Hace cuatro años no había estallido social y la pandemia de covid-19 ni siquiera estaba en la imaginación de los creativos más audaces. Era un mundo distinto, un Chile distinto y, por cierto, una carrera presidencial con focos económicos diferentes.

Hablamos de 2017, un año donde las crisis se miraban con distancia en el país y existía una mayor estabilidad sobre las diversas aristas económicas clave para el desarrollo, aunque había especialmente un punto que generaba mayor preocupación y dominaba los debates presidenciales: el crecimiento.

En mayor o menor grado, y desde diferentes posturas ideológicas, el programa electoral de los entonces ocho aspirantes al sillón presidencial hacía énfasis en la necesidad de volver a crecer. Aquello, considerando que uno de los aspectos del gobierno saliente de Michelle Bachelet que más criticaba la opinión pública era que la expansión económica se redujo fuertemente durante su mandato.

En sus segundos cuatro años al mando, el Gobierno de Bachelet introdujo y logró aprobar en el Congreso profundas reformas de orden tributario, educativo y laboral que estaban al margen del crecimiento económico.

Así, el crecimiento promedio durante los cuatro años de la segunda administración de Bachelet fue de 2%, mientras que en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014, éste fue de 4%. Por eso uno de los focos de la campaña de Piñera era “devolver el crecimiento”, posicionándose como el favorito en unas elecciones en las que terminó imponiéndose.

La experiencia de su primer mandato y su éxito como empresario llevaron a vincular a Piñera con el rendimiento económico. Su principal contendor, Alejandro Guillier -con quien se enfrentó y venció en segunda vuelta- prometía crecimiento económico como sostén de más y mejor protección social, pero su imagen como sucesor de Bachelet no generaba confianza en el mercado.

Es que después de cuatro años de fuertes reformas que incluyeron mayores impuestos corporativos y medidas para empoderar a los sindicatos, fueron varias las empresas que detuvieron sus inversiones y cerraron la escotilla hasta el regreso del “rey Midas” de las empresas, como calificó Bloomberg a Piñera en una nota publicada poco antes de las elecciones de noviembre de 2017.

Ahora empujar la inversión y el crecimiento siguen siendo de vital relevancia, aunque, a ojo de los expertos, son puntos que no han tenido la relevancia que debiesen en los debates.

Si bien Chile en los últimos meses ha notado cifras de crecimiento nunca vistas, dada la baja de comparación (2020) y el inédito impulso del consumo producto de las ayudas estatales y los retiros de fondos previsionales, todas las proyecciones apuntan a un “frenazo” en 2022, con expectativas que no superan un crecimiento de 2%. Complejo escenario del que la próxima administración deberá hacerse cargo.

Las perspectivas de inversión tampoco son alentadoras. Según el más reciente Informe de Perspectivas de Negocios (IPN) del Banco Central, la alta incertidumbre económica y política que impera en el país ha hecho que los planes de inversión de cara a 2022 se reduzcan con fuerza.

Qué pasará con la demanda una vez que se retire el impulso de las medidas de liquidez a las familias, el sostenido aumento de costos, los problemas de abastecimiento de bienes y servicios y la evolución del debate político, son los principales focos de preocupación de los inversionistas a una semana de las elecciones y en medio del proceso constituyente. En ese contexto, menos un tercio de las empresas en el país planea concretar inversiones el próximo año, según el IPN.

Pensiones e inflación

Otro tema de la agenda económica obligado en el debate presidencial de hace cuatro años y el cual generaba alta preocupación era la reforma al sistema de pensiones. Luego de que Bachelet no lograra el apoyo político para sacar adelante la suya, los candidatos, transversalmente, prometían una mejora sustancial a las pensiones del país, con mecanismos que diferían entre uno y otro.

