Mientras el mundo mira la arremetida de Rusia contra Ucrania, en lo doméstico, una especie de guerra es la que han declarado la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otras agrupaciones radicales contra el Estado de Derecho y las fuerzas de orden público. A trece días de que la nueva administración de Gabriel Boric asuma, los grupos terroristas no han bajado el tono, sino más bien reafirmaron que no detendrán la “lucha frontal en contra del Estado y el sistema capitalista… a pesar de que se viene un supuesto nuevo escenario”.

No es primera vez que los grupos radicalizados de la Macrozona Sur reivindican la violencia y cuestionan al futuro gobierno, anticipando que será una situación complicada para Boric durante los meses que vienen. En diciembre, el vocero y fundador de la CAM, Héctor Llaitul, difundió un mensaje vía Whatsapp donde criticó al presidente electo: “Boric y Kast son dos caras de la misma moneda”. Tildó al próximo gobierno de “seudo progre” y afirmó que “habrá conservadurismo oligarca, se mantendrá el sistema capitalista de formato colonial, se seguirá reprimiendo al pueblo mapuche movilizado y en resistencia”. Ese mismo mes, aseguraron en otro comunicado que la “supuesta lucha contra la violencia en La Araucanía se configura como una táctica transversal” del empresariado, la derecha, los medios de comunicación, e incluso la Convención Constituyente y Gabriel Boric.

La respuesta de las autoridades entrantes fue que conversarán con quien sea necesario, sin embargo, el último comunicado firmado por la CAM, emitido el 21 de febrero, continuó en la misma línea y no se refirió al diálogo ofrecido por la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

“Reafirmamos que como parte del movimiento mapuche autonomista no detendremos nuestra lucha frontal en contra del Estado y el sistema capitalista, asumiendo los costos de continuar en el weichan de forma legítima y con dignidad, esto a pesar de que se viene un supuesto nuevo escenario… lucharemos con más fuerza y sin miedo. Ni la cárcel ni las balas detendrán nuestra lucha por la reconstrucción Nacional Mapuche”, aseguraron en dicho texto difundido en Werkén Noticias.

La situación podría ser una de las que más complique a Boric, según fuentes de la zona, debido a la beligerancia que han mostrado los radicales ante el gobierno que asume el 11 de marzo, mismo día que termina el Estado de Excepción en la zona, una medida que la propia Siches reafirmó que no será renovada en la zona: “El Presidente electo ya lo ha comunicado, él definió no renovar el Estado de Excepción en Wallmapu”.

Según la futura ministra de Interior esto es para priorizar el diálogo y “presentar al país una estrategia diferente que nos permita avanzar”. No obstante, la actitud violenta de estos grupos frente a la nueva administración dista, incluso, de la que mostraron con los gobiernos de Bachelet y Piñera, a quienes Llaitul ofreció “tregua” en distintas oportunidades.

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, asegura que “estos grupos están en una situación de descontrol, en la que se sienten con la autoridad y el poder necesario para asumir una posición de fuerza”, sin importar quien se ponga en frente.

Cuestiona las intenciones de dialogar con la CAM de las autoridades entrantes y apunta a su falta de experiencia: “Ellos no están por negociar o someterse a las reglas democráticas. Son hoy día unos separados del sistema y han encontrado en la violencia la forma de responder a todos los emplazamientos que le hace la opinión pública”, afirma.

Agrega que cuando la futura ministra del Interior habla de diálogo, “deja de lado la racionalidad”, ya que “cuando te sientas a conversar con personas que usan las armas para asesinar personas, es distinto”.

En la misma línea, Andrés Cruz, convencional del Colectivo Socialista y exfiscal de la Región del Biobío, señala que “se están aprovechando de la ingenuidad demostrada por el gobierno que va a asumir, y de la falta de conocimiento respecto de lo que ocurre en Arauco y La Araucanía, para ejercer presión y abrir espacios que les permitan lograr imponer sus perspectivas independentistas”.

Por su parte, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), plantea que la actitud de Llaitul es una estrategia “para llegar por arriba en una negociación y no disminuido”. “Si él ofrece tregua, parte disminuido, en cambio, si el gobierno entrante es el que le pide conversar se sienta de igual a igual”, explica.

Sin embargo, Mellado advierte una “reacción tardía del gobierno de Boric” y apunta a una “afinidad” del gabinete con algunos de los grupos radicados en los territorios del sur. “Lo que está haciendo el futuro gobierno es darle espacio a estos terroristas para que crezcan, porque no he escuchado ninguna declaración de Boric que diga qué va a hacer con respecto a La Araucanía, salvo que van a conversar. Con esta preparación que tienen los grupos terroristas yo no sé por dónde van a dialogar”, enfatiza.

