Sólo la situación límite que estamos viviendo, y que a todos nos tiene nervioso, puede explicar que una autoridad relevante de la institucionalidad, declare en un medio de comunicación masivo que los denominados primeras líneas, detenidos por la fuerza policial, no cometen delito, ya que basta revisar sin ningún conocimiento especial la normativa actual para no sólo concluir lo contrario, sino que para criticar a la judicatura que los dejó libre.
En efecto, el Código Penal luego de sancionar a quienes “se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de…” “…de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno…”, declara que debe entenderse como armas para estos efectos “toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aún cuando no se haya hecho uso de él”.

Más adelante esta misma Ley no sólo autoriza expresamente a la policía para que en esos casos – de sublevación – pueda aplicar la fuerza, sino que además para detener y castigar a los instigadores de la misma y a los alzados. Es más declara y también expresamente que si no pueden descubrirse los autores, corresponde sancionar como responsables a quienes hallándose en la posibilidad de impedirla, no lo hagan. El artículo 261 del Código Penal sanciona también y a mayor abundamiento a quienes acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones, cuando aquélla o éstos ejercieron funciones de su cargo. El artículo 268 septies, castiga a quienes “sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos…”. Se castiga también como delito a quien “lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave.”

En otro artículo, específicamente en el artículo 292, se sanciona a “toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades”. Cabe subrayar que es delito el sólo hecho que se organicen para eso. Es decir, que se pongan de acuerdo para concurrir en masa, con armas y encapuchados a atentar contra el orden social. La ley sanciona al jefe, a los provocadores, y a cualquier individuo que hubiere tomado parte en la asociación y que a sabiendas y voluntariamente hubiere suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos.

Para que hablemos todos de lo mismo, la primera línea, que es la que se ha ganado el corazón de muchos manifestantes, cómicos o payasos (Kramer), cantantes (Lafferte), políticos (Frente Amplio, Partido Comunista, y anarquistas), e indudablemente innumerables comunicadores sociales, es el grupo que se define asimismo como de resistencia a la Fuerza Policial, y cuyo objetivo o propósito es ganar para sí, y su causa – cambio constitucional y/o cambio de modelo económico y/o cambio de sistema político – espacios que antes eran públicos. Sólo para contextualizar, en Baquedano a la primera línea, que anda encapuchada, le venden hondas, piedras y demás instrumentos como armas de ataque.

Inspirado en la misma buena onda de la autoridad que olvidó algunas normas del Código Penal, para justificar el actuar irresponsable del juez que dejó en libertad a la primera línea detenida por la policía, me permito instar a esa fuerza que obra con tanta convicción, que se saquen la capucha, abandonen la calle, dejen al país tranquilo y le exijan a los partidos, a los comunicadores sociales, a los cómicos y cantantes que los han apoyado e incluso a algunos dirigentes políticos del mismo gobierno, que no sólo le den su voto sino que además le financien las campañas para que puedan acceder al Parlamento y ahí procurar concretar sus sueños – que seguramente van desde permitirle al Estado imprimir billetes a expropiar los fondos previsionales -. Algunos que participan de sus mismas ideas ya han propuesto, pero en el Parlamento, lo que es un muy buen ejemplo para ellos, confiscar para el Estado las herencias que exceden las 140.000 UF.

Mientras eso no ocurra, lo que procede es que las instituciones cumplan su deber y apliquen la Ley. Quien no lo haga, sea porque está sobrepasado por la fuerza, la convicción y los apoyos mediáticos que exhibe la primera línea, lo que corresponde es que se hagan a un lado, y dejen el poder a quienes sí conocen sus obligaciones y no tienen temor a que los payasos, los cantantes, músicos, actores y medios de comunicación definan lo que es bueno o malo, y finalmente lo que es o no delito.

Escrito para El Dínamo por Christian Aste, Abogado VLA. Villarroel, Lecaros & Aste

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