“Si uno acredita que una persona no se ha presentado en varias oportunidades, no aporta en el probatorio, no entrega domicilios y se niega a ser notificado, valida para que se requiera una orden de detención. Este proceso se está viendo demorado y dificultado por su inasistencia”, dijo este jueves el fiscal Eduardo Ríos, luego de que el juez de Iquique aceptara su solicitud y dictara una orden de detención contra el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).

Por cuarta vez, el exparlamentario no se presentó a la audiencia que revisó la causa en su contra por negarse a un control sanitario de la Armada y amenazar a los funcionarios, en agosto del año pasado, a pesar de los múltiples intentos del Ministerio Público para notificar al imputado y de que estaba en conocimiento de la citación, como lo expresó en su cuenta de Twitter.

El persecutor adjunto de la Fiscalía de Iquique durante su alegato en la audiencia informó que “desde octubre de 2020 el imputado había intentado ser ubicado por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y el propio Tribunal en 23 oportunidades”, lo que fue calificado como una “dilatación del proceso”. Durante seis meses Gutiérrez ha estado inubicable para ser notificado por lo que el juez Diego Reyes aceptó la solicitud y dictó una orden de detención en su contra argumentando que “ha sido renuente a presentarse ante la policía o la Fiscalía y manteniendo una actitud que ha significado la demora o dificultad para obtener su comparecencia”.

“Veintitrés oportunidades que superan cualquier estándar conocido en cuanto ubicar a una persona”, dijo Ríos, quien subrayó que “una persona es ubicada habitualmente en un proceso penal 3 o 4 veces, pero 23 oportunidades es sorprendente”. “Como nadie está por sobre la ley, el Ministerio Público requirió la orden de detención y el Tribunal acogió nuestros argumentos y la decretó”, celebró el fiscal.

Los 23 intentos para notificar al parlamentario ocurrieron entre octubre de 2020 y abril de este año. Además, en al menos dos oportunidades el Ministerio Público citó al imputado cuando todavía era parlamentario de la República -cargo al que renunció en enero para competir por la Convención Constitucional-, al tiempo que le envió citaciones a su correo electrónico para que compareciera y fuera apercibido, todas ellas sin éxito.

En ese entonces la Fiscalía tenía registro de cuatro direcciones de Gutiérrez obtenidas en el Servicio de Impuestos Internos y el Registro Civil en las cuales tenían que intentar notificar al imputado quien no había aportado ningún domicilio concreto. Entre ellas se incluyó su oficina en Iquique, el Congreso en Valparaíso, y el calendario legislativo de la Cámara de Diputados con el fin de que se realizaran “búsquedas positivas”.

En más de 8 oportunidades el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales (CINJ) hizo esfuerzos en vano por notificar a Gutiérrez.

El primero de ellos, según se lee en el expediente judicial de la causa, fue el 28 de octubre, en el que el funcionario registró que “no se encontró la numeración señalada en la dirección descrita. La numeración de departamento salta del 206 al 301, no siendo encontrado el 286”. El 27 de noviembre se insiste con la misma dirección. Esta vez, una “persona adulta”, luego identificada como Carmen Barrera, cónyuge del imputado, señala, según el reporte, que “corresponde al domicilio del requerido, pero no se encuentra en el lugar”. Barrera explica entonces que Gutiérrez “se encuentra en Valparaíso y desconoce cuándo volverá”.

El 4 de diciembre insisten los funcionarios del Poder Judicial y reciben la negativa de los conserjes del edificio, quienes “informan que el denunciado vive allí, pero no se encuentra en el lugar”. Su audiencia estaba programada para el 14 de ese mismo mes, a la cual Gutiérrez no asistió, argumentando que no había sido notificado, y debió reprogramarse para el 3 de marzo.

El 12 de enero continuaron los esfuerzos en Valparaíso donde no encuentran al entonces diputado y señalan que la dirección se encuentra incompleta. En febrero dos nuevos intentos fueron fallidos y Gutiérrez nuevamente no asistió a la audiencia en marzo.

“Todo aquello tenía el efecto de dilatar este proceso y no presentarse”, aseguró el fiscal Ríos. “Sobre todo si el imputado conocidamente es un exparlamentario, es abogado y candidato a la Convención Constituyente no puede obviar y negarlo”, subrayó.

En su relato Ríos aseguró que los familiares y el conserje lo negaban, además que tenían prohibido entregar información de dónde se encontraba, incluso durante el período en que Iquique estuvo en cuarentena, fase en que está prohibido salir de los domicilios sin autorización previa. “Los familiares señalaban que había salido y luego que no sabían dónde estaba, incluso levantamos información de la Comisaría Virtual, si es que había obtenido algún permiso para salir y no tenía ninguno. Ignoro cómo habrá salido del domicilio sin un permiso, el cual tenemos que sacar todos los ciudadanos”, agregó el fiscal.

