El nuevo rostro de la oposición al retorno a las aulas es Carlos Díaz Marchant, presidente del Colegio de Profesores, militante del Partido Humanista (PH) y sucesor de Mario Aguilar. Su exigencia al Gobierno es la suspensión inmediata de las clases presenciales en todo el país. “Hoy, las comunidades educativas estamos en riesgo de vida, y por tanto se hace absolutamente presentable y necesario”, pidió el viernes.

Esta es una pugna en solitario del Magisterio. Otros actores, incluyendo a la Defensoría de la Niñez y al Colegio Médico, apoyan un regreso a las aulas voluntario, gradual y flexible, con condiciones sanitarias adecuadas, como propuso el Gobierno y, en razón, del inicio del calendario de inmunización masiva que prioriza a los profesores en la vacunación contra el coronavirus. Pero la encrucijada no es la única atravesada por el gremio que, puertas adentro, experimenta una complicación: su directiva está impugnada.

Hay un grupo de docentes que manifiestan irregularidades en el proceso electoral del Colegio de Profesores, realizado el 9 de diciembre de 2020, y en el cual fueron proclamados como victoriosos además de Carlos Díaz; Eduardo González Navarro como primer vicepresidente; Paulina Cartagena Vidal como segunda vicepresidente; Patricia Muñoz García como secretaria general; Magdalena Reyes como tesorera; Habnel Castillo como prosecretario; Carlos Ojeda como protesorero; Daniela Vásquez y María Angélica Ojeda como directoras.

Son tres reclamos de nulidad realizados contra la elección de los dirigentes nacionales, regionales, territoriales y comunales del Magisterio por presuntamente vulnerar los estatutos del gremio. “Este proceso electoral ha sido el más irregular en la historia del Colegio de Profesores, el que presenta mayor cantidad de violaciones al Estatuto y a nuestro reglamento electoral de todos los que se haya conocido antes. Y también es primera vez en nuestra historia que hay tres reclamaciones de nulidad o impugnaciones, que han sido consideradas admisibles por el Tribunal Electoral. Nunca antes había ocurrido eso”, asegura el dirigente gremial Alfonso Godoy (PS).

Él encabeza uno de los grupos de colegiados que solicitan la nulidad de la votación. En el escrito que introdujo ante el Primer Tribunal Regional Metropolitano en diciembre de 2020, junto a otros docentes, se da cuenta de una serie de “infracciones” a la norma del Magisterio. La principal irregularidad sería una modificación en el sistema electoral, con un esquema distinto al usual y que permitió los sufragios electrónicos. La denuncia señala que dicha decisión fue acordada en una sesión virtual de la Asamblea Nacional Extraordinaria del Colegio, el 1 de noviembre del año pasado, y que “debió haberse plasmado en un cambio de Estatutos y Reglamento Electoral, lo cual no se hizo”.

Según el documento, la modificación debió ser “comunicada a las bases a lo menos con seis meses de anticipación de la respectiva elección”, y en este caso se presentó 26 días antes. A la postre, los denunciantes indican que en la convocatoria de dicha asamblea no aparecía en “su agenda una modificación de los Estatutos, ni la elección de comisión redactora de Reglamento”.

Godoy dice que, como demandante y antiguo dirigente, no concede “ninguna validez ni legalidad” al nuevo directorio nacional. Su perspectiva es que la actual cúpula del Magisterio cuenta con características “terribles” para cualquier organización: “Ilegitimidad, dado que hay tres impugnaciones. Hay un déficit de representatividad, votaron solo 18 mil profesores de un total de 49 mil, lo que representa un porcentaje bajísimo porque sobre el 63% del profesorado no votó. Al existir tres reclamaciones por impugnación y solicitando la anulación, declaradas admisibles, le da todo un viso de un proceso ilegal, por tanto no disfruta este directorio nacional de legalidad. Tampoco disfruta de gobernabilidad, dado que muchos profesores no aceptan esta forma de trabajar y apoderarse del gremio”.

Mientras su petición aguarda en tribunales, instancias como la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño advierten que existe una impugnación a cuestas. “Se ha puesto en conocimiento de la división de Asociatividad y Cooperativas que la designación de los directores electos en el proceso eleccionario realizado el día 9 de diciembre de 2020 se encuentra impugnado en las causas rol N° 67/2020; 70/2020 y 71/2020 del Segundo Tribunal Electoral Metropolitano”, señala en un certificado.

La suma de todas las “irregularidades”

Sobre la actual directiva recaen otras dos peticiones de nulidad. Una acción fue presentada por el profesor Alejandro Cristián Ahumada, colegiado y dirigente comunal de Huechuraba hasta 2018, quien denunció le fue negada la inscripción de su candidatura para las elecciones de la organización gremial, y que en el proceso electoral se incurrió en infracciones, al ser implementado el voto electrónico y por una eventual “desigualdad” entre las listas competidoras.

