El Ministerio Público arremetió en contra de la resolución con que la sexta sala de Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó de forma definitiva a la exministra de Justicia Javiera Blanco, en la causa por los presuntos desvíos de gastos reservados asignados a Carabineros. A través de la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema -vía extraordinaria que pocas veces es ocupada por la Fiscalía- la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, aseguró que los dos ministros que acogieron la solicitud de la defensa incurrieron en “graves faltas o abusos”.

Por medio de un documento de 34 páginas al que accedió La Tercera PM, la persecutora a cargo de la indagatoria pide a la sala penal del máximo tribunal que revoque lo resuelto por el ministro Antonio Ulloa y la ministra suplente Ana María Osorio, el pasado 16 de junio y, en definitiva, permita que se siga indagando a la otrora secretaria de Estado por su presunta responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos. Esto en base a que habría sido una de las autoridades que recibió sobres con dinero en efectivo desde los altos mandos de la institución que hoy también están en la mira de la justicia.

Sostiene la fiscal, entre otros argumentos, que los citados jueces excedieron sus atribuciones al fundamentar su determinación y declarar prescritos los delitos, por cuanto en la revisión y resolución de la petición de la defensa de Blanco -a cargo de la abogada Paula Vial– habrían entrado al fondo de los hechos por los cuales se persigue a la exautoridad, sin que formalmente éstos se les expusieran en su totalidad.

“Para arribar a la decisión, (la Corte) lo hace merced a aseveraciones que implican una valoración de medios de prueba, lo que es privativo del tribunal que conoce del fondo de la causa, del tribunal de Juicio Oral en lo Penal (…) En efecto, es importante desde ya hacer presente que el razonamiento que exhibe la decisión impugnada, supone un conocimiento cabal de los antecedentes de la investigación aún abierta y con plazo vigente, que al día de hoy son acopiados en 88 Tomos, cuyo contenido probatorio que no fue objeto de debate ni de conocimiento, entendiendo además agotada una investigación, a la que insistimos, no han tenido acceso en forma directa”, se lee en el documento.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que integró durante un tiempo la abogada, pero al que renunció al verse involucrada en esta causa penal, también recurrió en contra del fallo que la exculpó y pidió a la Suprema revertirlo para que la Fiscalía siga adelante con el caso.

En el marco de la causa, cabe destacar, la extitular de Justicia fue formalizada por el delito de malversación de caudales públicos que se habrían consumado entre enero de 2007 y febrero de 2010, periodo en que la abogada ocupaba el cargo de subsecretaria de Carabineros, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Se le atribuye, como dan cuenta los antecedentes contenidos en la carpeta, el haberse apropiado de $ 42.138.000, actuando “en concierto” con los generales también encausados.

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