El 18 de octubre es el día en que la Convención Constitucional comenzaría a redactar la propuesta de nueva Constitución, según adelantó el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa. Fecha tentativa que coincide con el segundo aniversario del estallido social.

Bassa dijo el domingo que “la idea es llegar a octubre listos para iniciar la discusión de los contenidos del texto constitucional: las primeras sesiones constitutivas de las comisiones permanentes se instalarían la semana del lunes 4 de octubre, mientras que la discusión del contenido de fondo de la Constitución, podría comenzar el 18 de octubre”, aseguró en el programa Tolerancia Cero.

Ante esto, la abogada constitucionalista y académica, Marisol Peña, señala: “El 18 de octubre no puede ser considerada como una fecha símbolo para celebrar una efeméride nacional, porque para unos está asociado a una visibilización de demandas largamente postergadas, pero para otros está asociado a destrucción, violencia y a vulneración de derechos fundamentales”

En Mirada Líbero en radio Agricultura, la ex presidenta del Tribunal Constitucional plantea su interpretación. “Hay un sector de los convencionales que insisten en sostener que el origen de que ellos estén redactando una propuesta de nueva Constitución se encuentra en el 18 de octubre y no en el capítulo décimo quinto de la Constitución. En eso yo tengo una mirada absolutamente diferente”, afirmó.

Otra postura de Jaime Bassa que también generó controversias fue cuando sugirió que el próximo gobierno podría ser de transición. Frente a esos dichos, Marisol Peña advierte que “en esta materia hay que tratar de quedarse no solamente en lo jurídico, sino que también ver el principio democrático”.

La ex presidenta del Tribunal Constitucional explica que desde el punto de vista jurídico, esto sí se puede hacer, “el problema es que Bassa señaló que mediante una disposición transitoria la persona que salga electa por medio de sufragio popular en noviembre pueda experimentar una disminución de su periodo”, y ahí es enfática en señalar que “esto va más allá de un norma jurídica, es un análisis que tiene que ver con principio democrático, porque éste exige respetar la expresión popular de la soberanía de quienes no votan solamente por una persona determinada para Presidente, sino que también por el periodo de gobierno”.

La Constitución actual, además, señala que la nueva propuesta no puede ponerle término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular. Según Peña “las disposiciones transitorias no podrían desconocer el mandato entregado por el Presidente de la República”.

“De locos no entender que la libertad de enseñanza se diferencia del derecho a la educación”

El martes se incluyeron en el reglamento general diversos temas como los plebiscitos dirimentes, la semana territorial, el pluralismo jurídico, el sistema propio de indígenas, los derechos de la naturaleza y el resguardo de las semillas ancestrales, entre muchos otros, sin embargo, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos quedó fuera de los mínimos a tratar.

En palabras de Marisol Peña, lo que ha ocurrido con la libertad de enseñanza, “me parece francamente un desconocimiento completo de la historia constitucional de Chile”. Según subrayó la profesora de Derecho Constitucional, “una de las primeras modificaciones que experimentó la Constitución Política de 1833, fue una reforma constitucional para incorporar la libertad de enseñanza y posteriormente este derecho se mantuvo en la Constitución del 25 y se reforzó en la Constitución del 80, incluyendo el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, aclara.

La libertad de enseñanza, a diferencia del derecho a la educación, “protege el derecho que tiene un establecimiento a impartir enseñanza conforme a su propio ideario institucional”, por lo tanto, “cuando se incluye como parte de la libertad de enseñanza el derecho de los padres de elegir la mejor educación para sus hijos, se está en el fondo impidiendo que los colegios discriminen a sus alumnos y al mismo tiempo se les permite a los padres hacer calzar la proyección de la educación que han entregado en el hogar con el ideario institucional de esos colegios”, enfatiza.

Señaló que le parece “de locos no entender que la libertad de enseñanza se diferencia del derecho a la educación, que es el derecho del educado a recibir educación por parte del Estado. Esto induce a una conclusión conceptual que me parece muy grave”, concluyó la abogada.

Por Catalina Vila Parker para El Líbero

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