La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves su informe anual, donde dedica un extenso capítulo a Venezuela, en el que documenta de manera detallada las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al que califica como un régimen autoritario con prácticas de terrorismo de Estado.
El documento, que alcanza 1.208 páginas, analiza también la situación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y el resto de América Latina, y fue elaborado bajo la órbita institucional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente, a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, sostiene el informe, que enumera un amplio catálogo de violaciones: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, cancelación de pasaportes, muertes violentas y ataques a la libertad de expresión y garantías judiciales.
Respecto al proceso electoral del 28 de julio de 2024, la CIDH denuncia que el régimen de Maduro ejecutó una estrategia coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder, lo que incluyó el uso de fuerzas de seguridad para reprimir la oposición, obstaculizar campañas electorales y sembrar el miedo entre la población.
En ese contexto, la represión se intensificó particularmente contra el comando de campaña de María Corina Machado y los miembros de Vente Venezuela, agrupación que apoyó al candidato Edmundo González Urrutia. Los principales organismos señalados como perpetradores son el SEBIN, la DGCIM y la PNB, a través de su Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
El informe también respalda las conclusiones del Panel de Naciones Unidas, que advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con las normas básicas de transparencia e integridad, y calificó como sin precedentes el anuncio de resultados sin la publicación de datos ni entrega de actas a los candidatos.
Las protestas posteriores al fraude electoral se extendieron por todo el país, especialmente en sectores populares. En respuesta, el régimen desplegó grupos armados no estatales, conocidos como “colectivos”, y fuerzas estatales para reprimir las manifestaciones. Se reportaron muertes por disparos de arma de fuego, con impactos en el cuello, tórax, cabeza y otras zonas vitales. Según el informe, al menos 10 víctimas serían atribuibles a fuerzas estatales y 6 a los colectivos.
Maduro, lejos de apaciguar el clima represivo, lo profundizó con declaraciones intimidantes, como su advertencia de un “baño de sangre” en caso de una victoria opositora o la referencia a la “Operación Tun Tun”, una práctica que consistía en allanamientos y detenciones en domicilios de manifestantes.
El capítulo también detalla la represión contra periodistas durante 2024. La CIDH documentó allanamientos, cierres de medios, procesos penales sin garantías, deportaciones, confiscaciones y amenazas, en un contexto marcado por la Ley Contra el Odio, que ha sido usada para perseguir comunicadores y criminalizar la libertad de expresión.
En cuanto a las personas privadas de libertad, el informe advierte sobre la ausencia de estadísticas oficiales, la existencia de un sistema penitenciario dual, hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, condiciones inhumanas de detención y un patrón generalizado de malos tratos.
Finalmente, la CIDH informó que el contenido del informe fue remitido previamente al gobierno de Nicolás Maduro. No hubo respuesta ni comentarios por parte del régimen.
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