicamente en el test rápido que él portaba. Después recetó paracetamol, sin indicar que fuera a un centro asistencial, o que
estuviera atento a la evolución de los síntomas”, se señala en la causa presentada por el hijo del fallecido.
De acuerdo con ese mismo documento, un equipo del Cesfam Edgardo Enríquez acudió a la vivienda al día siguiente. El paciente estuvo hospitalizado por 10 días y luego falleció.
“Del relato de los acontecimientos, existe un video que fue publicado por Chilevisión, cuyo claro objetivo fue promocionar al Doctor Luis Astudillo Peiretti y sus test rápido de detección de Covid-19 en el marco de la pandemia y su campaña de hacerse conocido, ya que era candidato a alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda”, se indica en el expediente.
La querella fue admitida. Lo último que figura en la causa, cuyo estado actual es en tramitación, es la autorización de recabar la ficha clínica del fallecido, fechada el 17 de agosto de 2023.
A ex edil de Peñaflor en prisión preventiva, que vuelve a competir este año, le hallaron armas de fuego sin permiso
El ex alcalde de Peñaflor, Manuel Segundo Fuentes Rosales, que en estas elecciones aspira volver al cargo como independiente, se encuentra actualmente bajo medida cautelar de prisión en el Centro de Detención Preventiva de Talagante.
La información está contenida en la causa por la que fue formalizado el pasado 13 de agosto, y que figura en el Juzgado de Garantía de Talagante, por la supuesta comisión de los delitos de porte de arma prohibida y posesión de municiones.
Contra el ex edil ya pesaba una orden de entrada y registro, autorizada por el Tribunal de Garantía de Melipilla, con el objetivo de “incautar todo aquello relacionado con la investigación base, por uso de claves únicas de terceros, presuntamente extraídas a través de sistemas Chile Atiende de Melipilla, sin su consentimiento. Estas acciones perpetradas a fin de inscribir candidatura independiente a alcalde”.
En medio de ese procedimiento, efectuado el pasado 12 de agosto, los funcionarios a cargo “sorprendieron al imputado detentando sin autorización alguna” un revólver calibre 32 no registrado en el país, más 20 cartuchos. “El imputado mantenía otras dos armas de fuego inscritas con permiso caducado del año 2010”, se indica en el expediente.
A Fuentes Rosales le figuran otros dos expedientes. Fue denunciado ante el Juzgado de Garantías de Talagante por la supuesta comisión del “cuasidelito de lesiones”. De acuerdo con la causa, el 2 de mayo del año pasado, en la comuna de Peñaflor, el ahora candidato habría atropellado a un transeúnte. “Arrastrándome aproximadamente cinco metros, sin respetar el paso preferencial del peatón”, narra la víctima en la querella. En principio se estableció la suspensión condicional del proceso y el ex alcalde, además de fijar domicilio, llegó a un acuerdo reparatorio consistente en la entrega de dos millones de pesos a la víctima. Finalmente se dictó el sobreseimiento.
El ahora candidato por Peñaflor aparece en otra querella, también en el Juzgado de Garantía de Talagante, por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. De acuerdo con el caso, ingresado en octubre de 2021, en calidad de alcalde firmó un decreto en junio de 2015 para contratar, luego de licitación pública, los servicios de un laboratorio. No obstante, según la parte querellante, no todos los exámenes que se realizaron fueron pagados por la municipalidad. La deuda ascendería a más de 71 millones de pesos.
“El municipio desconoce los exámenes realizados, aludiendo que se excedió el monto del convenio, pagando una parte de estos exámenes realizados hasta marzo de 2016, exámenes que fueron solicitados por enfermeras, médicos y todo personal autorizado a realizar la solicitud de algún examen de salud pública en los CESFAM bajo convenio, ordenes que no se podían dejar de procesar”, señala la parte querellante. La causa, aunque fue admitida, fue archivada posteriormente.
Por amenazas y lesiones: las causas de Loreto Letelier, candidata (ind.) en Lo Barnechea por Partido Social Cristiano
A la candidata independiente a Lo Barnechea que compite en la lista del Partido Social Cristiano, Loreto Letelier Barrera, le figuran tres causas en la página del Poder Judicial. La más reciente, por la supuesta comisión del delito de amenazas simples contra personas y propiedades, ingresó al Juzgado de Garantías de San Bernardo en junio de 2021.
