“Yo creo que la percepción ciudadana es una percepción de temor, de que hay hechos delictuales, pero particularmente, de hechos delictuales violentos”. Así resumió este martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el escenario de la llamada “crisis de seguridad” que atraviesa el país y los distintos focos en que esta problemática se expresa en el territorio.

Tal como lo señaló ayer tras el firma del convenio junto a Aduanas y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) para potenciar el control y fiscalización de armas en el Aeropuerto de Santiago, no hay una variación significativa respecto a lo que ocurría en 2019 con los delitos de mayor connotación social, pero hay un cambio en los tipos de delito: con más presencia de robo con violencia y homicidios que, en gran medida, se cometen con arma de fuego.

Entre las acciones para controlar y perseguir estos delitos, Monsalve detalló esta mañana a Tele13 Radio que se están ejecutando acciones, como una agenda legislativa que vaya en esa línea, donde, por ejemplo, la próxima semana, en la comisión de Seguridad Pública del Senado, se empieza a votar la ley de narcotráfico, a la que el Ejecutivo ingresó indicaciones.

“Y ahí hay elementos que le van a permitir al Estado perseguir de mejor manera el delito organizado”, donde se incorporan nuevas figuras, como “decomisar el patrimonio que se obtiene a partir del delito”, y en el caso de las encerronas, se incorporarán “las comercializadoras que se dedican al arriendo de vehículos entre las instituciones que tienen que informar a la Unidad de Análisis Financiero”, y también se identificará el uso de menores en estos ilícitos.

Demandas a autopistas

Ayer se conoció que un estudio de abogados está preparando una demanda colectiva contra las concesionarias de las autopistas urbanas de la Región Metropolitana, a raíz de las encerronas que han ocurrido en ellas.

Frente a ello, el subsecretario planteó que “las autopistas cumplen con un contrato, la concesión está regulada por un contrato y las medidas de seguridad que le corresponden a las concesionarias están establecidas en ese contrato. Por lo tanto, en el proceso de demanda que tienen legítimo derecho las ciudadanas y ciudadanos, habrá que ver si la concesionaria está cumpliendo o no con lo establecido”.

De todos modos, recalcó que en el caso de La Araucanía y el Biobío, el Gobierno está modificando dichos contratos con las concesionarias para brindar mejores condiciones de seguridad en las rutas. En esas zonas, los tramos en la ruta 5 Sur, no tenían incorporado medidas de seguridad como cámaras de vigilancia o lectores de patente, por lo que “vamos a hacer una modificación del contrato cuya resolución se va a firmar ahora en agosto”, acotó.

En el caso de la RM, el subsecretario dijo no estar incorporado en el proceso, pero recordó que la ministra del Interior, Izkia Siches, instruyó al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara a incorporar un plan respecto a las encerronas.

“Es muy importante saber para qué se cometen los delitos: se cometen para hacer un negocio. Es cierto que algunos se usan para cometer otros delitos, pero generalmente se roban para clonarlos, otros se reducen, por lo tanto junto con las medidas de prevención, es importante atacar el fondo del delito”, complementó Monsalve.

Overoles blancos

Este martes, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, Álvaro Carter y Cristhian Moreira, entregarán en La Moneda una carta dirigida al Presidente de la República para que patrocine y dé urgencia a proyecto Ley Aula Segura 2.0, “para que ningún ‘overol blanco’ reciba beneficios estatales en la educación superior y, a su vez, que el Gobierno se querelle por Ley de Seguridad del Estado”, tras los hechos de violencia ocurridos ayer en Santiago.

Al respecto, el subsecretario dijo que “los desórdenes públicos que tienen como objetivo el lanzamiento de bombas molotov o la quema de buses que se producen en torno a establecimientos educacionales son hechos gravísimos (…) lo consideramos tan grave que la política de Ministerio del Interior es querellarse sobre todo con estos delitos, particularmente en torno a ataques incendiarios, y las penas asociadas son bastante altas”.

“Ayer se tomó detenido a un joven, y esto es muy importante, porque en delitos graves no puede instalarse la idea de que hay impunidad”, dijo Monsalve. Sin embargo, al ser consultado por una querella bajo la Ley de Seguridad del Estado, la autoridad recalcó que las penas por incendio “son altísimas”, además calificó como “debatible” quitarle beneficios para la educación superior, puesto que “las personas deben cumplir con las penas que establece la ley”.

Macrozona sur y dichos de Llaitul

El viernes se realizará en el Congreso una sesión especial para la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, que el Gobierno ya definió que se mantendrá para las zonas en que hoy rige, sin incorporar a Los Ríos, donde se anunciaron “medidas de seguridad previas”.

“El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha decidido decretar un estado de excepción justamente para garantizar la seguridad de las personas. El 94% de los hechos de violencia rural que ocurren en la macrozona sur, ocurren donde hay estado de excepción”, sostuvo.

De todas formas, dijo no estar en el escenario de que se rechace la prórroga, puesto que “vamos a entregar antecedentes, elementos de juicio y buscar que se apruebe. Creemos que van a estar los votos para aprobarlo”.

Asimismo, abordó los dichos del líder de la CAM, Héctor Llaintul, quien en Werken Noticias habló de la necesidad de “canalizar la violencia hacia el sabotaje bien dirigido, hacia insumos, maquinarias (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores”, sostuvo.

A juicio de Monsalve, “sacar a un adulto mayor de una casa con un arma, bajar a un conductor de un camión y amenazarlo con un arma de fuego, no entiendo cómo puede ser considerado respetar a los trabajadores. No comparto para nada las afirmaciones que hace Héctor Llaitul, que quiere mostrar una política de respeto a las personas, cuando las personas que viven en la zona se sienten amenazadas y viven con miedo”.

“Nosotros estamos contra todo ejercicio de violencia que no se justifica en un régimen democrático. Hay un problema profundo en el sur de Chile. El Gobierno considera que hay un problema político que requiere una salida política, que tiene que ver con una demanda histórica de derechos por parte del pueblo mapuche, pero eso no justifica la comisión de hechos de violencia que afectan a las personas y en muchos casos, quitan la vida de las personas”, remarcó.

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