Un reporte altamente sensible para la industria norteamericana plantea que Chile incumple el TLC bilateral y pone al país en la misma categoría de “lista roja” que Venezuela y Argentina.

Qué observar. Cada año, el gobierno de EE. UU. libera un reporte sobre cumplimiento global de los países en materia de propiedad intelectual. El asunto es altamente sensible para Washington, dado que su economía se sostiene en buena medida en la innovación y derechos asociados a la creación de tecnologías.

  • El informe, conocido como Reporte Especial 301, lo prepara desde 1989 la Oficina de Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), por mandato del Congreso de ese país. Es ampliamente conocido en los círculos de negociadores de acuerdos y diplomáticos con especialización comercial.
  • Uno de los puntos fuertes del vínculo entre Chile y Estados Unidos corresponde al Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, vigente desde 2004. Boric lo mencionó en su discurso a los inversionistas durante el capítulo de negocios de la Cumbre de las Américas (IV CEO Summit of the Americas) que se desarrolla hasta mañana en Los Ángeles, California.
  • La USTR liberó el pasado el 27 de abril el Reporte Especial de 2022. Pasó inadvertido para el público en Chile. Internamente, Cancillería, en particular la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), lo conoce desde un mes y medio antes de la visita del Presidente Gabriel Boric a California, donde este jueves tiene programada la reunión con el presidente Joe Biden.

Lista roja. El reporte describe una lectura negativa del comportamiento de Chile. “Estados Unidos continúa teniendo serias preocupaciones con respecto a los problemas de implementación de larga data con una serie de disposiciones de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile”, señala.

  • El texto ubica a Chile en la “Priority Watch List” (Lista de Vigilancia Prioritaria), también conocida como “lista roja”. En esa categoría se encuentran “aquellos países que tienen los actos, políticas o prácticas más onerosos o atroces y cuyos actos, políticas o prácticas tienen el mayor impacto adverso (real o potencial) en los productos estadounidenses relevantes”. Chile se ubica allí desde hace 15 años, cuando el reporte 2007 describió la decepción norteamericana por las políticas practicadas por Santiago en propiedad intelectual.
  • Chile aparece este año en la misma categoría que Argentina, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Es el único país en la “lista roja” con el cual EE. UU. tiene un TLC bilateral, lo cual hace más crítico el informe.
  • En 2006 fue la última vez en que Chile apareció en una categoría denominada “Watch List” (Lista de Vigilancia) o “lista amarilla”. Hasta ese año, Estados Unidos consideraba que Chile hacía esfuerzos, aunque insuficientes, por mejorar sus estándares en protección a la propiedad intelectual. Y en particular, esperaban que luego del TLC bilateral Chile realizara cambios en su legislación. Precisamente el capítulo sobre propiedad intelectual fue el último que se cerró en las negociaciones comerciales, cuando el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, debió inmiscuirse personalmente en las tratativas.

Las acusaciones de la industria. En la elaboración del informe, la USTR plantea un período de recepción de comentarios de la industria, los gobiernos y el público en general. Algunos gremios, como la poderosa Cámara de Comercio de EE. UU., enviaron sus comentarios. No se registran comentarios oficiales del gobierno de Chile, que tenía plazo hasta febrero (aún en la administración de Sebastián Piñera) para el envío.

  • “Dada la escala y el tiempo de los problemas y compromisos de piratería de Chile, la Cámara de Comercio de EE. UU. solicita al gobierno de EE. UU. que tome medidas significativas y decisivas que restablezcan la credibilidad al hacer que la ley chilena cumpla con sus compromisos de este TLC de dos décadas”, indica el gremio norteamericano en un documento (fechado el 31 de enero) obtenido por Ex-Ante.

Los principales cuestionamientos de EE. UU. El reporte apunta a sectores específicos que considera preocupantes, sobre todo en las áreas de tecnología, encriptaciones y patentes farmacéuticas.

  • “Estados Unidos continúa instando a Chile a ratificar e implementar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991)”, dice el informe.
  • Luego describe que “Chile aprobó una ley que establece sanciones penales para la importación, comercialización y distribución de dispositivos de decodificación utilizados para el robo de señales satelitales portadoras de programas encriptados, pero Estados Unidos insta a Chile a aclarar el alcance completo de las actividades penalizadas en la implementación de la ley”.
  • En otro tema, Washington urge a Chile a mejorar sus estándares relacionas con la recepción de “señales satelitales portadoras de programas cifrados y descodificados ilegalmente, así como la posibilidad de que las partes interesadas en las señales satelitales robadas inicien una acción civil”.
  • Y en un área que se repite desde hace décadas, el reporte apunta que los reclamos de las farmacéuticas norteamericanas por “solicitudes para comercializar productos farmacéuticos y sobre la provisión de protección adecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de pruebas no divulgadas u otros datos generados”.

