En vez de redactar una nueva constitución, la convención constitucional decidió escribir un nuevo programa de gobierno. Por eso, no debiéramos sorprendernos de que apenas termine el gobierno de Gabriel Boric, la próxima administración quiera modificar nuevamente la constitución para ajustar su contenido al programa con el que haya ganado esa elección. Además de todos los cambios que se realicen en los próximos dos años al texto constitucional (ya sea modificando la constitución de 1980, si gana el Rechazo, o llenando los vacíos y eliminando algunas de las contradicciones del nuevo texto, si gana el Apruebo), la lógica de cambio constitucional permanente llegó para quedarse. En vez de tener un texto que determine las reglas del juego del proceso político, la constitución chilena será una plataforma para promover programas de gobierno y políticas públicas específicas que van a cambiar cada vez que la gente vote por alternancia en el poder.

Los expertos en constituciones —y aquellos que se dedican a entender cómo funciona la democracia— siempre destacan la importancia de que las elecciones tengan consecuencias. Cuando un gobierno llega al poder, la gente espera ver resultados concretos. Los gobiernos ganan elecciones prometiendo cambios respecto a cómo se están haciendo las cosas. Por eso, es comprensible que cambien el foco y el énfasis de las políticas públicas cada vez que cambia un gobierno. Así como la gente vota a veces para que cambien los partidos que gobiernan y los nombres de los políticos que ocupan cargos importantes, las elecciones también suponen que habrá golpes de timón que harán variar la dirección por la que avanza el país.

Las reglas del juego de la democracia no deberían estar cambiando todo el tiempo.

Pero si tiene todo el sentido del mundo que las políticas públicas y las prioridades de gasto cambien cuando asume un nuevo gobierno, las reglas del juego de la democracia deberían mantenerse estables. Igual que en el fútbol, donde los estilos y estrategias de juego cambian más rápido que las reglas, la democracia debería tener estabilidad en sus normas para así permitir que las políticas públicas evolucionen reflejando los intereses y las voluntades de las personas.

Lamentablemente, la convención constitucional en Chile equivocó el camino y, en vez de redactar nuevas reglas del juego, optó por redactar un programa de gobierno. Los detalles sobre políticas públicas que han sido incorporados al texto de la nueva constitución dejan en claro que la convención está más preocupada del tipo de prioridades que debe tener el próximo gobierno que de las reglas del juego que regirán el quehacer político en las próximas décadas.

| La convención verá con frustración que los futuros gobiernos ignorarán los mandatos de políticas públicas consagrados en el nuevo texto constitucional.

Aunque siempre pudiera ser tentador querer decidir por el pueblo y, más aún, dejar amarrada a la sociedad en elecciones futuras respecto a qué podrán hacer los gobiernos, el juego de la democracia supone que la soberanía en la toma de decisiones siempre está en manos de los electores. Por eso, por más que quiera amarrar a los gobiernos futuros, la convención constitucional no podrá dictar políticas públicas para las administraciones que vengan. Esos gobiernos llegarán al poder y, por las buenas o por las malas, buscarán cambiar la constitución para poder implementar sus propios programas de gobierno. El pueblo, que los habrá elegido para gobernar, apoyará esos cambios precisamente porque serán esenciales para que el nuevo gobierno logre cumplir sus compromisos.

Igual que un niño que juega a hacer muros de arena para evitar que avancen las olas pronto se da cuenta de lo inútil que resulta intentar frenar la fuerza del mar, la convención constitucional verá con frustración que los futuros gobiernos ignorarán los mandatos de políticas públicas consagrados en el nuevo texto constitucional y buscarán imponer sus propias prioridades con el apoyo mayoritario de la ciudadanía que votó por ellos.

| El peor de todos los males de la nueva constitución es que las instituciones quedarán fuertemente debilitadas.

Lamentablemente, los futuros gobiernos no se detendrán allí. Precisamente porque tendrán legitimidad democrática, buscarán también alterar las reglas del juego para poder avanzar con más facilidad —y sin esos molestos y necesarios contrapesos que deben existir en cualquier buen diseño institucional democrático— sus prioridades. Como el cambio a la constitución para privilegiar las políticas públicas que sean promesas de campaña será aceptado como legítimo, los gobiernos futuros aprovecharán esa oportunidad para impulsar otros cambios a las reglas del juego que impliquen el debilitamiento de las instituciones. Pero como la gente difícilmente distinguirá la naturaleza distinta de ambos tipos de cambios, será difícil para los gobiernos resistir a la tentación autoritaria.

Al haber optado por producir un programa de gobierno más que una constitución que establezca reglas del juego justas y legítimas, la convención constitucional ha caído en la tentación de buscar pan para hoy y condenar al país al hambre mañana. Aunque hay muchos artículos en esta constitución maximalista que harán daño a la estabilidad democrática y al desarrollo del país, el peor de todos los males de la nueva constitución es que las instituciones quedarán fuertemente debilitadas precisamente porque a partir del 4 de septiembre el país entrará a un periodo permanente de reformas constitucionales que busquen alterar tanto el programa de gobierno que se esconde en la constitución como las reglas del juego que debieran ser duraderas y consensuadas.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero.

/psg