La mayoría de los dirigentes del denominado progresismo –personas que se reconocen en la corriente de la centroizquierda chilena – votarán por el Apruebo en el plebiscito ratificatorio del texto constitucional propuesto a la ciudadanía por la Convención Constitucional. No pocos ya lo han anunciado sobre la base del extenso borrador que ha producido ese organismo, asumiendo que no se modificará mayormente en su paso por la Comisión de Armonización. En esa etapa, la última del proceso constitucional antes del plebiscito, sus principales disposiciones no podrán ser corregidas o rectificadas sustancialmente, ni mucho menos reemplazadas o eliminadas.

Esto quiere decir que, de triunfar el Apruebo, los numerosos “errores” que expertos y especialistas han encontrado a lo largo y ancho de los 499 artículos del borrador, reconocidos por muchos de quienes defienden esa opción, sólo podrían ser modificados o reparados con posterioridad a través de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional. No otro sentido tiene “Aprobar para reformar” –el ocurrente lema del progresismo–, un reconocimiento explícito de los severos problemas del texto constitucional, para lo que propone una etapa de reformismo que seguiría al eventual triunfo del Apruebo. Paulina Vodanovic, candidata a la presidencia del PS, lo expresó con meridiana claridad en una entrevista reciente: “un Estado social y democrático de derechos es suficiente para aprobar la Constitución, el resto es perfectible”.

Pero ese resto, que incluye aspectos críticos del sistema político y de la institucionalidad económica, ¿será perfectible? Una constitución «decididamente mala» (Sebastián Edwards dixit), ¿podría ser corregida o reformada por una clase política polarizada en un Parlamento notoriamente empatado, donde el Ejecutivo es minoría? Quienes están dispuestos a “aprobar para reformar” no deben ignorar que las enmiendas al texto constitucional, en caso de ser ratificado en el plebiscito, serán muy difíciles de lograrse no sólo por el alto quórum que se exigirá para su aprobación, sino que por las mismas pulsiones de orden identitario -en contraste con las de la razón- que prevalecen en esta contienda electoral. Todo indica que la estrategia de “aprobar para reformar” es más bien una forma disfrazada de aprobar a todo evento, con independencia de aquellos contenidos de la propuesta que podrían representar un riesgo para la democracia y para el desarrollo del país. Es el precio que están dispuestos a pagar quienes creen que llegó la hora de establecer un Estado social de derechos en Chile, incluso corriendo el riesgo que el “resto”, poblado de problemas de todo orden, sea por mucho tiempo incorregible. Pero cuando la opción entre el Apruebo o el Rechazo es sobre todo un acto identitario –esto es, cuando en la centroizquierda rechazar equivale a una traición–, aprobar a secas es finalmente la única opción, incluso si el “resto” no pudiera ser reformado o corregido.

Una vez más la izquierda democrática carga sobre sus hombros una responsabilidad de esas que suelen determinar el curso de la historia. Hace poco más de treinta años tuvo la extraordinaria lucidez de encontrar un camino para salir del atolladero de la dictadura, derrotándola, vaya paradoja, en un plebiscito que fue crucial para la recuperación de la libertad y la democracia. ¿Tendrá esa misma lucidez ahora que la historia la vuelve a poner en una encrucijada de tan alta exigencia política? Porque también esta vez la democracia, aunque sea algo menos evidente, está en juego, en una Constitución incorregible que podría poner en riesgo lo más caro y valioso que tenemos los chilenos.

Por Claudio Hohmann, ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para El Líbero.

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