Después de haber convertido a la reforma de pensiones en una de sus principales promesas de campaña, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley  al poco tiempo de asumir en marzo de 2018. Ese proyecto buscaba remplazar el que había impulsado Michelle Bachelet, que se basaba en un aumento de las contribuciones al fondo de pensiones, a cargo del empleador, que iría a un fondo público que permitiría crear un sistema paralelo de reparto —o solidaridad. Opuesto a esa idea, el gobierno de Piñera quería que todo el dinero adicional fuera a las cuentas individuales de los trabajadores. Después de que el proyecto estuvo estancado por más de un año en la Cámara de Diputados, y en medio del estallido social, el gobierno hizo algunas concesiones importantes para conseguir el apoyo de algunos legisladores del PDC. Entre esas concesiones, se aceptaba que un porcentaje de las nuevas cotizaciones iría a un fondo común y que el Estado haría un mayor sacrificio al asignar un presupuesto más alto al subsidio público a las pensiones más bajas.

Pero una vez aprobado en la Cámara, la pandemia, la crisis económica y profundas discrepancias sobre qué tanto debía basarse el sistema en el ahorro individual o en un reparto solidario —administrado por un ente público— hicieron que el proyecto quedara estancado en el Senado. Ahora, a un mes de que se elija a los miembros de la convención constituyente y después de dos retiros masivos de fondos de las AFP que han debilitado el sistema privado de pensiones y que han alimentado las esperanzas de sus detractores de eliminarlo, el gobierno ha anunciado una nueva propuesta para destrabar el proyecto en el Senado. Como era de esperar, la propuesta representa una modificación importante respecto a las concesiones que ya había hecho el gobierno ante la Cámara de Diputados, pero probablemente esa modificación no será suficiente para lograr el apoyo que el gobierno necesita en el Senado, controlado también por la oposición. Para lograr el humo blanco en la negociación, el gobierno deberá hacer más concesiones.

No deja de ser irónico que la versión actual de reforma que ofrece el gobierno se parece más a la que había presentado Bachelet en 2015 (la reforma propuesta por el entonces ministro de Hacienda Rodrigo Valdés) que al propio proyecto de Piñera presentado en 2018. Aunque en su momento le advirtieron que su proyecto no tenía ninguna chance de pasar por el Congreso, Piñera insistió en una estrategia inviable que ha demorado de forma innecesaria la aprobación de esta reforma que, entre otras cosas, obligará a que se destine un mayor porcentaje del sueldo bruto de los trabajadores para sus ahorros de pensiones.

Entre 2018 y hoy, además del estallido social, los dos retiros del 10% de los ahorros que tienen los chilenos en sus fondos de pensiones han cambiado mucho la correlación de fuerzas en el debate sobre qué tipo de sistema de pensiones debiera tener el país. Las AFP, que nunca han tenido una buena reputación (en buena medida porque han fallado groseramente en lograr comunicar cuál es su tarea y porque sus comisiones son particularmente altas), son el enemigo favorito de todos los que piden que se termine con el abuso.  Por eso, muchos de los candidatos a la convención constitucional han centrado sus promesas de nuevos y más derechos sociales en mejorar las pensiones. Parece razonable que, independientemente de quiénes sean electos para la constituyente, la reforma al sistema de pensiones sea un tema central en el debate de la nueva Constitución.

Es verdad que no hay razón para que la Constitución discuta qué sistema de pensiones tendrá el país. Pero en la medida que el interés de los chilenos por una nueva constitución se basa en que la gente quiere más y mejores derechos sociales, el debate sobre el sistema de pensiones inevitablemente será parte del proceso constituyente. De igual forma, porque el 4 de mayo se deben realizar las inscripciones de las candidaturas presidenciales para las primarias del 4 de julio, los aspirantes a suceder a Sebastián Piñera en la presidencia de la república tomarán la reforma de pensiones como una de sus banderas de lucha, independientemente de lo que ocurra con la reforma que ahora impulsa Piñera en el Senado—y que probablemente deberá pasar por comisión mixta, lo que demorará aún más su tramitación.

No sabemos en qué terminará la reforma de pensiones que impulsa el gobierno del presidente Piñera. Podemos anticipar que, si llega a pasar, el gobierno deberá hacer concesiones adicionales a las que ya ha hecho.Y también que, con o sin reforma de Piñera, el debate sobre el sistema de pensiones del país será tema central en el proceso constituyente que se inicia el próximo mes y en la campaña presidencial que también está ya comenzando.

/Escrito por Patricio Navia para El Líbero

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