Los principales sindicatos de Argentina anunciaron que convocarán a un paro nacional si la Corte Suprema ratifica la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la denominada causa Vialidad, en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.
El fallo, que podría excluirla de participar en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ha encendido las alarmas en el movimiento sindical y sectores opositores al gobierno de Javier Milei.
Entre las organizaciones que ya han manifestado su respaldo a Fernández y su disposición a movilizarse se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria.
Alerta sindical
“Está en riesgo la democracia”, advirtió Abel Furlán, titular de la UOM, quien anticipó una reunión urgente este lunes a las 15:00 horas en la sede del Partido Justicialista para definir eventuales medidas. “No se desestima ninguna acción desde el movimiento obrero ante lo que consideramos una nueva avanzada judicial contra Cristina”, afirmó.
Desde SMATA, el dirigente y diputado Mario “Paco” Manrique sostuvo que “lo que no pueden ganar en las urnas quieren hacerlo desde la Justicia”, y llamó a la militancia a mantenerse en estado de alerta. A su juicio, la condena busca “eliminar políticamente a la principal referente opositora” del país.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, calificó el fallo como parte de una “lógica de venganza” y advirtió que no habrá pasividad: “No va a ser sin resistencia”, aseguró.
Por su parte, la Asociación Bancaria emitió un comunicado en el que denunció un intento deliberado de proscripción “a pedido de sectores de poder”, señalando que “no solo buscan encarcelar a Cristina, buscan infundir miedo”.
Clima político tenso
En paralelo, el Instituto Patria convocó a una reunión urgente con dirigentes sindicales, legisladores y organizaciones sociales para coordinar una respuesta unificada si la Corte Suprema confirma la condena, originalmente dictada en diciembre de 2022: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa sentencia, la cual fue apelada por la defensa de la expresidenta ante el máximo tribunal del país.
Este sábado, en un acto en la provincia de Corrientes, Cristina Fernández se refirió al proceso judicial en su contra: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos”, expresó.
Medios locales especulan que la Corte Suprema podría pronunciarse en los próximos días, lo que podría generar un nuevo punto de quiebre en el ya tenso escenario político y social de Argentina.
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