¿Ocurrieron crímenes de lesa humanidad en Chile durante las violentas protestas sociales de 2019 y 2020?

La respuesta a esta pregunta tendrá su primer importante hito este viernes 10 de junio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Ese día se realizará la audiencia para definir la solicitud de sobreseimiento definitivo del ex Presidente Sebastián Piñera; el ex ministro del Interior y Seguridad Púbica, Rodrigo Delgado; el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli; y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; respecto de los hechos asociados a la muerte de Francisco Martínez. El malabarista de Panguipulli murió al recibir un disparo de la policía uniformada, tras intentar atacar a un carabinero con un sable.

Y es que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presidida por el ex rector de la U. Arcis, Carlos Margotta, solicitó que esos hechos fueran investigados por delitos de lesa humanidad.

Esta causa forma parte de la investigación por crímenes de lesa humanidad, y que incluye otros delitos como torturas, violaciones y homicidios.

Los querellantes son el Ministerio Público, que dirige Jorge Abbott, y 16 abogados. Entre ellos, Ramiro Gutiérrez Acuña, hijo del constituyente comunista Hugo Gutiérrez; y Washington Lizana, ex defensor de Mónica Caballero, absuelta en el caso bombas en Chile pero condenada por terrorismo en España.

En la querella, de noviembre de 2019, se acusa que desde el 19 de octubre las Fuerzas Armadas y las policías habrían cometido, al menos, nueve tipos de delitos entre los que se mencionan homicidios, torturas y apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular de más de 150 personas.

Fiscal Abbott: “Se investigará al Presidente (Piñera). Nadie está por sobre la ley”

Sobre esta querella, el fiscal nacional ha sido categórico: «Se investigará al Presidente como a cualquier ciudadano, nadie está por sobre la ley. Hay que cumplir todos los protocolos que la ley establece».

En la audiencia de este viernes, las defensas de los querellados solicitarán el sobreseimiento definitivo respecto de la muerte de Martínez, ya que en dicha investigación, el carabinero que disparó el arma fue sobreseído definitivamente, y su sobreseimiento fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

En cambio, el Ministerio Público informó que “se va a oponer a esa solicitud por los argumentos que van a ser vertidos en dicha audiencia; y que en lo esencial se centran en que existen aún diligencias pendientes en la investigación”.

Abbott derivó la causa a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

Una de sus primeras diligencias la solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al pedirle el «resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de varias autoridades. Entre otros, los ex ministros de Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado.

El hermano de la fiscal, Carlos Chong, fue recientemente contratado por Galo Eidelstein Silber, subsecretario para las Fuerzas Armadas; como jefe de la División de Presupuesto y Finanzas.

Boric: «No solo vamos a poner los antecedentes de todos quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas»

Investigar los eventuales delitos de lesa humanidad durante el estallido social es algo que ha pedido insistentemente Boric desde que era diputado.

En junio de 2021, durante un debate previo a las primarias presidenciales del pacto Apruebo Dignidad, el entonces diputado calificó de «insólito» que «a cuatro exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia, de manera brutal, no se les haya hecho ninguna pregunta con respecto a eso”.

“Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente, con todas las vías de la ley. Así que señor Piñera, está avisado”, agregó en dicha oportunidad.

Tras su Cuenta Pública, el Mandatario volvió a insistir en el tema. «En esos casos nosotros no solo vamos a poner los antecedentes de todos quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas. Ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad”, complementó, pero enfatizó en que “no soy yo el encargado de juzgar”.

Ante ese escenario, Boric anunció que “hace poco nos llegó una comunicación de fiscalía para, justamente, poner todos los antecedentes que tengamos”.

Qué dice la ley chilena sobre delitos de lesa humanidad

La ley 20.357 tipifica como crímenes de lesa humanidad “ataque generalizado o sistemático contra la población civil; que responda una política de Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados”.

La doctora en derecho y profesora de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas, explica que “el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes y delitos de guerra son conductas cuya punibilidad arranca del derecho internacional, forman parte de los crímenes fundamentales (core crimes) del derecho penal internacional”.

A su vez, agrega que ese derecho puede ser aplicado por tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI).

