El Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó una querella por una serie de delitos tras el ataque incendiario que sujetos armados perpetraron dejando a tres personas heridas en el centenario Molino Grollmus de Contulmo la tarde del lunes 29 de agosto.

Tras evaluar su estrategia de percusión penal, el gobierno decidió no invocar una legislación especial como la normativa antiterrorista.

La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, explicó que “la decisión jurídica, que se toma con los equipos jurídicos, tiene que ver con la capacidad de persecución y de conseguir las penas mas altas”.

“La suma de penas por los delitos que se imputan es muy superior a lo que se podría lograr por otras vías. También tiene que ver con la eficiencia de la persecución”, aseguró la autoridad regional.

La querella busca que se sancione a quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado en desarrollo frustrado; robo con violencia e intimidación; incendio; obstaculización del libre tránsito; porte ilegal de arma de fuego y de municiones; y disparos injustificados.

Desde el gobierno sostienen que la decisión de no utilizar una normativa especial se fundamenta en la ausencia de condenas por estos tipos penales en la Macrozona Sur, ante las dificultades que plantea para probar aspectos subjetivos.

En ese sentido, dicen, los delitos por los que se querellaron están asociados a penas severas y privativas de libertad. Igualmente, hacen recordar que tampoco el Ministerio Público realiza imputaciones por delito terrorista cuando persigue hechos de violencia como el ataque ocurrido en Contulmo.

Por ello, se plantea que ante la alta dificultad para probar intencionalidad terrorista en estos delitos, se tomó una decisión en un sentido no ideológico sino que práctico, buscando las más altas penas frente a la gravedad de los hechos.

“La ley antiterrorista no tiene casi ninguna persona que haya sido condenada por esa ley, justamente por las dificultades que presenta y no nosotros lo que queremos es condenar a estas personas y que cumplan las penas que son las penas que merecen”, insistió la delegada regional.

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