Avances, pero insuficientes. Entre los avances, la USTR reconoce que Chile se pliegue al Protocolo del Arreglo de Madrid sobre marcas, y menciona la nueva legislación vigente desde enero de este año que moderniza aspectos del régimen de propiedad intelectual, entre otras materias.

  • “Estados Unidos valora el compromiso de Chile con Estados Unidos y los pasos que Chile ha tomado como un intento de resolver los problemas actuales relacionados con el TLC con Chile, pero han pasado más de 18 años desde que el TLC con Chile entró en vigor. Sigue siendo fundamental que Chile muestre un progreso tangible al abordar los problemas de implementación del TLC de Chile de larga data y otros problemas de propiedad intelectual en 2022”, concluye.

La evaluación. De acuerdo con el abogado Maximiliano Santa Cruz, exdirector del Instituto de Propiedad Industrial (Inapi), “los cambios legislativos recientes, particularmente los hechos a la ley de propiedad industrial, van en otra línea. Se hacen para ajustar la ley a las realidades del comercio, acercando la legislación a la forma en que nuestros emprendedores, universidades y empresas funcionan. Los cuestionamientos de EE. UU. son principalmente a la falta de implementación de aspectos puntuales del TLC entre ambos países. Son temas muy puntuales que deben encapsularse y resolverse, pero que no desmerecen el buen funcionamiento del sistema de propiedad intelectual chileno”.

  • Sin embargo, el socio fundador de Santa Cruz IP nota que “la relación entre la aprobación de medicamentos y eventuales infracciones de patentes fue siempre un tema de preocupación para EE. UU., pero ambos países difieren en cómo interpretan el TLC y en la práctica nunca ha sido un problema. Chile ha sido muy cuidadoso en esto. Pero a diferencia de este tema, donde hay una diferencia de interpretación, ha habido algunos temas en los que Chile se comprometió, pero su implementación ha tomado más tiempo del debido. Uno de ellos, la protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, se implementó pero aparentemente EE. UU. tiene dudas sobre cómo se hizo”.
  • En otro tema, dice el especialista, referido a “la elusión de medidas tecnológicas de protección, esto es, los candados tecnológicos que protegen ciertas obras, como se reconoce en el informe, ya se envió al Congreso un proyecto de ley, que en mi opinión es perfectible”.
  • “Un tercer tema”, agrega Santa Cruz, “es el de la aprobación del Acta de 1991 de UPOV (la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), acuerdo que ya fue aprobado por el Congreso pero que no ha depositado ante UPOV pues falta implementar las disposiciones acuerdo en la ley nacional”.

Los organismos a cargo. Ninguno de los puntos más cuestionados por Estados Unidos se vinculan directamente con el Inapi. Desde esa entidad, de hecho, derivaron las consultas a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), que dirige José Miguel Ahumada. Como académico -antes de asumir como autoridad-, Ahumada se había destacado como un crítico a la política comercial chilena aún altamente basada en TLC, como el con Estados Unidos.

  • La visión se Ahumada sobre el acercamiento con EE. UU. es crítica. En un capítulo de libro de 2018, expone sobre “cómo los intereses de la clase capitalista exportadora de Chile en asegurar las reglas del libre comercio fueron complementarios al imperialismo informal estadounidense desde la década de 1990 hasta finales de la década de 2000. El capítulo se centra en las presiones de EE. UU. y la pérdida de soberanía económica de Chile en la Organización Mundial del Comercio y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y EE.UU.”, dice en el resumen de ese texto llamado “Chile’s trade policies in the context of US contemporary imperialism“.
  • Ex-Ante consultó esta tarde a la Subrei sobre su evaluación del Reporte Especial 301 de 2022, pero hasta el cierre de esta edición no había una respuesta.

Lea el Reporte Especial 301 de la USTR (en inglés) a continuación:

2022 Special 301 Report by Contacto Ex-Ante

Original de ex-ante.cl

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