Ceferino González (65) aún está internado, con terapias kinesiológicas y apenas puede sostenerse unos segundos en pie. A más de dos meses del ataque armado, el trabajador del fundo Santa Ana Tres Palos de Carahue recién fue desconectado del respirador mecánico que lo mantuvo con vida luego de que una bala atravesara su torso. La consecuencia: una perforación pulmonar y una lesión en el hígado que lo mantuvo en riesgo vital por más de 30 días.

A pesar de que de a poco está volviendo a hablar y, según comentan, tiene buen ánimo y fuerzas para la recuperación, sigue con ayuda de una vía respiratoria. Don “Chefe” como lo llaman sus compañeros de la faena, se encontraba junto a otros diez compañeros de labores cuando un grupo de encapuchados llegó hasta el predio la tarde del 9 de julio y encendieron fuego a las maquinarias. Según consigna El Mercurio, los compañeros de labores de González comentan que deberá enfrentar un proceso de recuperación largo y que no creen que vuelva a trabajar porque su familia no querría que se enfrentara a riesgos.

Asimismo, cuentan que ellos también están en tratamiento y que tuvieron que ser incorporados a un plan de ayuda psicológica, además de ser reintegrados en otras obras.

El atentado, que fue adjudicado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), terminó con uno de sus violentistas fallecido. Pablo Marchant, quien recibió un disparo en la cabeza en medio del enfrentamiento con Carabineros, fue velado entre armas de guerra M-16, hombres encapuchados y una bandera Wuñelfe. Tras el deceso, los encapuchados se tomaron el fundo y mantienen imposibilitada las labores en el sector por lo que no hay trabajadores.

La violencia en la Macrozona Sur lleva tiempo. De acuerdo con el tercer informe del Observatorio Judicial el 88% de las causas por atentados incendiarios terminó sin judicializarse. El análisis que contempla 391 causas ocurridas entre 2018 y 2020 aseguró que solo cuatro de ellas entraron en la categoría de terrorismo y que el 55% del total aún se encuentra en tramitación. Dichas cifras corresponden al seguimiento de los procesos penales vinculados al conflicto en las regiones del Bíobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

Datos de la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur indican que el primer semestre de 2021, en la zona se incautaron 330 armas, 836 kilos de drogas como cocaína y pasta base y 9.403 plantas de marihuana. Solamente en la semana en la que resultó herido Ceferino González y muerto Marchant hubo 150 atentados en la zona de conflicto.

Los ataques a trabajadores

Lo que le pasó a Ceferino González no constituye un hecho aislado. El primer informe de la serie que está elaborando el Observatorio Judicial analizó las causas penales asociadas a los delitos de homicidios, lesiones y amenazas ocurridos en la Macrozona Sur entre los años 2018 y 2020. De las 128 causas analizadas, apenas 10 han sido formalizadas. En el caso de las lesiones detallan que estas “aparecen asociadas a un espectro más amplio de delitos, incluyendo los atentados a la vida como el delito de homicidio y atentados a la propiedad como el delito de robo”.

El informe da cuenta de que en el caso de las amenazas y lesiones los trabajadores son las principales víctimas de estos crímenes, y en el caso del homicidio son los segundos más afectados únicamente por detrás de los funcionarios de carabineros.

Otro caso emblemático de un trabajador que resultó herido en la zona es el de Jorge Maulén.

La mañana del 13 de diciembre de 2018, Ana María Martínez y su marido Jorge Maulén tomaron su furgón como de costumbre para repartir el tabaco y las bebidas energéticas de la distribuidora en la que trabajaban. La lluvia en el camino y la ausencia de fuerzas especiales en el cruce de Peleco (Región del Bíobío) les hizo pensar que estaba todo tranquilo, pero unos hombres encapuchados y con armas les comenzaron a lanzar piedras. En el intento por esquivarlos, un disparo dio de lleno en el rostro del trabajador.

