Fue el miércoles 20 de abril que el Pleno aprobó, con 105 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones, la creación de la Comisión de Normas Transitorias. Esta se deberá encargar de aquellas regulaciones que establecen el procedimiento y los plazos de implementación de las normas que contendrá la nueva Constitución, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida.

Su funcionamiento comenzará el 16 de mayo y estará compuesto por 33 convencionales, que presentaron sus respectivos patrocinios. Se necesitaban 2 para pueblos originarios y 5 para el resto de los convencionales. Entre los nombres destacan de Vamos por Chile Rocío Cantuarias y Constanza Hube (UDI), Cristián Monckeberg y Geoconda Navarrete (RN, Evópoli e Independientes); por el Frente Amplio: Jaime Bassa, Ignacio Achurra y Constanza Schonhaut, y por el Colectivo Socialista estarán Tomas Laibe y César Valenzuela, entre otros.

Para conocer los miembros de la comisión de normas transitorias, armonización y de preámbulo en su totalidad pinche aquí.

De los 154 hay convencionales que no participarán de ninguna nueva comisión , un «caso especial» es el convencional Renato Garín, quien en la previa anunció por Twitter que no sería parte.

¿Y qué dice la Mesa Directiva de la Convención? Su presidenta María Elisa Quinteros aseguró que “la transición de una Constitución a otra va a ser gradual. Y el vicepresidente Gaspar Domínguez señaló que “esta etapa es como un puente entre la Constitución que queda atrás y nueva”.

Si bien hay consenso para que los acuerdos que se adopten comiencen a regir de manera progresiva, existen temores y aprensiones entre los convencionales.

Una «bomba de tiempo» que inquieta en la Convención

El fin de semana se había instalado el tema de las normas transitorias con todo. La convencional Carol Bown (Vamos por Chile) declaró con un dejo de ironía en Mesa Central de Canal 13 que la comisión de normas transitorias era perfecta para que “el diablo metiera la cola”.

Al respecto dijo: “El tema es el siguiente: si las propuestas constitucionales son buenas, ¿por qué vamos a esperar demasiado para que entren en vigencia? Si las propuestas son malas hay que rechazar la propuesta. Pero ponerle progresividad a propuestas malas es alargar la mecha de la bomba que va explotar igual”.

Las palabras de Bown van acorde a lo que la comisión deberá definir, entre otros temas, cuándo regirán los cambios para el Sistema de Justicia; la transición hacia el futuro Congreso y la Cámara de las Regiones; los nuevos órganos autónomos que se están creando, etc. Todo esto en caso de que triunfe el Apruebo en el plebiscito de salida.

En paralelo, ayer desde el gobierno aseguraron que “los cambios deben ser graduales, que se respeten los cargos ya electos y se establezcan temporalidades para las modificaciones”.

Independiente de esta «gradualidad», varios convencionales han mostrado su preocupación ante los distintos nudos que se pueden dar en la Comisión de Normas Transitorias.

El convencional Rodrigo Álvarez (UDI), asegura: “Me preocupa al igual que todos los cambios reglamentarios que se han hecho, es un error de la Convención establecer sus propios reglamentos en vez de ocupar reglamentos probados como la cámara de diputados y senado, y ajustarlo al proceso constitucional. La Convención se dedicó meses a sus propios reglamentos, y ahora deben agregar una nueva comisión, como en este caso, la de normas transitorias”.

Además, cree que “la comisión agrega un elemento más de complicación a la explicación del trabajo constituyente debido a que mucha gente va a ver instituciones nuevas, derechos nuevos, y políticas públicas nuevas, y que se van a ver pospuestos por meses y por años incluso».

Agrega: “Es importante que con transparencia se le diga a la gente que cuando se ofrecen derechos fundamentales demostrar que esto es transitorio, y que se requiere un periodo de adaptación muy amplio en el tiempo y, por tanto, que la conclusión de esos derechos se va a demorar varios años en llegar a la población”.

Desde el Colectivo Socialista, el constituyente Andrés Cruz, comenta que la comisión es indispensable para la implementación de una nueva Carta Fundamental. Sin embargo, ve un riesgo en que primen las posturas maximalistas que podrían apurar la conformación y creación de una institucionalidad que requiere maduración. A su juicio, «tiempo y diálogo entre los distintos actores que hoy se desenvuelven en el proceso político» son la clave.

Y dice: “Si no le dejamos un espacio a la democracia contingente para lograr la construcción de una nueva institucionalidad que nos permita una gradualidad que nos conduzca hacia un exitoso proceso de implementación de nueva Constitución, esto podría estar en riesgo. De ahí que requiera moderación, cautela y templanza en las personas que conformen esta comisión. Deben tener habilidades técnicas, pero también políticas”.

Más taxativo es el convencional Felipe Mena (UDI), ya que piensa que no se puede incluir normas nuevas a través de las transitorias. “La razón es muy simple: las transitorias solo pueden implementar lo ya aprobado, determina los tiempos de ejecución, pero no puede cambiar los temas. Lo que es riesgoso, es que quieran postergar la implementación general hasta el 2025, y el Congreso actual siga en funciones y no tenga la facultad para reformar la futura Constitución”.

Con todo, la convencional Patricia Labra (RN) subraya que es una comisión importante y con mucho poder, porque de ella dependerán los plazos y la forma de implementación de las nuevas disposiciones constitucionales.