De acuerdo con la información que aparece en la web de los tribunales, el 16 de junio de ese año, la denunciante, que arrendaba desde hace seis años un inmueble propiedad de la mamá de la ahora candidata, “recibió un mensaje de audio vía WhatsApp de Letelier Barrera (…) el cual le manifestaba: ‘si no te vas el 15 de septiembre de la casa, vas a pasar el mal rato de tu vida, no voy a realizar denuncia sino que te voy a sacar de las mechas a ti y a tus hijos y voy a meter cien personas adentro de la casa y te voy a sacar a patadas’, por lo que la denunciante llamó a la dueña, pero la llamada fue contestada por la imputada, la cual le reiteró las amenazas”. En ejercicio del principio de oportunidad -que le permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal-, la causa fue concluida informáticamente el 2 de febrero de este año.
En 2014, en el 7° Juzgado de Garantías de Santiago, le figura otra causa por la supuesta comisión del delito de lesiones leves. Según el relato judicial, el 30 de mayo de ese año, “en circunstancias que la víctima se encontraba en calle San Martín, comuna de Santiago, sorpresivamente se acercó la requerida (ahora candidata), quien sin provocación alguna, la agredió con una botella de vidrio de jugo en donde la tiró y me llegó en mi brazo izquierdo”. La víctima resultó con hematomas. De acuerdo con la denuncia, en este caso la Fiscalía, además de la declaración de la víctima, contó con el parte policial y los datos de atención de urgencia de la afectada. Por haber transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal, la causa fue sobreseída.
Una tercera causa figura en el Juzgado de Garantías de San Bernardo. Conforme al expediente, “el 19 de diciembre de 2013 el denunciante recibió un llamado telefónico donde le informan que desde la parcela 20 ubicada en camino Santa Margarita, en la comuna de San Bernardo, estaba Loreto Letelier tratando de retirar un remolque que compró en $12.000.000 pagados en cheques, documentos que hasta la fecha (la del proceso) no habían sido cobrados”. No se aprobó el inicio de la investigación por considerar que “los hechos relatados no son constitutivos de delito”.
A la candidata del Partido de la Gente por Maipú, Yenifer Cerpa Castro, le figuran denuncias por amenazas
A la municipalidad de Maipú compite Yenifer Cerpa Castro por el Partido de la Gente (PDG). Al introducir sus datos en la página del Poder Judicial, el sistema arroja tres causas en las que la denuncian por la supuesta comisión del delito de amenazas. Todas son de 2011.
Según la información que figura en el 8° Juzgado de Garantías de Santiago, en octubre de ese año fue acusada por el delito de amenazas simples contra personas y propiedades. “Mientras la víctima se encontraba en su domicilio laboral ubicado en Ñuñoa, ha recibido una serie de llamados de la imputada, Cerpa Castro, quien no es persona conocida de la víctima, en las que además de insultarla la amenaza de manera grave, seria y verosímil, señalándole, entre otras cosas, lo siguiente: ‘mientras hablabas con mi madre te estuve observando, sé quién eres, conozco tus turnos, apenas te descuides voy a ir con otras amigas a pegarte’. En el mismo sentido la madre de la víctima ha recibido llamados en su domicilio en que la imputada insulta y amenaza a la victima”. La ahora candidata fue sometida a la cautelar de no acercarse a la denunciante mientras duró el proceso. La Fiscalía decidió abandonar la investigación y la causa está concluida.
Otro proceso por amenazas simples aparece contra la aspirante por el PDG en el Juzgado de Garantía de Puente Alto. “El día 16 de febrero de 2011 en circunstancias que la víctima se encontraba en su domicilio particular, en Puente Alto, revisando Facebook, momento en el que se percata de un mensaje de Cerpa Castro, quien sin causas ni motivos justificados procedió a insultar y amenazar a la victima manifestándole textualmente: ‘No tengo problema en ir a sacarles la cresta”. En este caso se aprobó la decisión de abstenerse de abrir investigación.
Una tercera causa reposa en el Juzgado de Garantías de San Bernardo. Según la denunciante, “el 15 de febrero de 2011 recibió un mensaje vía Facebook de Cerpa Castro, en el cual señala que la víctima tendría una relación sentimental con su pareja y que el hijo que espera sería de él, por lo cual le envía insultos y amenazas de agresión. Posteriormente el día 18 de febrero de 2011, recibió otro mensaje de esta persona con insultos y amenazas de agresión, indicándole que su pareja le había dado una serie de antecedentes personales de la víctima”. En este caso el Ministerio Público se abstuvo de abrir investigación.
Demanda al candidato del Partido Social Cristiano por hechos de cuando era director de Obras de Las Condes
Por la supuesta comisión del “cuasidelito de lesiones graves” le figura una causa en el 4° Juzgado de Garantías de Santiago a Carlos Alarcón Castro, candidato a la alcaldía de Peñalolén por el Partido Social Cristiano.