Corte Penal Internacional negó delitos de lesa humanidad

En diciembre pasado, la Corte Penal Internacional, la máxima instancia mundial en este tipo de delitos, informó al Estado de Chile que no iniciará un examen preliminar de las demandas contra el ex Presidente Sebastián Piñera.

“Con esta decisión, la oficina del fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción. Concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, afirmó la CPI.

INDH decidió no querellarse por lesa humanidad

A ello se suma la resolución del Consejo del INDH del pasado 16 de mayo, cuando decidió no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad.

“El análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena», dijo el organismo.

«En efecto, la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH; no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, concluyó la institución que dirige Sergio Micco.

El INDH aseguró, no obstante, que mantiene la política de persecución penal en el contexto de la crisis social. Ello, sin perjuicio de que ésta se analiza y evalúa permanente. La que consiste en “perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos; y la responsabilidad del mando de Carabineros. Para lo cual se han presentado más de tres mil querellas criminales”.

Dictamen de la mayor especialista mundial “descarta la existencia de crímenes contra la humanidad”

Otro antecedente importante para el juicio será el dictamen en derecho de la española Alicia Gil Gil, una de las mayores catedráticas en delitos de lesa humanidad.

Ella es catedrática de derecho penal, y directora del Departamento de derecho penal y criminología de la Universidad de España.

En un escrito de 100 páginas, al que tuvo acceso El Líbero, la académica afirmó que, “a la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vivió; durante el llamado Estallido social unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venía ejerciéndolas habitualmente”.

“Todo lo anterior junto quizás otras causas, sobre cuya indagación no me compete en este momento, pero que habrá que analizar y solventar, ha podido conducir, a juicio de quien suscribe, a una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizando a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos del uso de la fuerza”, sostiene el documento.

Alicia Gil concluye que lo ocurrido durante las protestas en Chile “nos situaría en un escenario de presuntos delitos comunes; (que será preciso investigar individualmente y en caso de comprobarse, castigar proporcionalmente), pero descarta la existencia de crímenes contra la humanidad”.

Tribunal rechazó torturas de Carabineros

El escenario judicial para probar delitos de lesa humanidad sería más complejo aún, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago emitiera un emblemático fallo; en que rechazó que carabineros hayan ocasionado torturas a dos detenidos.

Ello, debido al alto estándar de prueba, por lo que delitos más gravosos son muy difíciles de probar, explican abogados penalistas a El Líbero.

Ese fallo, de hecho, podría poner en entredicho más de 500 querellas por torturas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Defensor del general Yáñez: “No ha existido una política de Estado tendiente a promover, facilitar o alentar ataques contra la población”

Jorge Martínez, abogado defensor del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señala a “El Líbero” que “el fundamento principal que se debe tomar en consideración, al momento de tomar una decisión si una conducta es o no constitutiva de lesa humanidad y, que no consta en la investigación de la fiscal Chong; es la existencia de una política del Estado de alentar o fomentar un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Ello jamás ocurrió en nuestro país a partir de los hechos por todos conocidos del día 18 octubre de 2019.«

El penalista agrega que, tal como concluyó la CPI, “no existió ni ha existido en estos hechos una política de Estado tendientes a promover, facilitar o alentar ataques contra la población civil, en ninguna forma, general o sistemática”.

Martínez explica que, sin este elemento esencial al tipo reconocido en el artículo 2 de la ley 20.357 y en el artículo 7 del Estatuto de Roma, no existe delito de lesa humanidad.

“Es muy importante que se sepa que los crímenes contra la humanidad son solo cuatro; crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. Están sancionados por el derecho penal internacional, y por las legislaciones nacionales que adoptaron el estatuto de la CPI», explica el abogado.

El jurista agrega que esta rama del derecho «nada tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Hay contornos que hacen converger dichas disciplinas, pero se rigen por sistemas legales diversos».

Por ello, puntualiza que en el primero se persigue la responsabilidad legal de una persona. En el otro, se pretende hacer efectiva la responsabilidad de los Estados que emanan de los tratados de esa especialidad. «Son planos diversos los que lamentablemente se han tergiversado en nuestro país”, afirma el abogado.

Original de El Líbero

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