Esta mañana, cuando La Moneda aún no enviaba su propuesta de nuevo fiscal nacional, la Comisión de Constitución del Senado acordó citar para el próximo lunes a una sesión especial para analizar la nominación del Presidente Gabriel Boric.

Según informó el presidente de la instancia, el senador Matías Walker (Partido Demócrata), una vez que sea escuchado el candidato planteado por La Moneda, la idea es votar el martes 29 su nombramiento en la sala de la Cámara Alta, lo que requiere del consentimiento de 33 senadores.

La carta elegida fue el fiscal regional metropolitano Centro Norte, José Morales, quien fue uno de los más votados entre los ministros de la Corte Suprema dentro del concurso público para suceder al exjefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien dejó el cargo por cumplir el límite de 75 años de edad.

Si bien la idea del Mandatario era enviar su proposición la semana pasada, los vetos cruzados, la falta de entusiasmo que había en el gobierno respecto de los cinco nombres que escogió la Corte Suprema y la renuncia informal de uno de los postulantes, enredaron la decisión presidencial.

Incluso, fuentes de La Moneda admiten que se consultó informalmente al máximo tribunal la posibilidad de rellenar la quina enviada inicialmente, dado que el abogado penalista Rodrigo Ríos expresó a algunos medios de comunicación su ánimo de no seguir en carrera.

El problema es que las renuncias no están contempladas por la ley del Ministerio Público ni por la Constitución, por lo que la respuesta de la Suprema fue que no cabía esa alternativa, señalan fuentes gubernamentales.

La jugada del gobierno era precisamente incluir a una de las candidatas que quedaron fuera de la selección, por ejemplo, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, o la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo, ambas abogadas cercanas ideológicamente al oficialismo.

Aunque la quina elaborada por la Suprema tenía dos claros favoritos -el fiscal Morales y el abogado Ángel Valencia (ambos empatados con 17 votos expresados por los altos magistrados dentro del proceso de selección del Poder Judicial)-, al primero le favoreció el respaldo que le brindaron dirigentes de derecha, el hecho de que generara menos rechazo entre grupos de izquierda y de que encabezara una fiscalía en que los temas de seguridad y delincuencia son relevantes.

Los vetos también jugaron un rol en este proceso. De hecho, una de las primeras desechadas en la ronda de consultas que realizó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, fue la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Si bien la abogada fue la tercera más votada por los ministros de la Suprema (con 9 preferencias), su rol como asesora en el equipo de Abbott, de quien existe una mala evaluación entre senadores, le jugaba en contra. En el Congreso, eran varios que advertían que rechazarían una carta que significara la continuidad de la gestión del exfiscal nacional.

Incluso, entre los senadores generó preocupación la versión de que La Moneda propondría a Herrera, a sabiendas de que sería rechazada en el Senado, con el mero objetivo de obligar a la Suprema a rehacer la quina. La Constitución señala que en caso de que la carta nominada por el Presidente no cuente con la aprobación de dos tercios de la Cámara Alta (33 senadores), el máximo tribunal debe escoger un nuevo nombre para completar la quina, reemplazando el nombre del rechazado. Así sucesivamente, hasta que se logre un consenso.

Por ello, la lista al final de posibles al final se redujo a solo tres favoritos: Morales, Valencia y Palma (quien obtuvo siete votos en la Suprema), ya que Rodrigo Ríos, además de su renuncia informal, estaba igualmente descartado por ser el menos votado por los magistrados (con solo tres apoyos) y tener un antecedente negativo en su trayectoria al haber defendido a un narcotraficante en un juicio de extradición.

Los tres favoritos contaban con simpatías puntuales en todas las bancadas, sin embargo, en los últimos días comenzaron a surgir vetos.

Respecto de Valencia, si bien era el preferido en la Comisión de Constitución del Senado, grupos feministas lo cuestionaron por haber defendido al juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, quien fue formalizado por una caso de abuso sexual.

A Palma, en tanto, sectores de izquierda lo veían más ligado a la derecha. De hecho, uno de sus principales promotores era el senador UDI por Aysén, David Sandoval, aunque también contaba con el apoyo de algunos integrantes de las bancadas de RN, del PS y del PPD.

Pasadas las 14 horas, la ministra vocera Camila Vallejo argumentó el por qué de la decisión del Presidente Boric.

“Para nosotros es muy importante que exista como prioridad la seguridad ciudadana, que haya importancia de lucha contra el crimen organizado y también mejorar los resultados en materia de persecución penal y la respuesta a las víctimas”, dijo tras la reunión del comité político ampliado, en La Moneda.

“Los criterios utilizados son aquellos que buscan sintonizar con las prioridades de los chilenos (…). El nombramiento se basa en un paso previo, es uno de los candidatos que alcanza mayor apoyo de la Corte Suprema”, añadió la titular de Justicia, Marcela Ríos.

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