Una vecina de Las Condes resultó con los dedos del pie derecho fracturados e incluso con una amputación medial del dedo anular, luego de que, mientras caminaba por la calle Cerro El Plomo, por la mencionada comuna, “sin mediar acción alguna de su parte fue golpeada por un poste de alumbrado público que se desprendió sobre su persona”. Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2009, fecha para la que Alarcón Castro se desempeñaba como director de Obras de la Municipalidad de Las Condes.
“Con fecha 24 de noviembre de 2010, el querellante ha desistido de la querella interpuesta, luego de presentar en el tribunal copia de la transacción en la cual arribó con la empresa Chilectra y con la Municipalidad de Las Condes, en la cual se le canceló la suma de $ 16.000.000 por los perjuicios causados por la caída del poste de alumbrado público”, se indica en la causa, que figura como concluida. Se estableció que “no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.
La abanderada del Frente Amplio por San Miguel fue acusada judicialmente por retraso en pago de cotizaciones
A la abanderada del Partido Frente Amplio, por la coalición oficialista Contigo Chile Mejor, la alcaldesa de San Miguel que va por la reelección, Erika Martínez Osorio, le figuran denuncias en el Poder Judicial.
Aunque se aprobó la decisión de abstenerse de abrir investigación, aparece denunciada por no enterar determinadas cotizaciones de forma oportuna de una empresa de ingeniería. “Retardó el pago de las cotizaciones de cesantía en este caso, respecto de sí misma, toda vez que tiene la doble calidad de trabajador y también de representante legal de la empresa, y en ese contexto no enteró a la institución de previsión social respectiva, en forma oportuna, las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre del año 2016; y al mes de febrero del año 2017”, se indica en el expediente.
El Ministerio Púbico señaló que el hecho no era constitutivo de delito. La causa, concluida, aparece como exhorto en el Juzgado de Garantías de Valparaíso y en el 11° Juzgado de Garantías de Santiago, como tribunal de origen.
Emilia Ríos, que va a reelección en Nuñoa por el Frente Amplio, fue demandada por injurias y calumnias
La alcaldesa frenteamplista de Ñuñoa, Emilia Ríos, abanderada oficialista que compite por la reelección, figura en el Poder Judicial. En su contra aparece una denuncia por supuestas injurias y calumnias por medios de comunicación social interpuesta en agosto de 2021 por José Fernando Palma Vega, exsecretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. Esto a propósito de aseveraciones que hizo la alcaldesa, que para entonces tenía un mes en el cargo, con respecto a los cálculos del finiquito del demandante.
“La querellada (Ríos) señaló: ‘En Ñuñoa se institucionalizó el robo de cuello y corbata, llamando ‘beneficios’ a cláusulas abusivas contra el patrimonio municipal. Quizás pensaron que nadie se enteraría o tenían completamente normalizado el saqueo. Dijimos que íbamos a devolver Ñuñoa a la comunidad y el primer paso para ello es transparencia. Sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, se señala en la causa, que cursó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo sobreseimiento fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En ese mismo tribunal a Ríos le figura una causa por la supuesta comisión de los delitos de sabotaje informático y fingimiento de cargos. El denunciante es el emblemático ex director del Liceo Augusto D’Halmar -mejor colegio municipal del país-, Jaime Andrade. El juez de la causa decretó el sobreseimiento, que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Paulina Bobadilla Navarrete, candidata oficialista por Quilicura, querellada por denuncias calumniosas
A la actual alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla Navarrete, que va a la reelección abanderada por la coalición oficialista Contigo Chile Mejor, le figura una denuncia por la supuesta comisión del delito de denuncias calumniosas. El accionante fundamenta su acción alegando que ella se querelló en su contra, y en la de otras seis personas, por la supuesta comisión de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, estafa genérica y cohecho, “mediante una acción fundada en hechos y alegaciones falsas e injuriosas”. La audiencia de sobreseimiento definitivo ante el 2° Juzgado de Garantías de Santiago está prevista para el próximo 21 de octubre.
En otra causa, de 2023, aparece como querellada en su calidad de alcaldesa, también por la supuesta comisión del delito de denuncia calumniosa en contra de integrantes de una comitiva de viviendas sociales. El juez declaró inadmisible la querella. Luego, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró el abandono del recurso interpuesto.
Juan Carrasco Contreras (Quilicura), por supuesto fraude al fisco
Juan Carrasco Contreras, que fue alcalde de Quilicura entre 2008 y 2021, nuevamente, como independiente, pretende posicionarse a la cabeza de la municipalidad.
