Tras 12 días de diálogo al interior de la oposición, finalmente el texto que contiene los acuerdos de la agenda de mínimos comunes fue entregado por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a los ministros de la Segpres y Hacienda, Juan José Ossa y Rodrigo Cerda, a través de un encuentro por Zoom.

Desde el oficialismo se esperaba una propuesta similar a la que había trascendido en las últimas semanas de las negociaciones, sobre todo en cuanto a la Renta Básica Universal, el punto más comentado de la agenda. Al respecto, los partidos de Chile Vamos se habían abierto a una renta para el 100% del Registro Social de Hogares y que superara la línea de la pobreza, es decir, $176.201 por integrante familiar, dos puntos clave con los que, creían, habría acuerdo y disposición. Pero la iniciativa opositora fue más allá de lo que pensaban, con un aporte 30% superior, alcanzando los $229.061 por persona que ascienden a $604.495 en una familia de 4 miembros.

La propuesta generó una jornada repleta de reuniones y de silencio entre los representantes Chile Vamos -quienes se manifestaron con algunos planteamientos casi a las 21:00 horas- debido al poco margen de acción que les dejaron. A su vez, en cuanto a las fuentes de financiamiento del proyecto hay puntos que también incomodan al Ejecutivo que tendría que desembolsar alrededor de US$1.600 millones en gasto fiscal adicionales a los US$2.050 millones que ya significaba el Ingreso Familiar de Emergencia que se entrega desde abril a las familias.

Fuentes cercanas a las negociaciones coordinadas por la senadora Provoste (DC) cuentan que antes la oposición apostaba por diluir sus propuestas más fuertes y presentar aquellas que fueran más aceptables para el Gobierno, pero esta vez la estrategia fue tirar el tejo pasado. La decisión fue optar por una propuesta que significara una meta difícil, pero “fundamentada técnicamente” con el objetivo de que fuera el Gobierno quien pusiera los límites y no la propia oposición. “Es una propuesta exigente, pero la oposición no se puede autolimitar”, explican.

De esta manera, y tal como lo dijo Provoste durante la jornada, la oposición envía una propuesta que saben complica al Gobierno por su altísimo costo, pero aseguran que puede lograrse, dejando de manos atadas al Ejecutivo. “Chile puede entregar un aporte fiscal suficiente, los recursos están, solo falta la decisión política del gobierno”, dijo la senadora.

Declaración que enfatizó en sus redes sociales donde manifestó su “disposición a dar trámite expedito a las iniciativas que favorezcan proteger a las familias”. “Si el gobierno se allana, en cosa de días puede tener aprobadas las leyes necesarias para materializar la agenda de mínimos comunes”, aseguró, dando a entender que la labor de la oposición estaba hecha y ahora, la llegada de las ayudas sociales depende solo del Gobierno.

Para Tomás Fuentes, vicepresidente de RN, “es un error que tanto la oposición como Chile Vamos y el Gobierno lleguen cada uno con una propuesta porque ocurre la lógica del mejor postor, donde el que ofrece más tiene mayor adhesión y popularidad”.

“Si la oposición ofrece para una familia de cuatro personas 604 mil pesos, con un costo de 15 mil millones de dólares por cuatro meses, incrementando nuestra deuda pública en cinco puntos del PIB, qué espacio le queda al Gobierno o a Chile Vamos para proponer algo menor”, subraya el diputado.

En medio del “festival de la oferta” opositor varias fueron las opciones que barajaron para presentar el proyecto de Renta Básica Universal, cuyas diferencias principales eran los montos, pero se optó por el más alto de ellos, el cual había sido presentado el 22 de abril por ambas candidatas presidenciales del sector, Paula Narváez (PS) y Ximena Rincón (DC), quienes celebraron que fuera su iniciativa la llevada adelante. “Algunos dijeron que era imposible y hoy es parte de la propuesta de oposición”, escribió la senadora Rincón.

No siempre la adhesión a este proyecto fue tal. Cuando publicaron la carta solicitando al Gobierno una renta de $600 mil varias fueron las críticas que recibieron debido al alto costo que significaba llevarlo a cabo, porque establecían como plazo hasta diciembre, medida que fue modificada esta vez a un período de 4 meses que pueda ser prorrogado. Cercanos aseguran que hubo “reacción alérgica” cuando se propuso, críticas que apuntaban al “desconocimiento de números” de ambas candidatas, pero finalmente se adoptó por ser una idea pensada de antes y que se consensuó entre los senadores.

En su momento, incluso Pamela Jiles (PH) encaró a las candidatas por twitter. “Compañeras Narváez y Rincón, confirmen por favor que están al tanto de que su propuesta significa 38,5 mil millones de dólares mínimo, es decir la mitad del presupuesto nacional 2021″, escribió la diputada, lo que generó comentarios como: “Es fuerte que te trate de populista Pamela Jiles”.

“La idea era el mínimo y aquí se fueron a la máxima”

La propuesta de la oposición plantea también ir al “rescate de la Mipymes y de sectores productivos abandonados por el gobierno en esta crisis”, la que proponen se financie a través de, en primer lugar, un mayor esfuerzo fiscal transitorio, lo que requiere políticas de financiamiento a largo plazo.