Sobre las consecuencias que podría tener para el próximo gobierno, sobre todo con la confirmación de que el Estado de Excepción no será renovado, Andrés Cruz insiste en que “con la actitud ingenua, poco directa y débil que se ha demostrado en relación con estos grupos me da la impresión de que la violencia no va a cesar y se va a mantener en niveles graves que actualmente percibimos”.

Siches adelantó que presentarán una “estrategia diferente” para lograr avanzar, asegurando que “lamentablemente con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados”. Según el último informe de la Coordinación de la Macrozona Sur, desde que entró en vigencia la medida constitucional el 12 de octubre y hasta el 10 de febrero, la acción de las Fuerzas Armadas y policías ha permitido reducir en 45% los hechos de violencia, bajando de 5,5 diarios a 3 y en un 72% las usurpaciones de terreno. La situación podría entonces revertirse para el próximo gobierno que confirmó que no prorrogará la medida y desde donde han votado en varias ocasiones en contra de ello, incluyendo a la futura ministra de Defensa Maya Fernández (PS).

Es parte de lo que afirma Gloria Naveillán, diputada electa del Partido Republicano, quien asegura que “el nuevo gobierno se va a encontrar con que la violencia va a seguir y que los atentados probablemente aumenten si es que toma la decisión de no renovar el Estado de Excepción”. La exvocera de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, sostiene que “estas organizaciones radicales están en un camino que les ha redituado mucho éxito” y que a pesar de que existe una afinidad mayor con Boric y buena parte de su gabinete, “van a seguir por el mismo camino para no perder lo que han ganado a través de la violencia aplicada”.

En la misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli) sostiene que “llama la atención que cuando los grupos terroristas que operan en la Macrozona Sur, anuncian que continuarán con la violencia, el gobierno entrante, a través de la próxima ministra del Interior, anuncia que no renovarán el Estado de Excepción”. Y agrega: “Los grupos violentistas no dialogarán con la nueva administración, se lo están diciendo con todas sus letras, les están dando un portazo, y ellos piensan que disminuyendo los controles en la zona se reducirán los ataques”.

La “tregua” ofrecida a las administraciones anteriores

Cuatro meses después de que el Presidente Sebastián Piñera asumió su segunda administración (2018) y a diez meses de la Operación Huracán, Llaitul planteaba la posibilidad de emprender un camino diferente para resolver el dilema de la CAM con el gobierno. “El pueblo mapuche tiene una larga experiencia de parlamento, de diálogo político, nosotros propusimos al anterior gobierno una tregua y no fuimos escuchados. No escapa a esa oportunidad el nuevo gobierno, pero es una decisión que deben ellos tomar, nosotros estamos llanos a esa posibilidad”, dijo Llaitul en entrevista con The Clinic.

En noviembre de ese mismo año, el Gobierno permitió al machi Celestino Córdova, quien estaba preso y realizando ayuno como protesta, asistir a cumplir un rito que le había sido negado por Gendarmería, lo que había provocado protestas de diversas agrupaciones mapuche. La decisión fue valorada por Llaitul quien anunció un “cese a las acciones de resistencia”, demostrando la posibilidad de llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y el líder de la CAM.

Todo diálogo finalizó en noviembre con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, hecho desde el cual la violencia comenzó a escalar en la Macrozona Sur hasta los niveles que se reportan actualmente, que han gatillado la prórroga por novena vez del Estado de Excepción en cuatro provincias.

El primer ofrecimiento de tregua al que se refería Llaitul ocurrió en 2016, el mensaje fue para la entonces presidenta Michelle Bachelet. En entrevista con La Tercera, el vocero de la agrupación aseguró que eran partidarios de un diálogo de alto nivel con los tres poderes del Estado. “Como CAM estamos disponibles para una tregua con el Estado”, fueron las palabras de Llaitul. Las condiciones para ello, eso sí, eran una desmilitarización del territorio y la liberación de los llamados “presos políticos mapuche”.

Pero no ha tenido la misma suerte Gabriel Boric, quien asumirá en medio de las amenazas de los grupos radicales quienes aseguran que continuarán la lucha y cuestionan las intenciones del próximo Mandatario.

“No creo que tengan la suficiente confianza, ni siquiera en un gobierno afín políticamente a ellos, de que efectivamente el gobierno tenga la capacidad de liberar a los presos que ellos quieren que liberen, o entregarles los territorios que quieran”, explica Naveillán sobre la actitud tomada por las agrupaciones. Plantea que posiblemente pesa en dicha decisión la composición del futuro Congreso, ya que el Ejecutivo será minoría y probablemente no podrá concretar todas sus iniciativas al no contar con la venia de otros sectores.

Por Daniela Bas para El Líbero

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