Otra impugnación fue presentada por la dirigente Ligia Gallegos (PS), quien añade al listado de acusaciones que hubo “conflicto de interés” en la designación del Comité Nacional Electoral. “Al momento de ser nombrado, cuatro de sus fuerzas eran colegas, funcionarios del colegio, por tanto hay conflicto de interés, porque están bajo la orden de la conducción de entonces, que era el presidente Mario Aguilar”, asevera.

El reclamo, emprendido por Gallegos y presentado en diciembre ante el Tribunal Regional Metropolitano, expone que estos funcionarios serían “Rosa María Montecinos Molina, Marcelo Castillo Duvauchelle, Mauricio Valderrama Venegas y Rodolfo Lama Taule”, y que por su escogencia la comisión no fue constituida de acuerdo al “principio de proporcionalidad”.  Esto, añade, iría en contra de las normativas, que apunta a que la “conformación del Comité Electoral Nacional deberá garantizar la pluralidad en su composición y en él deberá existir una representación proporcional a las listas o pactos que integra el Directorio Nacional en ejercicio”.

La conclusión de Gallegos es la misma que tienen otros de sus colegas que desaprueban cómo se votó a la nueva directiva: “Tenemos vicios de procedimiento, de legalidad; del proceso eleccionario… Todo fue manejado, podríamos decir, que para inclinar la balanza hacia el sector que estaba conduciendo el colegio en ese momento, que es el Movimiento de Refundación”.

Juntos, pero no revueltos

Godoy explica que el Tribunal Electoral Metropolitno juntó las tres denuncias para ser evaluadas en una sola sala. “No fue una acción concertada, sino que cada uno de los tres tomó iniciativa por sí solo para hacer las reclamaciones”, aclaró.

Eduardo Hernández, quien colaboró con la lista “Fuerza Gremial Docente” (encabezada por la candidata de RN Verónica Monsalve), clama por acciones más concretas por parte del TER y el Servicio Electoral (Servel) en este caso: “Eso es lo que a varios nos preocupa, y esa legitimidad es la que nos está haciendo organizarnos al ver que no hay respuestas”. Su apoyo a la impugnación está fundamentado en que las acusaciones en contra de la lista que encabezaba Carlos Díaz serían irrefutables: la discrecionalidad de la asamblea, el cambio del tipo de elecciones e, incluso, un posible “financiamiento” de candidatos.

Como creador de la Red de Profesores Culturales de Chile, un movimiento que representa a docentes independientes, considera que el Magisterio “se convirtió en una pelea de cúpulas partidistas”.

Para Gallegos el asunto pudo ser menos engorroso de efectuar las votaciones cuando correspondía, en noviembre de 2019: “Se pudo haber hecho porque en ese momento ya estaban funcionando todos los establecimientos educacionales”.

Las elecciones fueron suspendidas a causa de las protestas de ese año, y programadas para marzo de 2020, y en ese mes también se aplazaron por la pandemia de Covid-19: “En junio de 2020 sale la Ley 21.239 que prorroga los mandatos de todas las directivas, y aquellas organizaciones que hacen elecciones tienen que cumplir los requisitos copulativos para que esto sea legal: primero hacer las elecciones, y segundo que no hubiera ninguna impugnación al proceso electoral”. El análisis de Gallegos es que, de acuerdo con este hecho, no podían “asumir sus cargos los actuales dirigentes”.

Las expectativas están enfocadas en un respaldo a los demandantes. “Las tres reclamaciones fueron declaradas admisibles, y por tanto están en pleno trámite, lo que se espera son las decisiones del tribunal, que podría decidir por sí mismo o llamar a las partes a presentación de testigos, pruebas, lo que considere preciso y necesario”, sostiene Godoy. Y concluye: “Nosotros estamos preparados para asumir cualquiera de esas“.

La esperanza de Godoy es que, a corto o mediano plazo, haya un fallo sobre el caso. “Y teniendo muy claro que la parte que se sienta perjudicada tiene derecho constitucional de apelar al Tribunal Electoral Nacional, ya sea los reclamantes como los reclamados”.

No obstante, recuerda un viejo episodio para aclarar que no siempre la “justicia está a su favor”: la elección como dirigente de Hugo Gerter, una persona que denuncia “estuvo 22 meses sin cotizar” en el gremio y que, supuestamente, consiguió su candidatura mediante procedimientos no convencionales. “Hace cuatro años atrás nosotros hicimos esa impugnación, y fue aceptada por el Tribunal Metropolitano, pero nunca pudimos saber por qué el Tribunal Electoral Nacional revirtió esa sentencia. Nunca hubo una explicación posible“, denuncia.

 

Acá se puede revisar el certidicado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño donde se advierte que existe una impugnación

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