Al ex edil le figura una querella de 2023, en la que Enel también es parte de los demandados. La causa fue presentada por la supuesta comisión de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, estafa y cohecho. En la querella, impulsada entre otras personas por la actual alcaldesa, Paulina Bobadilla, se indica que al asumir el cargo recibió antecedentes y documentación por parte de la administración saliente, encabezada por el querellado. “Sin embargo, jamás se entregó antecedente, ni documentación alguna en relación a un ‘Convenio de pago’ por ‘servicios especiales’ suscrito el 3 de abril de 2020 entre la Municipalidad de Quilicura y ENEL”, que implicaría una deuda de más de 890 millones de pesos. La causa fue sobreseída por el 2° Juzgado de Garantías de Santiago, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones correspondiente.
Carrasco Contreras también fue denunciado por calumnia e injurias graves, por escrito y con publicidad. La accionante fue nuevamente Bobadilla, a quien se refería como “Robadilla”. La causa fue sobreseída por el juez de garantías e incluso en apelación.
Miguel Bruna Silva, ex alcalde de Lo Espejo que aspira volver al cargo, ha sido demandado por sus hermanos
El ex alcalde de Lo Espejo, Miguel Bruna Silva (2012 – 2021), que intentará retomar su puesto como primera autoridad en la municipalidad, aparece como querellado ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de hurto simple y daños. La querella fue admitida el 27 de mayo de este año y figura en tramitación.
El accionante es su hermano, Juan Alberto Bruna Silva, quien asegura en la querella que es dueño de un inmueble ubicado en la mencionada comuna, que había estado ocupado por su pariente y la cónyuge de este, que ya los había demandado por precario, a fin de que le restituyeran la vivienda y que por decisión del 4° Juzgado Civil de San Miguel debían ser sacados del lugar, incluso con la fuerza pública. Asevera que al efectuarse la restitución se verificaron destrozos, así como la sustracción de elementos del baño y la cocina, como el lavaplatos y el wc.
En ese mismo juzgado, a Bruno Silva, candidato independiente, le aparece otra querella interpuesta por otro de sus familiares, otro hermano, Segundo Alfredo. La causa, ingresada en marzo de 2019, es por injurias y calumnias en medios de comunicación social y en la misma el accionante asegura que el entonces alcalde de Lo Espejo, en entrevista concedida a ‘Cambio 21’ se aborda el tema de que su gobierno local estaría siendo blanco de una “campaña sucia”. Al ser consultado sobre los supuestos responsables, nombra al querellante.
“Alfredo Bruna, hermano mío, que está siendo investigado por la fiscalía local de Melipilla por el delito de fraude al fisco durante el período en que ejerció como administrador municipal de Melipilla”, habría dicho, según se indica en el expediente, el querellado, que resultó absuelto.
En contra del candidato aparece otra querella por el delito de fraude al fisco y organismos del Estado y negociación incompatible. El querellante en este caso es el Consejo de Defensa del Estado. La acción se fundamenta en los hallazgos de un informe de auditoría efectuado por la Contraloría a la Municipalidad de Lo Espejo respecto a los gastos efectuados por ese municipio relacionados a publicidad y difusión, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2020. El monto total, $22.349.000. La causa se encuentra en tramitación.
En el Poder Judicial aparece otra querella por falsificación de instrumento público y fraude. La causa, de 2020, figura en tramitación.
Caso aparte: General Bassaletti, candidato por Maipú, salpicado en querella por hechos del estallido como supuesto colaborador
En el marco de las querellas interpuestas luego de las protestas de octubre de 2019, el General Enrique Alejandro Bassaletti Riess, ex jefe de Zona Metropolitana y ahora candidato a la Municipalidad de Maipú por Republicanos, figura no directamente como querellado, sino como supuesto colaborador en una causa por presuntos apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, homicidio y crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La causa aparece como suspendida. El diputado Tomás Hirsch y la Defensora de la Niñez de la época, Patricia Muñoz, aparecen entre los accionantes.
En este proceso, que está en el 7° Juzgado de Garantías de Santiago, figuran el ex Presidente Sebastián Piñera y el director de Carabineros de la época, Mario Rozas, entre los querellados. Como denunciado aparece Sebastián Zamora Soto, absuelto en julio de este año por unanimidad por el caso Pío Nono, en el que un joven de 16 años fue a dar al río Mapocho en medio de una detención en una manifestación. Recientemente el procesado fue reincorporado a la institución de Carabineros.
Original de El Líbero
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