Los integrantes del Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile expresaron este viernes su parecer frente al proyecto de nueva Constitución, anunciando a través de un comunicado las razones por las que no les resulta posible respaldarla.

En el texto, señalan que “no podemos respaldar una propuesta que socava directamente principios elementales de justicia, e introduce ambigüedades y contradicciones de las que podrán resultar importantes vulneraciones contra la dignidad y libertad de las personas, la unidad del país y la paz social”.

Lo anterior, detallan, “ocurre en materias tan fundamentales como el aborto, la eutanasia, la familia, la educación, la libertad religiosa, la autonomía de los cuerpos intermedios, la seguridad jurídica, la independencia judicial y el diseño institucional del poder político, entre otras”.

“Sin desconocer la existencia de algunos aportes valiosos dentro de la propuesta”, complementan, lo antes señalado se funda en tres razones principales, según enumeran:

En primer lugar, “el supuesto y condición fundamental de la realización del bien común es el reconocimiento de la dignidad, trascendencia e indisponibilidad de toda persona, anterior a cualquier poder constituyente o constituido. El proyecto niega este reconocimiento, por ejemplo, al consagrar el aborto como derecho, posibilitar la eutanasia e imponer una concepción ideológica de la sexualidad humana”.

En segundo lugar, “la orientación al bien común exige que una constitución reconozca e integre las realidades sociales anteriores a ella, respetando, así, la indisoluble complementariedad de los principios de solidaridad y subsidiariedad. Sin embargo, el proyecto constitucional otorga al Estado un papel desbordante, restringiendo la autonomía de los otros grupos sociales. Con ello se afecta, por ejemplo, la familia, el deber y derecho de los padres de educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad religiosa”.

Y, en tercer lugar, plantean que “de una Constitución cabe esperar el establecimiento de un régimen fundado en la justicia, lo que requiere unidad política y jurídica, y una equilibrada distribución de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Todo esto se puede alcanzar impulsando mejoras a la distribución del poder político hacia las regiones y comunas con el fin de asegurar una mayor eficacia y cercanía en favor de las personas, y avanzando asimismo en el reconocimiento de la rica diversidad cultural de los pueblos indígenas”.

No obstante, continúa el comunicado, “la propuesta de nueva Constitución, al establecer una particular forma de Estado plurinacional y regional, no logra articular un modelo basado en la realidad de nuestro país. Asimismo, amenaza la debida armonía y los necesarios contrapesos que han de existir en las instituciones republicanas, al erosionar la independencia judicial y el Senado, entre otros aspectos”.

“Expresamos estas consideraciones con el convencimiento de que es misión de nuestra Facultad contribuir, en estos tiempos cruciales para el futuro de Chile, a la debida promoción del bien común y, con ello, a la ansiada paz social”, subrayaron.

El texto está firmado por Gabriel Bocksang H., Decano; Carmen Domínguez S., Vicedecana; Cristián Villalonga T., Secretario Académico; y los consejeros y consejeras: Carlos Amunátegui P., Patricio Carvajal R., Carmen Domínguez H., Carlos Frontaura R., Juan Luis Goldenberg S., Roberto Guerrero V., Cecilia Rosales R., José Pedro Silva P., Alex Van Weezel C., y Felipe Widow L.

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