El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela menciona a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad con nombre y apellido. A diferencia de los documentos previos elaborados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el informe de 443 páginas presentado por la Misión el 16 de septiembre nombra a Nicolás Maduro, a su Ministro de Defensa, así como a los cuatros titulares que ha tenido el Ministerio de Interior en los últimos seis años.

El documento apunta: “La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad” y agrega en otro punto: “Por todas estas razones, la Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”. Además, en sus recomendaciones insta a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente para las víctimas.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que solo hay tres gobiernos en el mundo señalados por crímenes que aparecen en el Estatuto de Roma: está el caso de la República de la Unión de Myanmar en Asia también conocida como República de Birmania por el genocidio contra los musulmanes rohinyás; el del presidente de Siria Bashar al-Ásad, señalado por el uso de armas químicas en la guerra civil de su país, y ahora Maduro.

“Esto tiene una enorme trascendencia porque gobiernos autoritarios hay muchos, pero gobiernos señalados por Naciones Unidas de crímenes que están en el Estatuto de Roma solo esos tres”, diferencia Daniels.

En julio de 2019, cuando la Alta Comisionada Bachelet presentó un informe sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, tras una visita de funcionarios de su Oficina en marzo de ese año al país petrolero, seguida de una visita en el mes de junio de la propia Bachelet, se presentó una radiografía de la gravedad de la crisis venezolana, pasando por la salud, la alimentación, la existencia de presos políticos, desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. No obstante la gravedad de las situaciones que describía, el documento en sí mismo no constituía una evidencia para sentar a Maduro en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional. En cambio, el documento elaborado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sí puede usarse para este fin.

“Nos parece que lo avanzado en el informe y las conclusiones a las que llegan, en las que aparecen motivos razonables para entender que en Venezuela hay un patrón de violaciones sistemáticas a los DD.HH. y que muchas de ellas se constituyen en crímenes atroces, específicamente de lesa humanidad, va a ayudar al impulso de este procedimiento activado en la Corte Penal Internacional. Un ejemplo es el caso de Myanmar en el que ocurrió así en términos de acortar y avanzar en la investigación”, explica Bibi Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, Cepaz.

Para los activistas venezolanos en Derechos Humanos, la labor de ambas instancias es complementaria, aunque no hay dudas de que el informe presentado por la Misión fue mucho más contundente, en la medida que sí identifica culpables.

“Los informes de la Alta Comisionada, al igual que los informes de la Comisión Interamericana, tienen la misma naturaleza, que es determinar la responsabilidad del Estado y es al Estado a quien compete sancionar las responsabilidades individuales. La Alta Comisionada lo que dice es ‘detecto aquí un patrón de tortura y usted, Estado que ha firmado los tratados internacionales en DD.HH., está obligado a sancionar’. La naturaleza de una misión de determinación de hechos es diferente porque en el mandato se le pide expresamente que determine esa responsabilidad individual”, afirma Daniels.

Borges lo resume en que la oficina encabezada por Bachelet ha tenido una labor más de monitoreo y cooperación técnica. Mientras la Misión tiene un mandato más específico, producto de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se trata de un órgano temporal, no jurisdiccional, que debe investigar hechos ocurridos desde el año 2014 únicamente relacionados con desaparición forzada, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; y cuyo mandato -de no alargarse, como solicitan las víctimas y ONG venezolanas- termina este mes.

Daniels dice que rara vez un Alto Comisionado ha señalado a un gobernante por la comisión de actos señalados en el Estatuto de Roma. La excepción, dice, fue la alta comisionada Navanethem Pillay, que en el caso de Siria dijo que Bashar al-Ásad estaba implicado en crímenes de guerra.

De hecho, otro de los puntos destacados por los activistas en Derechos Humanos es que la Misión no utilizó los informes previos elaborados por la Oficina de la Alta Comisionada “para garantizar la independencia y el trabajo imparcial. Tuvo que levantar su propia información. No utilizó los informes de la Oficina, pero esos fueron los documentos previos y están en consonancia con los informes de la Misión”, asegura Borges.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

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