Los intentos continuaron en marzo en el mismo domicilio de Iquique. Los funcionarios registraron que el conserje no les permitió el ingreso al interior del edificio, pero se comunicaron vía telefonía interna con Carmen Barrera, quien señaló que “no se encuentra en el departamento”. Consta en el reporte: “Se niega a dar información respecto si éste se encuentra en el lugar del juicio”.

El 1 de abril se hicieron tres intentos más en direcciones diferentes. En la primera visita, durante la mañana, una persona adulta informó que no corresponde al domicilio de Gutiérrez y que desconoce de su actual residencia. Más tarde, en una oficina en el segundo piso, nadie atendió y según informan los funcionarios “no se logra confirmar que la dirección señalada corresponde al domicilio del requerido”.

El fiscal informó que esas dos direcciones fueron descartadas, ya que “uno era una sede de un partido político y en el otro no vivía. Por lo tanto, nos quedó un tercer domicilio que es donde debe practicarse la notificación. La insistencia nuestra era en ese domicilio”, explicó.

Allí se dirigieron los funcionarios el 1 de abril por la tarde y recibieron la negativa de Barrera quien aceptó que el denunciado vivía ahí, pero que no se encontraba en el domicilio. “Se niega a aportar cualquier información de su paradero actual, señalando que no está dispuesta a cooperar en nada. El conserje señala que no está autorizado a dar información”, termina el reporte.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Ríos en la audiencia, en otras 7 oportunidades la Policía de Investigaciones, mandatada por el Ministerio Público, intentó concurrir a su domicilio a apercibirlo y citarlo a comparecer a la Fiscalía para “entregar un domicilio, declarar o aportar antecedentes”. A su vez, fue citado otras 6 veces fallidas por la propia Fiscalía para que se presentara, sumando en total al menos 23 intentos para ubicar al exdiputado y actual candidato a constituyente por el distrito 2.

Finalmente, el 7 de abril lograron acreditar que vivía en el edificio y lo notificaron a través de los conserjes, quienes habrían dado pistas de que Gutiérrez sí estaba en su residencia. Para el fiscal Ríos, el imputado estaba “perfectamente notificado” al cumplir los requisitos legales del Artículo 44 que permiten que la notificación se entregue al portero del edificio, por lo que su asistencia a la audiencia era obligatoria.

Entre los detalles que dio durante su alegato, el fiscal Ríos incluyó un acta del jefe de la zona del Centro Integrado de Notificaciones Judiciales que da cuenta de las gestiones que hicieron desde el 30 de marzo para intentar ubicar al imputado. Se incluyen excusas de los conserjes que tenían “prohibido entregar información” quienes, a su vez, les preguntaban: “¿Por qué vienen tantas veces si siempre lo van a negar?”. “Yo sé que se encuentra en Iquique, lo he visto varias veces los últimos días entrar y salir del edificio, pero si llaman al departamento seguro le dirán que no están. Siempre van a decir que no está”, relató Ríos sobre la conversación de los funcionarios con los conserjes del domicilio de Gutiérrez.

Explicó que en el acta el jefe de notificaciones deja constancia sobre un “cambio de actitud observado en los conserjes los últimos días” que le genera una cierta “suspicacia”. Lo anterior, según describió, porque “con anterioridad se negaban rotundamente a entregar cualquier tipo de información, señalando que se les tenía prohibido por el imputado”.

“Publicidad gratuita como el constituyente antisistema”

En teoría, la PDI tiene 30 días para buscar y detener a Gutiérrez, de lo contrario sería declarado prófugo en el sistema del Poder Judicial, y tan solo faltan 15 para las elecciones de constituyentes, a las que postula. Sin embargo, Gutiérrez presentó dos recursos para frenar la causa: una cautela de garantías y un recurso de amparo, este último rechazado por la Corte de Apelaciones.

La orden de detención no fue bien recibida por el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien señaló que esto “busca afectar electividad cierta de Hugo como convencional por Tarapacá. #SolidaridadconHugoGutierrez”, expresó el abanderado.

Según el diputado Andrés Celis (RN), uno de los denunciantes en la causa, “esto es una forma de buscar una publicidad gratuita como el constituyente antisistema, que no respeta las instituciones, que es rebelde, que constantemente injuria, que no respeta ninguna regla”. Espera que se cumpla la orden de detención antes de las elecciones y señala que “lo más probable es que haga show, como está acostumbrado, para darse a conocer un poco más”.

A su vez, critica su forma de hacer publicidad “no sometiéndose a las reglas del ordenamiento jurídico y curiosamente, él quiere ser constituyente, es decir, quiere redactar el marco jurídico que va a regir al Estado, siendo que él ni siquiera se somete a las reglas del Estado”, subraya el parlamentario.

El persecutor Eduardo Ríos dijo que si Gutiérrez no se presenta o no admite responsabilidad arriesga dos penas de 18 meses cada una, que equivalen a 3 años aproximadamente, la que podría ser inferior si admite responsabilidad.

Por Daniela Bas para El Líbero

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