Fueron diez tomos los que tramitó en 2017 el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el denominado caso Exalmar, antes de decidir, el 3 de agosto de ese año, solicitar a la justicia el sobreseimiento definitivo del entonces candidato a La Moneda, Sebastián Piñera.

Éste había sido querellado meses antes por el diputado comunista Hugo Gutiérrez por presuntamente haber accedido a información privilegiada de los resultados del litigio de Perú con Chile en La Haya, la que habría utilizado para favorecer sus negocios en la vecina nación, según se desprendía en un reportaje de Radio Biobío. Asimismo, el persecutor exculpó ese día al hoy Presidente de la República de una arista que se abrió y en el que se indagó su rol para bajar el proyecto Barrancones y favorecer, supuestamente, su inversión en el proyecto de la Minera Dominga.

Pese al cierre y sobreseimiento definitivo decretado por el juez Guillermo Rodríguez, y confirmado luego por la Corte de Santiago y la Corte Suprema (con condena en costas al querellante por no haber motivo plausible para litigar), hoy el expediente judicial que estaba en las bodegas del Ministerio Público vuelve a ser objeto de análisis.

Esto, luego que el domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelara los denominados Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot- donde se dio cuenta de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La investigación revela que en diciembre de 2010, el controlador de empresas Penta compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato de pago en tres cuotas. Según el reportaje, había una tercera cláusula que establecía que el último pago estaba condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Y se aseguró, además, que los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Conocidas estas revelaciones, el fiscal nacional Jorge Abbott encargó a sus asesores el estudio de las antecedentes para saber si procedía o no la apertura de oficio (sin denuncia ni querella) de una indagatoria penal. El equipo de abogados revisó las pesquisas desarrolladas por Guerra hace cuatro años atrás, enfocados en si tuvo a la vista o no el documento que fue revelado por los Pandora Papers y en específico la cláusula que hoy complica a Piñera pues condicionaba el último pago a no decretar el sector del proyecto Dominga como una zona protegida, facultad que tuvo como Mandatario durante su primer y segundo periodo.

Arista por cohecho

Conocedores de esta tramitación sostienen que en las más de 500 fojas de diligencias realizadas por Guerra -quien renunció en julio de este año a la Fiscalía- sólo figura un pre acuerdo de compra venta, en español, que da cuenta de la operación y que fue firmado tres meses antes del 10 de diciembre, fecha del contrato en Islas Vírgenes Británicas. En la traducción, y contrastado con el contrato filtrado en los Pandora Papers, la cuestionada cláusula que estuvo a la vista de la Fiscalía en 2017 sería similar, pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración. Esta situación abre la puerta a una eventual reapertura del caso para indagar una arista distinta: si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público respecto a declarar o no la zona en que se construiría Dominga como zona de exclusión tal como lo requirió el documento firmado en el exterior por ambas familias.

¿Por qué no se daría la “cosa juzgada” como lo plantean cercanos al Mandatario y reputados penalistas? En la revisión de la resolución y audiencia en que se decide el sobreseimiento definitivo de Piñera, si bien se habla del proyecto Dominga, sólo se refiere a un eventual uso privilegiado de información en el desistimiento del proyecto Barrancones en supuesto favor de la minera de propiedad de los Délano. “Lo que dice relación a la Minera Dominga, en relación a lo que dice la parte querellante, en orden a que estamos frente a la infracción del 247 bis, dicho tipo penal exige el uso de información privilegiada, y como el mismo querellante ha referido, no se vislumbra cual ha sido el uso de esa información, ya que fue un hecho público y conocido por todos, que efectivamente hubo un desistimiento, un llamado por parte del Gobierno para que desistiera de Barrancones y la venta posterior a la que alude la querellante, es 3 meses, es un antecedente que fue conocido por todos, de manera que tampoco se encuadra bajo ningún punto de vista, ese hecho en cuanto a la existencia de algún secreto y al uso de esa información privilegiada”, se lee en esa sentencia dictada hace cuatro años.

Con todo, al no haberse referido la justicia en esa oportunidad a la “tercera cláusula”, ni haber tenido el entonces fiscal Guerra el contrato original revelado este domingo por la filtración de Pandora Papers, se trataría de hechos nuevos que permitirían la apertura de una investigación, una arista penal por eventual cohecho que involucrará al Jefe de Estado y también a su amigo Carlos Alberto Délano. Pese a que los delitos ya están prescritos, ya que ocurrieron hace más de diez años, sólo una indagatoria podrá establecer dicho criterio.

La decisión final está en manos de Abbott y su equipo quienes resolverían en las próximas horas el inicio de una investigación penal.

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