El enfoque de la iniciativa es que “los que tienen más, paguen más”, según establece el documento. De esta forma, la ejecución de la Ley de Presupuesto estará marcada por buscar una mayor recaudación fiscal de la minería, uso de activos del Tesoro Público y la reasignación de recursos para las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se suman medidas para disminuir la elusión y evasión de impuestos, a través del acceso del Servicio de Impuestos Internos a información bancaria, mayor fiscalización a la actividad minera, entre otros puntos como la eliminación de exenciones tributarias.

En último ítem, la oposición propone que como medida a largo plazo se debe aumentar la recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales y de otras actividades extractivas. Sin embargo, la iniciativa no se queda ahí, y apunta a diseñar un nuevo sistema tributario.

Varios de estos puntos son piedras de tope para el Gobierno, quienes no comparten en su totalidad la forma de financiamiento, sobre todo en aquellos que aumentan los impuestos a jubilados, reasignan los presupuestos de las Fuerzas Armadas y aquellos que modifican el secreto bancario.

Rafael Aldunate, economista del Instituto Libertad -think tank relacionado a RN que ha participado en las negociaciones- señala que la oposición “se pegó un salto largo, un salto alto en exceso del apoyo a la gente, cuando venía a un ritmo” debido a la “vorágine de las elecciones”.

“Hablaron de mínimos comunes y los cálculos que se hacen ahora, además hablan de modificar no solamente la renta básica mínima sino que hasta lo que la gente ha perdido por la inflación, entonces quieren cubrirlo todo”, señala. “La idea era el mínimo y aquí se fueron a la máxima, entonces se nota que la postura de la oposición es más que todo política que de respaldo de fundamentos”, subraya Aldunate.

Y continúa asegurando que si esto se compara con todo lo que se había entregado a la fecha “es un salto cuántico muy alto cuando vienes ya en la curva de retirada de la propia pandemia”.

Chile Vamos se complica

La entrega de la propuesta complicó las negociaciones de Chile Vamos que pretendían hacer entrega de la propia en estos días. Durante la jornada, los jefes de bancada y los miembros de la Mesa de la Cámara de Diputados participaron en más de una reunión buscando opciones para presentarle al Gobierno, que aseguró estar a la espera de ella para tomar una decisión y luego ingresar los respectivos proyectos de ley.

El aumento en el monto de la Renta Básica Universal generó que difícilmente puedan realizar una contrapropuesta, ya que una más baja no tendría sentido y complicaría la situación de los aspirantes de Chile Vamos a solo horas de las elecciones y tampoco habría piso para presentar una incluso más alta que la opositora. A su vez, presentar una propuesta igual sería visto como derrota.

Cerca de las 21:00 horas desde Chile Vamos entregaron un adelanto. “Urge enfrentar decididamente la vulnerabilidad social, la fragilidad de la clase media y la angustia de los pequeños emprendedores. Todo lo anterior, dentro del marco de los principios de dignidad, libertad, solidaridad y bien común que definen la identidad de Chile Vamos”, se lee en el documento. “Nada de esto será posible si es que no realizamos un cambio en la dinámica legislativa”, aseguran, haciendo hincapié en retomar la institucionalidad de la democracia.

En cuanto a la Renta Básica Universal, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, señaló que tienen el “imperativo ético de asegurar a las familias chilenas un ingreso digno que vaya en torno a la línea de la pobreza y alcance al 100% del RSH”. Es decir, la propuesta oficialista en cuanto a la renta va por debajo de la entregada por la oposición.

El foco lo pusieron en las Pymes sobre las que evaluarán una entrega, a todas aquellas que tengan ventas de hasta 25 mil UF anuales, de un bono de alivio con una base de $1 millón para todas, más el equivalente a 3 meses de pago de IVA de un mes promedio anterior a octubre de 2019.

Además, la posible entrega de un subsidio de tres meses de cotizaciones a los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo y la creación de un Fogape renovado orientado para la cultura, entretenimiento, turismo, gastronomía y otros rubros no esenciales que han sido afectados por la pandemia.

No obstante, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda señaló que las decisiones no se tomarán hasta la próxima semana. En una declaración hecha alrededor de las 13:00 horas apuntó que “el Gobierno lo que va a hacer es analizar cada una de las propuestas y obviamente eso nos va a permitir, en los siguientes días, porque hoy estamos en semana distrital, presentar proyectos de ley al respecto y podemos avanzar en muchas de estas iniciativas”. Para ese momento aún estaban esperando que desde la coalición oficialista presentaran su planteamiento.

Aquella declaración cae como un triunfo para los miembros de la oposición que hicieron intentos por retrasar la consolidación de los acuerdos con fines electorales. Fue el propio senador Carlos Montes (PS) quien, en una entrevista de La Tercera, manifestó que “el Gobierno quiere darnos el abrazo del oso antes de las elecciones”, deslizando sus reparos a que se avanzara antes del 15 y 16 de mayo.

Por Daniela Bas y Francisca Escalona para El Líbero

/psg