La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a denunciar la persecución y hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro contra activistas y defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, emitieron un comunicado conjunto en el que advierten y denuncian la “criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas” del régimen chavista contra activistas venezolanos.

Al respecto, condenaron la persecución perpetrada por la dictadura contra los activistas Orlando Moreno, Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Javier Tarazona, Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, Guillermo Zárraga, Eudis Girot y Karen Caruci. Sobre esta última, indicaron, “habría sido objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Estos defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que cooperaron con Naciones Unidas son a menudo tildados por el régimen de “criminales”, “mercenarios”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, lamentó Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU.

La ONU concluyó que los ataques contra activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentó durante la pandemia de coronavirus: “Estos hechos incluirían actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, allanamientos arbitrarios, confiscación de equipos e insumos, congelamiento de cuentas bancarias, presuntas detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, criminalización de la cooperación internacional, represalias por denuncias ante organismos internacionales, ataques digitales y restricciones legales a la libertad de asociación”.

Los funcionarios del organismo internacional recordaron que en diciembre de 2020 miembros de la ONG Convite reportaron la confiscación de equipos y documentos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los brazos armados de la dictadura de Maduro. En enero de este año, en tanto, integrantes de la organización Azul Positivo “fueron detenidos arbitrariamente durante un mes” y sus equipos decomisados.

En el marco de la creciente persecución contras las organizaciones de derechos humanos, el régimen chavista implementó nuevas medidas en los últimos tiempos, que incluyen requisitos oficiales y obligatorios de registro. En octubre de 2020, la dictadura de Maduro emitió una orden que obliga a las ONG domiciliadas en el extranjero a solicitar una certificación a través de un registro en línea para poder operar en Venezuela.

“Si bien este registro tiene el objetivo de facilitar el trabajo de las ONGs en el país, este puede ser denegado por motivos de ‘orden público y soberanía’ y excluye a las ONGs que no forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria. La Superintendencia de Bancos también habría emitido una orden que permite la supervisión de las operaciones bancarias de las organizaciones de la sociedad civil”, señala el informe de la ONU.

Y agrega: “Organizaciones de la sociedad civil han reportado desafíos concretos para realizar sus actividades debido a los registros existentes. Por ejemplo, el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, habría enfrentado dificultades para poder firmar la póliza de seguro del personal de su organización”.

El pasado 2 de julio, Tarazona fue detenido junto a los miembros de la organización Rafael Tarazona y Omar García. El director de Fundaredes fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo de disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.

Al frente de la ONG, el director se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio gubernamental.

En el comunicado conjunto los relatores de la ONU detallaron cada caso de los activistas perseguidos y detenidos por el régimen de Maduro, y expusieron sus preocupaciones “ante los alegatos relacionados con presuntos ataques, hostigamientos, amenazas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos señaladas en esta comunicación”.

En esa línea, condenaron que “las autoridades desacrediten públicamente el trabajo de las ONGs y de los defensores de derechos humanos asociados a ellas”. “También expresamos preocupación que la legislación antiterrorista sea utilizada para moderar y criminalizar las actividades, por lo demás legítimas, de defensores de derechos humanos”.

“Alegaciones como las mencionadas anteriormente podrían tener un efecto disuasivo en la sociedad civil del país. Enfatizamos el deber del Estado de promover y reconocer, así como de proteger y defender los derechos humanos y la importante contribución que las organizaciones de derechos humanos y los/las defensoras que las integran hacen en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, concluyeron.

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