“Queremos que este informe constituya un punto de quiebre, que justifique la urgencia y que le dé una trayectoria a esta reforma tan necesaria para poder llegar al centenario de la institución con una policía moderna, ciudadana, eficaz, querida y respetada por todos”.

De esta manera, el 17 de marzo del 2020, el entonces Presidente Sebastián Piñera anunciaba la Reforma a Carabineros, la cual fue analizada por un grupo de expertos en seguridad y una bancada transversal de exministros de la Nueva Mayoría. La instancia sesionó durante 16 oportunidades, donde analizaba los yerros de la policía uniformada y cómo debía comenzar a trabajarse en sus cambios.

El informe proponía la creación de un Consejo Asesor compuesto por carabineros activos, en retiro, académicos y autoridades de gobierno. Todos ellos bajo el alero de la Subsecretaría del Interior, liderado en ese entonces por Juan Francisco Galli. En marzo del 2021 comenzó este trabajo, donde se acordó, por ejemplo, aumentar los semestres de formación de Carabineros.

En marzo del 2022 fue la última sesión. Con la salida del gobierno de Piñera y con la llegada de las nuevas autoridades, el Consejo Asesor de la Reforma terminó y su trabajo quedó suspendido y a la espera de ser requeridos. El llamado, reconocen sus miembros, nunca llegó.

Incluso, lo más ilustrativo de la decisión está en la pagina web destinada para dar cuenta a la ciudadanía de los avances de esta Reforma a Carabineros. Hasta la semana pasada se podía leer que el Consejo Asesor alcanzó un 34% de sus labores en función de los cambios de la institución uniformada. Hoy, dice “sitio en mantención” y agrega que “el contenido de este sitio esta en mantenimiento”.

Y es que el gobierno quiere tener sus propias cartas. En entrevista con La Tercera Domingo, el 22 de mayo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “se constituyó un equipo para llevar adelante la reforma a las policías, tenemos un plazo breve para presentar un cronograma, pero yo creo que en materia legislativa la reforma se va a expresar el segundo semestre”.

El equipo a cargo del proceso cuenta con un equipo robusto de funcionarios de Interior y Prevención del Delito. Tal como ocurrió en el gobierno pasado, la instancia es liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsave, quien sucede en el cargo a Juan Francisco Galli.

La secretaría ejecutiva quedó en manos del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; como coordinadora general, Daniela Cañas (jefa de jurídica de Prevención del Delito); coordinadora de contenidos, Carolina Garrido (jefa de la División de Seguridad de Interior); y la coordinación técnica, a cargo de María Jesús Fernández (asesora de Interior).

Después están los equipos legislativos y operativos. El primero está compuesto por seis personas y el segundo, por otros seis profesionales: Roberto Gallardo, Eilleen Nicholls, Pamela Figueroa, Adolfo González, Ana María Silva y Paulina Vargas.

Consultado de por qué se optó por este grupo y se dejó fuera a los expertos, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó que “en el Ministerio del Interior estamos llevando adelante el trabajo de la Reforma. Trabajo que nunca ha parado. En la etapa actual hemos conformado un equipo mixto compuesto por diferentes profesionales, junto al subsecretario de Interior”.

En esa misma línea agregó que “nos encontramos trabajando sobre los avances del proceso, de todos quienes participan y en particular respecto a lo realizado por Carabineros. Entendemos este proceso con un sentido de urgencia y responsabilidad, entendiendo que es gravitante para la labor policial, su eficiencia y sobre todo los necesarios grados de legitimidad y participación ciudadana”.

La crítica de Paz Ciudadana y de académico de la UAH

La decisión de suspender el consejo asesor y ser reemplazado por una instancia compuesto solo por autoridades gubernamentales, encontró una crítica por el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. El experto integró la mesa de trabajo del gobierno pasado, de la cual también fue crítico, al advertir que no era recomendable que estas instancias estuvieran administradas directamente por el subsecretario del Interior.

“En el primer año de gobierno de Piñera mandamos una recomendación que era crear una Unidad Coordinadora de la Reforma. Eso tiene que funcionar a largo plazo, en algunos países dura hasta 10 años, porque requiere un esfuerzo permanente. Tienes que definir estratégicamente, en conjunto con las policías, los objetivos, las acciones, y cómo las vas a ir cumpliendo. Ese diseño tiene que ser hecho con una instancia especifica. Pensar que uno lo hará con las instancias que ya existen tradicionalmente con las autoridades de gobierno, y sus divisiones, es insuficientes, es un error, porque no tendrán la dedicación exclusiva para eso”, dice Johnson.

En ese sentido, ejemplifica con la Reforma Procesal Penal, instancia que si bien funcionaba bajo el alero del Ministerio de Justicia, era autónoma. “Esta fue una deuda también del gobierno anterior, se necesitaba una Unidad que trabajara de forma independiente, pero, también se consiguieron cosas importantes: la creación de la Unidad de Derechos Humanos para trabajar en la reforma, el trabajo en formación de las policías, proponer las auditorias internas, se generaron acciones importantes”, dijo.

Otro de los expertos que integraban este proceso es el académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), y doctor en Sociología de Universidad de Paris, Franz Vanderschueren. “Cualquier reforma requiere de muchos años. La canadiense (que fue liderado por un senador respetado transversalmente y apoyado por una universidad), la de Singapur, y otros países, se demoraron entre 12 y 13 años, antes de tener una consolidación. Debe ser un cambio cultural, lo que requiere bastante tiempo. El exministro Gonzalo Blumel, por ejemplo, planteó esta reforma con miras al Centenario de Carabineros, para 2027″, señaló.

Para Vanderschueren, sin embargo, hay otro factor. “No me fijaría tanto en quienes asumen esta labor. Estamos en la fase de un gobierno incipiente y de una Convención Constitucional en marcha, la que terminará por definiendo a la policía. Hay una serie de puntos fundamentales que deberán discutirse después de septiembre, yo sería más prudente y esperar ese resultado porque ahí viene una mención importante a las policías”, manifestó.

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