Con profundo malestar y preocupación reaccionaron los gremios de las pymes y el comercio frente al anuncio realizado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respecto de la entrega de nuevos permisos para vendedores ambulantes del sector.

La alcaldesa dijo que durante la próxima semana se otorgarán 1.500 permisos que se suman a las 3 mil licencias con las que cuenta la comuna. Hizo un llamado a avanzar en el “ordenamiento democrático del territorio”. Una política muy distinta a las medidas adoptadas por la gestión anterior, que buscaba frenar el comercio ambulante.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional manifestó que estas medidas sólo perjudican el emprendimiento. Indicó que estas iniciativas terminarán influyendo en la escases de mano de obra y el aumento de vacantes en el comercio establecido.

“Evidentemente esto es una cachetada a las MiPymes que son las que financian la operación del municipio, mediante el pago de patentes y permisos que se les ha exigido durante toda la pandemia”, dijo Swett.

Y agregó que si bien, “la informalidad llegó a un 26,9% en el periodo mayo-julio”, con estas medidas “se sigue fomentando a que la gente no busque un trabajo”.

Por su parte, desde la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), se mostraron preocupados por el anuncio, y señalaron que desconocen “a qué se debe una medida tan ilógica” como esta.

Héctor Sandoval, presidente de la confederación, mencionó que “instalar comercio ilegal en las arterias con mercadería de dudosa procedencia, perjudicando al comercio establecido que estuvo un año sin poder vender, y que hoy tiene la posibilidad de empezar a recuperarse y tener que competir con una actividad ilegal respaldada por el municipio, es una medida que jamás imaginamos que iba a ocurrir”.

Y si bien, desde el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Servicios y Turismo, solidarizaron con los efectos que ha tenido la crisis sanitaria y sus secuelas económicas en la población, señalaron que “ello no puede ser la causa de precarizar aún más su situación de vulnerabilidad y que continúen siendo utilizados por bandas de crimen organizado”.

“La masiva entrega de permisos precarios golpeará, de manera directa, al sector más dañado e impactado por la crisis sanitaria como es el comercio formal, el que recién se está recuperando y abriendo sus puertas. Y no sólo eso. Esta competencia injusta y desleal será una nueva traba a un genuino y legal estímulo al empleo”, dijo en un comunicado el presidente de la CNC, Ricardo Mewes.

Asimismo, recalcó que la “inundación” de vendedores ambulantes en barrios como Lastarria o Meiggs será “un golpe mortal para las pymes del sector” y destacó que la entrega de permisos debe ir en línea con “el objetivo de poder fiscalizar que se vendan productos distintos a los que actualmente ofrece el comercio establecido”, de manera de resguardar la salud de los consumidores.

Pero las críticas no solo han surgido desde el sector gremial. Esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al tema y aclaró que “en este tema hay que tener cuidado con pensar que muchas veces solo quien pide un permiso de comercio ambulante no está aparejado”.

Esto, ya que “lamentablemente cada vez más las bandas están bien organizadas, y quieren controlar territorio, y con ello tener coartadas muchas veces a personas que tienen situaciones migratorias irregulares”, según señaló.

Y destacó que “siempre el querer ordenar es una buena idea. Pero también hay que entender que lamentablemente hay mafias y muchas veces tienen como objetivo copar las comunas más céntricas”, no solo de Santiago, sino también de otras capitales regionales.

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