El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra 15 personas, entre ellas los ex generales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, además de la ex ministra y otrora subsecretaria de la institución, Javiera Blanco, en el marco del fraude en la policía, que supera los $28 mil millones.

La acción, ya declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía, está ingresada por la presunta responsabilidad que les asiste al grupo en el delito reiterado de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público.

Asimismo, “contra de todos aquellos que, en definitiva resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores” de dichos ilícitos.

También se incluyen en la querella a los generales en retiro Iván Whipple Mejías, exdirector de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el exdirector de Personal.

Entre las diligencias solicitadas se encuentra ordenar a la PDI un peritaje contable para determinar el monto del perjuicio causado por la sustracción de dineros destinados a gastos reservados como también a raíz de los pagos recibidos por parte de los querellados.

El CDE también indicó que “es nuestra intención demandar civilmente a los querellados”.

Los hechos

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscalía Centro Norte, la también ex consejera del CDE, Javiera Blanco, fue incluida en la lista “de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos” mientras ejercía como subsecretaria de Carabineros, entre 2006 y 2010.

“Todo lo anterior se plasmaba en planillas Excel que incluían el grado, cargo y monto otorgado”, añaden.

“Estas listas eran propuestas al Director de Finanzas, quien por último las presentaba al General Director de la época, el que, en definitiva, determinaba a quiénes se destinaba el dinero de gastos reservados con abierta y evidente infracción dolosa a la disposiciones legales que regulaban el uso de gastos reservados”, dice la querella.

Recalcan que el nombre de Blanco aparecía en las planillas en cuestión “pese a no encontrarse dentro de las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por ley de presupuestos del Sector Público”, siendo la recepción de estos montos corroborada “con distintos antecedentes bancarios”, “existiendo, además, distintas declaraciones que confirman la entrega, distribución y utilización de gastos reservados en moneda nacional por parte de la imputada”.

Son casi 20 los testimonios que confirman la entrega mensual de sobres con dinero en efectivo.

A consecuencia de ello, asegura el CDE, Blanco recibió en calidad de subsecretaria “pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000”.

La querella indica así que entre los años 2006 a 2017, los generales directores querellados, responsables “de darles el empleo debido” a los dineros destinados para gastos reservados, “concertados” con los generales de Finanzas Whipple y Echeverría, “procedieron su sustracción, coludidos al efecto” con el resto de los imputados, incluida Blanco.

Aseguran que, a fin de no ser descubiertos, Whipple y Echeverría, “previo concierto con los directores generales”, “facilitaron los medios a través de la confección y actualización de listados de distribución de gastos reservados, así como de los antecedentes fundantes de la rendición de cuentas anuales de gastos reservados al Sr. Contralor General de la República, entre ellos, la declaración jurada de uso de los gastos reservados para fines previstos por el legislador y la desagregación de desembolsos”.

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