No obstante, cree que “los riesgos que se visualizan son que se pongan plazos imposibles de cumplir, tanto en lo administrativo como en lo presupuestario; o, formas de implementación que alteren la certeza jurídica de derechos ya consolidados. Por ejemplo, qué pasa con las autoridades en ejercicio de instituciones que desaparecen, o caducidad de concesiones administrativas”.

A su vez, el abogado Roberto Astaburuaga, de Comunidad y Justicia, en su columna para El Líbero advierte otros “peligros” que se pueden generar en la comisión de que aún están sin responder.

Uno de los contenidos que aborda es la libertad de enseñanza. Plantea: “¿Qué ocurrirá con el financiamiento estatal a los establecimientos educacionales subvencionados? ¿Se aprobará una norma transitoria que regule un traspaso responsable, en caso de que se mantenga el artículo sobre educación tal cual está? Respecto al aborto, ¿se derogarán los delitos de aborto del Código Penal? ¿Se eliminarán las normas del Código Sanitario que regulan la objeción de conciencia institucional, e incluso, personal?”.

En la misma línea, plantea dudas acerca de las libertades económicas: “¿Qué ocurrirá con las concesiones mineras? ¿Cómo se compatibiliza su vigencia con las nuevas normas sobre derechos de la naturaleza? ¿Y el derecho de los animales a una vida libre de maltrato con las industrias ganadera y salmonera? Muchas preguntas y tememos las respuestas”.

El rol del Gobierno en esta etapa de la Convención

Las alarmas se encendieron el domingo con una entrevista de la ministra del Interior, Izkia Siches, en el diario El Mercurio, donde dijo: «No nos corresponde ser neutrales en este proceso constituyente».

Acto seguido, a comienzos de semana, desde la Segpres se estableció que el gobierno «debe colaborar con la Convención en la determinación de los artículos transitorios que debe zanjar el organismo antes de emanar el texto”.

Las declaraciones no tardaron en encontrar respuesta por miembros de la Convención. Uno de los que alzó la voz fue el convencional UDI, Martín Arrau: “Me parece de un infantilismo que este Gobierno piense que puede sumar al proceso Constitucional, sin más que acentuar la crítica de la que ambos poderes son parte. Lo que hacen es poner a disposición de la Convención Constitucional un capital político que no tienen desde que son oposición, cuando todo era deshacer y no construir”.

Arrau agrega: “Esta voluntad intervencionista es jurídicamente cuestionable y tendrán que pronunciarse los organismos competentes, y tan grave como esto, es que es socialmente muy reprochable, ver que comprometerán a sus ministerios con esta enorme labor cuando todos y cada uno tienen graves problemas de los que ocuparse».

Por esto, en el Ejecutivo tomaron resguardos y en el mismo documento de la Segpres se expone la necesidad de que el gobierno promueva activamente el plebiscito “dentro de sus márgenes legales, el voto informado a la población. Lo que implica adoptar acciones para informar a la ciudadanía respecto del proceso y de las normas que se votarán”.

Sin embargo, en las últimas horas el tema escaló hasta el contralor Jorge Bermúdez, quien en el día de ayer se reunió con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. En un punto de prensa el contralor señaló: “La prescindencia significa neutralidad».

Y minutos después se dio a conocer el instructivo de Contraloría que señala: «Los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas».

La experiencia internacional en la etapa de normas transitorias

Sobre la recta final de los procesos constituyentes, Idea País realizó un análisis de experiencias en América Latina y las normas transitorias.

En Venezuela una semana después de la promulgación de la nueva Constitución (1999), la asamblea continuó en funciones, y emanó el Decreto de Transición del Poder Público. Es en este punto que se disuelve el Congreso de la República y, junto a esto, la cesación en sus funciones de los diputados y senadores.

Posteriormente, y durante ese mismo año, en Venezuela se nombró a la Comisión Legislativa Nacional denominada “El Congresillo”, y que estuvo compuesta por 21 miembros. De los cuales diez eran constituyentes, mientras que los restantes fueron designados por la dirección de la Asamblea.

El «Congresillo» aprobó 27 nuevas leyes con el fin de implementar los artículos de la nueva Constitución.

En Ecuador la norma del derecho a la educación es uno de los casos más llamativos en Latinoamérica, ya que desde la implementación de la nueva Constitución (2008) hasta el año 2014 se cerraron más de 10.000 instituciones educativas por no haber logrado la acreditación estatal. Esto se dio aún cuando dos artículos de la Constitución aseguraban el derecho de las familias y de la sociedad civil a “participar en el proceso educativo”. Esto porque en las disposiciones transitorias decimoctava, decimonovena y vigésima, se reguló de manera detallada el financiamiento y la acreditación de los centros educativos.

En Bolivia el año 2010 y de la mano de Evo Morales, en el proceso constituyente se generó una “ausencia de reglas” para la transición del Poder Judicial. Esto llevó a que el exmandatario dispusiera de una ley para designar según su criterio a los ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, y a los miembros del Consejo de la Judicatura.

A pesar de su carácter transitorio, los ministros designados por Morales estuvieron en sus cargos por casi un año, infringiendo así el principio constitucional sobre la independencia del Poder Judicial.

Por Cristián Livingstone para El Líbero

/psg