Ana María relata que Jorge fue trasladado hasta Tirúa, Cañete y luego hasta el hospital de Concepción donde lo estabilizaron para subirlo a una ambulancia con rumbo al Hospital del Trabajador de la ciudad. Pasaron cinco meses y la recuperación era auspiciosa, a pesar de que los médicos no lograron sacar todas las esquirlas de la cabeza, Maulén estaba despierto, consciente, podía abrazar a su familia y comenzó a caminar con ayuda de un burrito. Pero, nunca pudo hablar, su lado derecho aún estaba paralizado.

Los avances en la rehabilitación y en su condición hicieron que el 10 de mayo de 2019 estuviera de vuelta en casa. Una reunión del Día de la Madre lejos de Cañete y en un departamento arrendado en Concepción con espacio suficiente para mover la silla de ruedas de Jorge. Cayó la noche, de a poco se fueron los invitados y con ellos la enfermera que estaba hasta las 19:00 horas. Ya en su cama, Jorge comenzó a convulsionar, los esfuerzos de su hijo menor y su señora, no fueron suficientes para detener el fallecimiento.

Tras el desenlace, todavía no hay sanciones para los responsables del ataque. En conversación con El Líbero, Ana María Martínez asegura que “no hay responsables, me han llamado a declarar una sola vez de la fiscalía esperando todavía que se haga justicia por él y por eso yo creo que este gobierno no quiere ver lo que pasa en esa zona”.

Los ataques contra los trabajadores continúan en la zona, situación que también preocupa a los empleadores. Yasna Navarrete dirige una empresa agricultora y contratista forestal. Relata que el 10 de septiembre un grupo de violentistas llegó hasta su predio en Collipulli donde quemaron tres maquinarias y atacaron a uno de los trabajadores de la empresa. Con golpes en las costillas y patadas le robaron al empleado su camioneta personal y se dieron a la fuga, horas más tarde encontraron el vehículo quemado.

Navarrete explica que el 13 de septiembre lo llevaron a la Mutual de Seguridad, ya que los días posteriores al ataque le había costado dormir y aún tiene un dolor intenso en el pecho, justo donde lo golpearon. “Él no se opuso, estaba esperando al lado de su camioneta mientras quemaban el equipo, aún así le pegaron”, dice.

La agricultora asegura que no hay sanciones, aunque también han sufrido reiteradas amenazas. Hombres que llegan hasta su oficina vestidos de mantas y portando chuecas con el único fin de extorsionarlos para que les entreguen parte de las cosechas. “Mi papá es un emprendedor que logró salir adelante y formar una empresa hace 35 años atrás más o menos, él solo tiene octavo básico y mi mamá igual. Partió con harto esfuerzo, solo con un tractor. Nosotros siempre hemos sido de la zona de Collipulli, mis abuelos, mi padre, yo, incluso mis hijos. En este tiempo hemos sufrido reiterados ataques terroristas, el primero fue en el año 1997”.

Asegura que después de la muerte de Camilo Catrillanca, la frecuencia de los hechos violentos se intensificó: “En mayo de 2020 sufrimos cuatro atentados donde perdimos más de 20 equipos, después en noviembre con cinco equipos más, nos extorsionaron en el verano para que les diéramos las tolvas de cereal y como nosotros no accedimos nos quemaron parte de la siembra”.

El grito de auxilio

Trabajadores forestales manifestaron contra la violencia el pasado lunes. Con pancartas y banderas chilenas llegaron hasta la Ruta 5 Sur para exigir mayor seguridad ante la seguidilla de hechos violentos. Por medio de un comunicado, hicieron un llamado a los tres poderes del Estado y emplazaron a los parlamentarios a asumir la responsabilidad ante los heridos y muertos “que el narcotráfico dejará en nuestra tierra”.

Frente a la seguidilla de hechos violentos, la dirigente de Mujeres de Chile, Gloria Naveillán criticó la labor del Ejecutivo: “Esto es todos los días, con qué tranquilidad la gente puede circular, eso es lo que yo encuentro más increíble de todo, lo más grave porque te coartan tus libertades de manera absoluta, no tienes la libertad de ir a ninguna parte tranquilo porque no sabes lo que te puede pasar”.

Por Ángela del Canto para El Líbero

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