Chile está a punto de reformular la estructura económica y política de su sistema de libre mercado con una nueva Constitución que eliminaría el Senado, reduciría la minería y daría un amplio poder a los grupos indígenas.

El borrador de la Constitución de 499 artículos, finalizado este mes, enterraría la actual carta magna, otorgaría amplios derechos sociales y cambiaría el rumbo económico de un país considerado un modelo de desarrollo en América Latina.

“Chile no va a ser el mismo país”, dijo Patricio Navia, politólogo chileno de la Universidad de Nueva York. “Va a ser un cambio drástico”, agregó.

La versión final será presentada al nuevo presidente de izquierda, Gabriel Boric, en una ceremonia en julio y será votada en un referéndum en septiembre.

La Constitución concedería a los grupos indígenas autonomía sobre las tierras ancestrales y les permitiría crear sus propios sistemas de justicia. Las empresas mineras no se nacionalizarán, pero la estabilidad a largo plazo consagrada en la Constitución actual para los inversionistas extranjeros se elimina gradualmente en el texto propuesto. El Banco Central seguirá siendo autónomo.

La nueva carta exigiría el mismo número de hombres y mujeres en todos los organismos públicos. El aborto sería legal. En una disposición imprecisa, se concede a la naturaleza el derecho a ser protegida, y la Constitución establece salvaguardas más fuertes para los glaciares.

“Vamos a dejar atrás una Constitución que instaló un modelo neoliberal… y comenzaremos una nueva era social y política”, dijo Camila Zárate, miembro de la asamblea que redactó la constitución. “Lo que queremos ahora es establecer nuevas reglas para que esta economía avance con justicia social, con justicia ecológica”.

La redacción de una nueva Constitución ha sido controvertida en Chile. Los conservadores dicen que sus ideas nunca fueron tomadas en serio en la asamblea. Los grupos empresariales afirman que sus políticas perjudicarían a los intereses mineros y forestales, que hicieron de este país de 18 millones de habitantes el más próspero de la región. Los expertos constitucionales también dicen que la descentralización de las funciones del gobierno -con el derecho de los gobiernos regionales a cobrar impuestos y pedir préstamos- podría fomentar la corrupción, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos.

A medida que el gran alcance del proyecto se hizo evidente para las personas en Chile, la oposición ha crecido. La encuestadora Cadem dijo el 22 de mayo que el 46% de los votantes rechazaría la nueva Constitución en el referéndum, mientras que el 37% la aprobaría y el 17% estaría indeciso. Si se rechaza, la Constitución actual se mantendría en vigor, lo que supondría una derrota para el Sr. Boric, quien apoya el cambio de la carta magna.

“Nunca se nos dio espacio para participar”, dijo Bernardo Fontaine, miembro de la asamblea constituyente de centroderecha, que sólo tenía una minoría de escaños. “Al excluir a la derecha, esta constitución no es una gran carpa para todos”, agrega.

Chile se embarcó en la sustitución de su actual Constitución después de que las protestas masivas por una serie de reclamos sociales conmovieran a la nación en 2019.

Los partidarios de una nueva Constitución dicen que la actual es ilegítima porque se puso en marcha durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Mientras, muchos otros chilenos atribuyen a la actual carta, modificada en varias ocasiones, el haber sentado las bases de años de sólido crecimiento económico. La pobreza se redujo al 10% desde el 40% en 1990, cuando Chile volvió a la democracia, ya que la fuerte protección de la propiedad privada atrajo a los inversionistas extranjeros.

La redacción de una nueva Constitución ha alimentado la incertidumbre sobre el futuro de las normas fundamentales para gobernar la nación, lo que ha llevado a empresas, como la minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc., a suspender sus inversiones. Esto aumenta los riesgos de una economía que se enfrenta a una recesión este año, según los analistas, con una inflación que se ha disparado hasta el 10%.

Algunos chilenos mantienen la esperanza de que la nueva Constitución cree una sociedad más justa en un país que lucha contra la desigualdad. Juan de Dios Paillafil, miembro del pueblo indígena mapuche y alcalde de una pequeña ciudad (Saavedra, comuna de la provincia de Cautín en la región de La Araucanía), dijo que reforzará los derechos de los grupos nativos históricamente marginados que han luchado por recuperar el control de sus tierras ancestrales.

