China es culpable de “crímenes contra la humanidad” en su tratamiento opresivo contra los uigures y otras minorías musulmanas, sostuvo la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe detallado publicado el lunes.

“El gobierno chino ha cometido, y sigue cometiendo, crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana turca”, dice el informe.

Beijing ha encarcelado a más de un millón de miembros del principal grupo étnico en la región occidental de Xinjiang y mantiene a millones más bajo un estricto sistema de vigilancia y controles, según el informe de HRW y la Clínica de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford.

“El objetivo aparente del gobierno chino al crear los campamentos es la eliminación de la cultura y religión musulmanas túrquicos”, subrayó, especificando las etnias uigures, kazajos, kirguises y otros grupos asentados en Xinjiang.

Las políticas en curso violan el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), que dice que los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil son un crimen, según el informe de HRW.

La entidad culpó al gobierno chino de encarcelamiento ilegal, tortura y asesinato de uigures, y de políticas dedicadas al trabajo forzado y violencia sexual en su contra.

HRW afirmó además que el maltrato de los uigures por parte de Pekín se remonta a más de dos décadas, pero dijo que se han intensificado desde 2013 bajo el mandato del presidente chino Xi Jinping.

Impulsado por el nacionalismo y la islamofobia, el gobierno de Xi quiere asimilar a las comunidades musulmanas, según el informe.

HRW y los investigadores de Stanford no fueron tan lejos como para acusar a Beijing de cometer genocidio en Xinjiang, una denuncia que sí hicieron el gobierno estadounidense -tanto la administración republicana de Donald Trump antes de dejar el ejecutivo el 20 de enero como la del demócrata Joe Biden desde entonces- así como los parlamentos de Bélgica, Canadá y Holanda, y otros grupos de derechos humanos.

Es posible que la Cámara de los Comunes británica se sume a este último grupo durante el transcurso de esta semana, considerando que someterá a votación la declaración de que las acciones de Beijing efectivamente constituyen genocidio el 22 de abril.

La moción fue presentada por miembros de todos los partidos políticos británicos con presencia en la Cámara, y los organizadores esperan que al menos dos tercios de los miembros del Parlamento voten a favor de ella.

Según reportó The Guardian, es posible que se le solicite a los ministros del gabinete de Boris Johnson que se abstengan, dado que el gobierno cree que la potestad de realizar una declaración de esta naturaleza solo corresponde a tribunales internacionales.

El ministerio de Relaciones Exteriores sí apoya la posibilidad de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, lleve a cabo una investigación libre y sin trabas en Xinjiang.

No obstante la relación con el ejecutivo de Boris Johnson, Beijing ya ha impuesto sanciones a parlamentarios críticos de sus acciones contra la minoría musulmana, entre ellos Tom Tugendhat, el titular del comité de relaciones exteriores.

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