Si hubiera que encontrar una palabra que englobe el discurso del actual gobierno, esa sería DIGNIDAD, el lema del estallido del 18/O, y que cruza todo el discurso de nuestras actuales autoridades. Y si esa es la meta, ¿puede haber algo más digno para una persona que poder darse a ella misma y a su familia buenas condiciones de vida a través del fruto de su trabajo? Ese debería ser un objetivo en que la gran mayoría estemos de acuerdo, sin embargo, el programa de gobierno no sólo no avanza en esa dirección; tengo la impresión de que retrocede.

Los datos en materia laboral son alarmantes. A fines de 2013 el empleo asalariado privado era de 5 millones, llegando actualmente, casi una década después, a 5,3 millones, con un aumento de la población en edad de trabajar de más de 2 millones en ese lapso. Se trata de un mercado laboral prácticamente estancado, que debería ser el centro de las preocupaciones de política pública. Sin embargo, el gobierno ha centrado su discurso de la dignidad en los derechos sociales, el Estado intentando resolver las necesidades de bienes y servicios de las personas, pero haciendo casi nada para que sean las propias personas las que generen sus ingresos. Sin duda, este estancamiento del mercado del trabajo es una de las causas más importantes de la frustración, y me temo que, en la búsqueda de mayores recursos para pagar esos derechos sociales, terminemos dañando aún más el acceso a mejores condiciones de trabajo.

Las tres reformas más importantes del gobierno, ordenadas de acuerdo con la magnitud del daño que generan en el mercado laboral, son la tributaria, la previsional y la reducción de jornada de 45 a 40 horas semanales, cuyos efectos combinados son una seria amenaza a la generación de nuevos puestos de trabajo. La reforma tributaria, tal como fue presentada, no sólo castiga los retornos de la inversión con la desintegración; lo más grave es que lleva a que la mejor decisión sea reducir el stock de capital, expatriándolo antes de que se aplique, y retirando utilidades retenidas, profundizando el error que se cometió con el Impuesto Sustitutivo del FUT. El mensaje de esa reforma es uno solo: “No acumule patrimonio en Chile, porque lo vamos a castigar si lo hace”.

Ya llevamos varios meses con salidas de capitales, que sólo se profundizarán si esta reforma se aprueba. ¿Y son los dueños de ese capital los que más se perjudican? No, el mayor daño es para los trabajadores. La inversión, que ha crecido a una tasa promedio real anual de 0,4% en la última década, se mantendría estancada, con un efecto equivalente en la ocupación. Pero se debe agregar además un aumento en la tasa de cotización previsional, de cargo del empleador, que agravará el empleo informal. En Chile no sólo existen 2,4 millones de trabajadores informales sin cotizaciones; hay además 36 mil empresas informales, que difícilmente dejarán esa condición frente a un aumento importante del costo laboral.

Queda, por último, la reducción de jornada, que es valorable desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida y lograr un mejor equilibrio entre trabajo y familia, pero que, en este contexto, amplificará el efecto negativo en el empleo. Si no se hace en conjunto con mayor flexibilidad llevará a las empresas grandes a acelerar el proceso de automatización, y hará aún más difícil para las pymes su sostenibilidad financiera. En resumen, esta agenda de reformas, cuyo objetivo es lograr mejores condiciones de vida para los sectores medios y vulnerables, tendrá sin duda el efecto contrario.

¿Ha hecho algo el gobierno por dinamizar la actividad económica? El crecimiento está muy presente en el discurso, pero lamentablemente no ocurre lo mismo en las políticas. Hice un esfuerzo por encontrar algo positivo en este ámbito, y algún grado de reconocimiento puede tener el Ministerio de Obras Públicas, con un nuevo mecanismo de reajuste para contratos futuros, que se hace cargo del importante aumento de costos que ha tenido esta industria, aunque no aplica aún para las licitaciones en ejecución. Esta era una medida muy necesaria, en todo caso, claramente insuficiente como agenda pro crecimiento. Esperemos que los próximos anuncios del Ministerio de Economía para acelerar la inversión y la productividad se hagan cargo de las muy malas expectativas de desarrollo y empleo futuro, situación que las reformas centrales de este gobierno sólo profundizan. La esperada DIGNIDAD difícilmente se hará realidad.

Por Cecilia Cifuentes, economista, ESE Business School, para El Líbero

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