Desde hace un rato se está consolidando entre nuestros parlamentarios la política “extractivista”. Esa que concibe la política como una forma de obtener recursos fáciles, siempre para financiar ideas geniales, sobre todo en períodos de elecciones.

En realidad están tan creativos, que incluso se les ocurre copiar excepciones, que sólo se dan en Alemania, por ejemplo, planteando como una panacea universal que las grandes empresas tienen que ser paritarias en género y también en la representación de sus trabajadores en los directorios. Los expertos han señalado que extraer de los propietarios la decisión sobre sus empresas, idea del presidenciable Gabriel Boric, solo tiene sustento entre los germanos, que la restringió en 1994 a las firmas con más de 2 mil trabajadores, porque significaba burocratizar las decisiones estratégicas; que en la Bolsa es castigada la cogestión igualitaria con un descuento del 31%, y que, en fin, los empresarios que buscan crecer, sortean de diferentes maneras esa obligación. De hecho, antes hubo 4 mil empresas bajo este modelo, hoy son solo 400.

Pero en vez de aprender de la experiencia, copiamos lo que se ha comprobado que no resulta y buscamos “arreglar” lo que funciona bien. A veces son viejos lobos con nuevas pieles de cordero, como otra propuesta “extractivista” del diputado Tucapel Jiménez que obliga a las empresas a repartir el 30% de sus utilidades a los trabajadores, en la parte que exceda de un 10% del capital propio.

Es que se trata de ponerse “donde haiga” y no de pedir, como decía el dicho radical. Y como las empresas para funcionar tienen que tener capital, es fácil seguir encontrando atajos para llegar a esos recursos. Y los slogan “pegan”: “impidamos que las mineras se lleven el mayor precio del cobre y usémoslo para enfrentar la pandemia”, “aseguremos su contribución y que paguen por las ventas y no por las utilidades porque inflan sus costos”; “se llevan toda la plata”, dice una diputada comunista.

Y así emerge otra iniciativa “extractivista” de la izquierda, que, con votos de la derecha, fue aprobada la semana pasada en la Cámara: que las mineras paguen un nuevo royalty sobre sus ventas. Y a la espera está el proyecto express que se le ocurrió a Giorgio Jackson apenas se disparó el precio del cobre, dirigido a atrapar el 100% de las mayores rentas de las mineras producto del mejor precio.

A quién le importa que sean inconstitucionales sus propuestas de nuevos tributos (corresponden al Ejecutivo) o que ya opere un royalty, legislado bajo la administración de Ricardo Lagos, que sube la tasa de impuestos cuando mejora el precio del metal. O que las mineras hayan tributado como promedio el 40% los últimos años. O que Chile sea el segundo país con la mayor carga tributaria a la industria en el mundo, según el ministro de Hacienda, lo cual explica que el país cayera del 6º al 30º lugar en el ranking de extractividad entre 2018 y 2020.

Pero estos parlamentarios son lineales. No se hacen problemas con los argumentos técnicos. Ellos “hacen política”, dicen. Es la excusa perfecta para desligarse de la responsabilidad de sus decisiones malas y populistas. Por eso hay muchas mociones e indicaciones para poder extraer más y más fondos a las mineras y a las personas que han creado riquezas para ellos y para el país, como el impuesto a los súper ricos, aunque esté en extinción en el mundo, o los tributos a la contaminación, o a la rentas excesivas en cualquier sector. Es el nuevo lenguaje “apropiatorio”, como denominan ahora lo que antes se calificaba como expropiación.

Y como las AFP han funcionado bien para acumular recursos peso a peso, por 40 años, para las pensiones de los chilenos, “¡allá vamos!”. Sigamos extrayendo sus ahorros a los trabajadores (ya les restaron US$35 mil millones), disfrazándolo de “beneficio” para ellos y culpando al gobierno de no abrir la mano lo suficiente ni a tiempo, argumento comodín que justifica cualquier cosa. O miremos otro botín, los fondos para la cesantía, que han funcionado excelentemente y atesoran US$12 mil millones entre los aportes individuales y solidarios. Extraigamos la mitad y repartamos plata también a los que están empleados y que si llegan a estar cesantes más adelante, probablemente se encuentren con que el botín se agotó.

Y, ¿dónde más hay todavía? En la cotización mensual de los trabajadores a las AFP. ¡Venga, entonces!, toda el alza del 60%, como propone la izquierda, para un fondo colectivo que solo ellos saben en qué terminará. Y, ojo, también está la cotización del 7% a las isapres. “Tráiganmelo también para acá, para otro fondo universal y que los que quieran salud privada (que es a lo que aspira el 99% de los chilenos) que la contrate, pero que se olvide de su actual cotización a las isapres”.

Y la imaginación no se agota. Porque siempre es posible seguir girando a cuenta del arca fiscal que puede financiar infinitos beneficios a costa de deuda, cuentas fiscales en rojo, e inflación, en último término. La mentalidad “extractivista” no teme a las inflaciones del 50%, al estilo argentino, porque de algún lado tienen que salir los pesos para financiar una pensión básica universal y que no sea pobretona, obvio, y una renta universal, que vocean justo cuando tenemos un récord de déficit fiscal. Pero eso no obsta a que otorguemos estos beneficios hasta a los súper ricos, porque a los millonarios los castigarán con nuevos tributos.

Fascinante tanta creatividad de los políticos para extraer recursos que otros generan, sin tener la experiencia de crearlos ellos, sin aportar un peso más al PIB. Sin crear riqueza, volveremos a distribuir pobreza.

Por Pilar Molina, periodista, para El Líbero

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