En una operación de control del cumplimiento de la cuarentena decretada para la ciudad de Iquique, una patrulla de la Policía Marítima fiscalizó el sábado en la tarde el automóvil del diputado Hugo Gutiérrez, quien junto a miembros de su familia se encontraba estacionado en la zona costera. De acuerdo con las imágenes que se han conocido del incidente, la patrulla le solicitó su documentación y el diputado mostró su credencial parlamentaria. Cuando la patrulla insistió en demandar sus documentos de identidad y los de su familia, para dejar registro de lo ocurrido, el congresista emplazó a los funcionarios navales, advirtiéndoles que él era una autoridad superior a ellos y que no le correspondía ser fiscalizado, indicándoles además que, de persistir en su empeño, él los fiscalizaría de vuelta a través de la Cámara de Diputados. El incidente fue rápidamente viralizado en las redes sociales, generando extendido cuestionamiento a la actitud del parlamentario, así como a su negativa a ser controlado como lo habría sido cualquier ciudadano.

El hecho, que no debería haber generado repercusión alguna si el diputado hubiese —como cualquier persona objeto de fiscalización en cuarentena— entregado sus datos y los de su familia a los funcionarios navales, sugiere una profunda confusión en el concepto de autoridad por parte del congresista. Las autoridades, en efecto, tienen un ámbito de acción, normalmente establecido en cuerpos legales aprobados por parlamentos democráticamente elegidos. En el caso de un diputado, su autoridad está explícitamente definida en la Constitución, y se refiere a la elaboración de leyes y a la fiscalización de los actos del Gobierno; dispone además de ciertas prerrogativas destinadas a proteger la independencia de su tarea, como la inviolabilidad por los dichos y votos en el ejercicio de sus funciones, y el fuero, en virtud del cual no puede ser objeto de procesamiento o privación de libertad sin el pronunciamiento de los tribunales superiores. Más allá de tales disposiciones, sin embargo, nada lo excluye de estar sometido a las mismas obligaciones y deberes que el resto de los ciudadanos. Esto, conforme con un principio básico del orden republicano, cual es el de la limitación del poder, de modo tal que ninguna autoridad puede arrogarse más atribuciones que las que la Constitución y las leyes le entregan.

Por cierto, si el diputado estimaba que la patrulla se había excedido en su actuar, tenía la posibilidad de estampar la correspondiente denuncia. Suponer, sin embargo, que su calidad de congresista lo facultaba para impedir que los funcionarios cumplieran su tarea fiscalizadora —por lo demás, de importante bien público, en medio de la actual pandemia— no solo es equivocado, sino que contribuye a debilitar las instituciones en un momento en que se demanda su correcto funcionamiento, de acuerdo con el cual, obviamente, el hecho de desempeñar un cargo de representación popular no habilita para desconocer e incumplir los deberes que corresponden a todo ciudadano.

Es paradójico, por otra parte, que quien en otras instancias ha desafiado la institucionalidad vigente, cuestionando, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, haya invocado —erróneamente— esa misma institucionalidad para intentar eludir un control en la actual situación de pandemia, en contradicción además con el discurso de igualdad que el propio diputado Gutiérrez ha hecho suyo en su trayectoria parlamentaria.

El Partido Comunista, en que milita el congresista, ha emitido un comunicado en que se cuestiona a la Armada por la filtración del video respectivo y sugiere un vínculo entre ese hecho y denuncias del congresista respecto de eventuales situaciones irregulares en esa rama. Corresponde, por cierto, aclarar de qué modo ese registro audiovisual —grabado con una cámara del propio personal naval— llegó a las redes sociales, pero ello no hace menos cuestionable la actitud del parlamentario. Producto de esta, una situación que pudo haber pasado inadvertida si el diputado se hubiese comportado como uno más de los ciudadanos a los que representa, se transformó en otra ocasión de desprestigio para el Congreso, producto del actuar de uno de sus miembros.

Editorial del diario El Mercurio

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