“Todas nuestras reivindicaciones históricas están en la nueva Constitución, empezando por el reconocimiento por parte del gobierno de un Estado plurinacional”, dijo Paillafil.

El nuevo gobierno de Boric afirma que la nueva Constitución será beneficiosa en un país en el que una encuesta realizada por Latinobarómetro, con sede en Santiago, mostró que la confianza en el gobierno cayó al 18% en 2020 desde el 65% en 2009.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que espera que las preocupaciones de los inversionistas disminuyan porque las propuestas económicas más radicales, como la nacionalización de la industria minera, fueron rechazadas por la asamblea.

“Creo que gran parte de la incertidumbre se disipará”, dijo a The Wall Street Journal. “En el aspecto económico no hay sorpresas negativas”, plantea.

Pero otros economistas afirman que la Constitución podría desalentar las inversiones privadas, incluso en la minería, donde la actual carta magna ofrece fuertes protecciones legales a las empresas que, previsiblemente, se enfrentarán a una supervisión medioambiental más estricta. Las comunidades indígenas tendrían más poder de decisión sobre los proyectos de inversión cerca de sus tierras.

“No tengo ninguna duda de que va a ser mucho más difícil hacer minería en Chile en los próximos años”, dijo Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, una consultora minera.

El Senado sería sustituido por una cámara más débil que represente las regiones de Chile, mientras que una Cámara Baja más fuerte del Congreso podría legislar sobre el gasto público, algo que actualmente corresponde al Presidente. Los derechos a la vivienda, la salud y la educación en la nueva Constitución impulsarían el gasto, lo que suscitaría preocupaciones sobre la disciplina fiscal que Chile mantiene desde hace tiempo, dijo Sergio Urzúa, economista chileno de la Universidad de Maryland.

“Me resulta difícil ver cómo esto no afectará a nuestras posibilidades de desarrollo”, dijo Urzua.

William Snead, estratega de renta fija del BBVA en Nueva York, dijo que la nueva Constitución corre el riesgo de debilitar la independencia del Banco Central mediante una disposición que permite al Congreso remover a los directores de la institución. La carta magna daría lugar a mayores impuestos que podrían afectar a las inversiones privadas, añadió Snead.

“Eso podría llevar a una economía menos competitiva en general”, dijo, y agregó que “implementar todos estos programas tiene un coste”.

Aunque los inversionistas dicen que Chile mantendría su nota de inversión, es probable que su calificación se rebaje, lo que supondría un mayor costo de los préstamos para la nación. El sistema privado de pensiones, una importante fuente de financiamiento para las empresas, pero criticado por muchos jubilados por sus bajos pagos, se debilitaría significativamente con la creación de un fondo público de pensiones.

“La gente tenderá a elegir el sistema público o el gubernamental”, dijo Edgardo Sternberg, vicepresidente y gestor de carteras de deuda de mercados emergentes de Loomis Sayles, con sede en Boston. Eso, dijo, significaría probablemente “una muerte lenta del sistema privado”.

Si los votantes aprueban la Constitución, Chile se convertirá en el último país en reemplazar su constitución en América Latina, una región que, según los expertos, se ha convertido en el laboratorio mundial para la redacción de constituciones en los últimos años. Con cerca de 50.000 palabras, más o menos la extensión de una novela corta, la de Chile se asemejaría a las extensas constituciones comunes en toda América Latina que incluyen montones de derechos sociales, muchos de los cuales nunca se implementaron debido a los costos.

La Constitución brasileña de 1988 cargó al gobierno con gastos obligatorios para la jubilación, la asistencia sanitaria y otros costos, a los que los economistas culpan de los prolongados problemas fiscales. La constitución venezolana de 1999 otorgó enormes poderes al presidente Hugo Chávez, lo que contribuyó a convertir a Venezuela en un estado autoritario de partido único dirigido ahora por Nicolás Maduro.

Si los votantes chilenos aprueban el proyecto, un nuevo consejo de 17 miembros, nueve de los cuales no serían jueces, nombraría y sancionaría a los jueces, debilitando potencialmente la independencia de los tribunales, dijo Arturo Fermandois, un abogado constitucionalista y ex embajador de Chile en Estados Unidos.

“El sistema de controles y equilibrios queda desmantelado por la nueva Constitución”, dijo.

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