No es necesario esperar a que se termine de redactar el texto de la nueva constitución para fijar postura sobre cómo votar en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Así como algunos ya empiezan a llamar a votar por el Apruebo, hay motivos de sobra que justifican votar Rechazo. Uno de esos motivos es que la convención sistemáticamente ha ignorado la evidencia al redactar el nuevo texto constitucional.

El Presidente Gabriel Boric dijo, sin reflexionar en lo que realmente significaban esas palabras, que cualquier resultado sería mejor que la constitución actual (‘escrita por cuatro generales’, en sus palabras). A partir de ese argumento, aunque sea un mamarracho, desde la lógica de Boric la nueva constitución será superior a la actual. Lo que importa, parece creer el insensato presidente, es el proceso más que el contenido. Para gente que gusta de esos dogmas simplistas y carentes de evidencia, parece lógico que la única opción posible en el plebiscito de salida es votar Apruebo.

A su vez, parece evidente que deberán votar Rechazo los que se oponen al proceso constituyente porque se engendró a partir del temor a un levantamiento popular y porque el entonces presidente Piñera decidió sacrificar la institucionalidad para salvar su cuatrienio —entre renunciar y entregar la constitución que juró defender, optó por lo segundo. Para ellos, el contenido de la constitución es igualmente irrelevante. Su postura se definió mucho antes de conocer el texto.

Por su parte, aquellos que gustan de decir que toman decisiones respecto a las políticas públicas y el diseño institucional basados en la evidencia, debieran decidir su votación en el plebiscito de salida a partir del contenido del texto. Aunque el texto final todavía no se termina de redactar, los más de 300 artículos ya aprobados permiten hacer una evaluación lo suficientemente acabada respecto a qué tanta evidencia se utilizó para justificar muchos de los principios que ya están en lo que será la nueva constitución.

Lamentablemente, la convención constitucional decidió redactar un texto que se guiará por la insensata lógica de no decir lo mismo que la constitución actualmente en vigencia. Como un gobierno que llega al poder y decide eliminar todo lo que hizo el gobierno anterior (incluidos hospitales, aeropuertos, vivienda pública o parques nacionales), la convención constitucional decidió eliminar todos los vestigios de la constitución de 1980. La convención fue tan lejos en ese intento que terminó eliminando también principios constitucionales e instituciones políticas que existían antes de que Pinochet llegara al poder, como el Senado. Pero cuando soplan los aires refundacionales, todos los árboles del bosque corren riesgo de perecer.

Esta constitución es un homenaje al voluntarismo ignorante y al desconocimiento de la evidencia comparada.

Lo razonable hubiera sido que la convención se basara en evidencia constitucional comparada y en la propia historia política nacional para decidir qué secciones y principios de la constitución actual funcionan, cuales había que modificar, cuáles suprimir, y cuáles añadir. Pero la convención neciamente decidió ignorar la evidencia. En su diseño del sistema político, la convención decidió debilitar aún más el sistema de partidos e igualó las barreras de entrada a partidos y movimientos sociales para competir en elecciones. Toda la evidencia comparada señala que cuando no hay partidos estables y duraderos, la democracia representativa se debilita. Pero la convención ignoró esa evidencia y optó por tratar de inventar una rueda cuadrada.

En el poder legislativo, la convención decidió abolir el Senado, pese a que 200 años de historia chilena y la evidencia constitucional comparada muestran que el Senado ha sido fuente de estabilidad y gradualidad, no de obstrucción. De igual forma, pese a que la historia muestra que, cada vez que los legisladores tuvieron potestad para iniciar proyectos de ley que incluyeran gasto público, se disparó el número de leyes particularistas y aumentó el déficit fiscal, la convención decidió otorgar a los legisladores la capacidad de iniciar proyectos de ley que impliquen gasto público. Es verdad que el presidente debe “concurrir” con su aprobación antes de que esos proyectos puedan ser promulgados, pero no cuesta imaginar que el congreso negociará con el presidente esa ‘concurrencia’ cada vez que el presidente necesite que el congreso apruebe algunos de sus mensajes legislativos.

En muchos otros capítulos de la constitución, los expertos han advertido que la convención constitucional ha redactado artículos ignorando la evidencia comparada. Esta constitución es un homenaje al voluntarismo ignorante y al desconocimiento de la evidencia comparada. Por eso, aquellos que dicen formar sus posiciones y posturas a partir de la evidencia debieran tener bastante claro ya que su voto en el plebiscito de salida del 4 de septiembre debe ser Rechazo. De poco sirve predicar a los cuatro vientos que la evidencia importa al momento de legislar si ellos mismos son los primeros en renunciar a la importancia de la evidencia cuando se trata de decidir su postura sobre cómo votar la propuesta de constitución —larga, confusa y maximalista— que actualmente se termina de fraguar en la convención constitucional.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero

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