De hecho, una vez que el Presidente Piñera asumió en marzo de 2018, definió que una de las prioridades de su Gobierno sería llevar a cabo, después de años de debate, la ansiada reforma previsional. Sin embargo, la discusión continúa estancada en el Senado y solo se ha logrado el fortalecimiento del Pilar Solidario.

Es así como la reforma al sistema de pensiones quedó como una de las principales tareas pendientes para el próximo gobierno, sea del color que sea.

No en vano los siete competidores que se medirán el próximo domingo tienen a dicha reforma en el núcleo de sus programas de gobierno, teniendo en cuenta que es un tema que adquirió especial relevancia tras el 18 de octubre de 2019, sumado a la caída del sistema de US$50 mil millones que han significado los retiros del 10%.

A estas elecciones, además, se le agregan varios condimentos que complejizan aún más el panorama económico, partiendo por la inflación. En 2017 el escenario de precios era diametralmente distinto. En noviembre de hace 4 años la inflación, en las semanas previas a las elecciones, acumulaba un alza en torno a 2%, en parte baja del rango de tolerancia del Banco Central (entre 2 y 4%). Actualmente, según el IPC de octubre, la inflación acumula un alza de 6% a 12 meses.

Empleo y otros indicadores

El desempleo, en tanto, se mantenía a raya en 2017, con una tasa de 6,7% en el trimestre móvil julio-septiembre -último dato previo a las elecciones-, mientras que la tasa de ocupados llegaba al 55,7%.

Luego del aterrizaje del covid-19 en marzo de 2020, el mercado laboral sufrió un duro golpe. Se perdieron cerca de 2 millones de empleos y la tasa de desocupación saltó por encima del 13%. Sin embargo, en los últimos meses el empleo en Chile ha mantenido una sostenida -pero lenta- recuperación. El desempleo marcó 8,4% en trimestre julio-septiembre y la ocupación al 52,3%, restando algo más de 500 mil empleos por recuperar para volver a los niveles previos a la crisis sanitaria.

Adicionalmente, el próximo Gobierno deberá hacer frente a un importante deterioro de las cuentas fiscales a raíz de las ayudas que se han entregado durante la pandemia. Según el Gobierno, este alto nivel de gasto significó un déficit estructural de 11,5% y un aumento de la deuda pública a un 34,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por eso, en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, el Banco Central urgió que la política fiscal inicie una “trayectoria de convergencia hacia cifras de gasto y déficit acordes con la regla del balance estructural”.

En esa línea, en el proyecto de ley de Presupuesto 2022, el Ejecutivo recortó en un 22,5% el gasto público en comparación a lo ejecutado en 2021.

Las elecciones del próximo domingo también se encuentran con un dólar muchísimo más fortalecido que en noviembre de 2017. Actualmente el dólar roza los $800, mientras que en la misma fecha de hace cuatro años este cotizaba en torno a los $630. En cuanto al cobre, se encuentra hace varios meses instalado sobre los US$4 la libra, en noviembre de 2017, en cambio, apenas superaba los US$3.

Las tasas de interés también muestran una diferencia diametral entre ambos procesos eleccionarios. En noviembre de 2017 el Banco Central estaba en la disyuntiva de si mantener o bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) que en ese entonces estaba en 2,5%, un nivel considerado expansivo y que buscaba incentivar a una estancada economía, considerando además una muy baja inflación.

En cambio, en este último tiempo la entidad presidida por Mario Marcel ha aplicado históricos ajustes a la TPM. Desde julio a la fecha esta ha incrementado desde 0,5% -su mínimo técnico- a 2,75%, y se espera que en su reunión de diciembre la entidad la eleve en torno a su nivel neutral (3%).

Todo, para intentar contener una fuerte inflación que todo indica que seguirá escalando en el corto plazo producto de factores externos y los retiros de fondos de pensiones, que, de paso, han producido un “cambio estructural” -según el Banco Central- en el mercado financiero chileno. Otro tema que tendrá que enfrentar la próxima administración.

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