¿Qué valor moral quedaría —si es que alguno— si la Vicaría de la Solidaridad hubiera dicho que solo defendería los derechos humanos de los católicos? Jaime Castillo, uno de los intelectuales que más habían criticado a los socialismos reales, ¿qué inspiración moral nos habría dejado —si es que alguna— si bajo la dictadura se hubiera negado a aportar su inteligencia y bondad para defender a miristas y comunistas? Y nosotros, los que éramos estudiantes en los sesenta, ¿qué recuerdos tendríamos de nuestras luchas si en el nombre de la no intervención en la política de otros Estados nos hubiéramos negado a condenar a los Estados Unidos, por Vietnam, o a Francia, por la tortura en la guerra de Argel?

El movimiento de los derechos humanos en Chile tuvo una enorme fuerza moral, porque personas que políticamente eran muy distintas se unieron para denunciar y combatir el atropello de miles de perseguidos a los que se les negaban sus derechos y dignidad. Sin embargo, eran conscientes de que tenían contrapuestos conceptos sobre derechos humanos.

Una clara expresión de estas diferencias es el intercambio entre el PC y Gabriel Valdés, presidente de la DC (al que la historia no debe olvidar). En el Informe al Pleno de 1977, el PC señaló: “los revolucionarios debemos luchar por la libertad para el pueblo y no para sus enemigos… Por eso no compartimos las posiciones de quienes estiman que la libertad es indivisible y que la revolución y el socialismo deben darle los mismos derechos a todos, comprendidos sus enemigos”.

En 1983, Valdés explicaba que una de las causas que a la DC le creaba mayores dificultades en su relación con el PC era que “cualquier acuerdo político relevante debe fundarse en la afirmación de los derechos humanos como un valor universal… no podemos formar parte de un acuerdo con quienes, en estas materias, creen que la libertad y la justicia son divisibles”.

Para quienes creen que los derechos humanos son divisibles y no universales, el paso siguiente ha sido afirmar que la condena por su violación limita en la soberanía de los Estados. Es la pretensión de toda dictadura: ayer la de Pinochet; hoy las de Cuba, Venezuela y Nicaragua; las de Rusia, Irán, Turquía, China o Arabia Saudita. Esta posición —“no universalista y no injerencista”—, siendo moralmente errónea, ha sido eficaz para capturar, a nivel nacional e internacional, la institucionalidad creada para defender los derechos humanos. A nivel mundial la principal víctima ha sido la ONU, cuya Comisión (hoy Consejo) de Derechos Humanos pasó a ser el lugar donde dictaduras buscaban integrarlo como modo de neutralizar sus decisiones. En octubre de 2020 fueron elegidos como nuevos miembros Cuba, China y Rusia. Sin embargo, no sería justo dejar de reconocer el esfuerzo que hace Michelle Bachelet para, en circunstancias adversas, expresar, con coraje, una opinión crítica sobre Cuba, Estados Unidos, China, Myanmar… o Chile.

Entre nosotros el caso más doloroso es la Comisión de Derechos Humanos, creada y presidida por Jaime Castillo y que bajo su dirección fue inclaudicable en la idea de que estos eran universales e indivisibles. Hoy la CChDH es un remedo de lo que fue: en manos de un dirigente medio del PC, ha devenido en una organización de composición sectaria, opaca en su forma de generación y financiamiento e instrumento de la rancia ortodoxia de un comunismo esclerosado.

En el Parlamento, las comisiones de derechos humanos han sido objeto del mayor interés de quienes sostienen esta visión, siendo en el Senado, su actual presidente, Alejandro Navarro, el más activo defensor de Nicolás Maduro; y en la Cámara de Diputados, hasta hace un año, la presidenta, Carmen Hertz, rígida defensora de la posición de su partido.

En los días que corren, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos está siendo objeto de un implacable ataque. La razón no es la crítica a un ciudadano ejemplar, de notable capacidad y estatura moral, como es Sergio Micco, sino la culminación de una política de captura de la institucionalidad por quienes en esta materia sostienen un inaceptable doble estándar, creen que los derechos humanos no son un valor universal y que la Humanidad, en el nombre de la no intervención en los asuntos internos de los Estados, debe presenciar en silencio cuando las dictaduras humillan, reprimen e incluso masacran a sus pueblos.

Escrito por Genaro Arriagada para El Mercurio

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