Es evidente que mientras más se demore el acuerdo para una nueva hoja de ruta que permita reemplazar la constitución actual, más restricciones tendrá el proceso y menos espacio para innovar tendrá el órgano encargado de redactar el nuevo texto. A su vez, mientras más poderosa sea la camisa de fuerza que tenga el nuevo órgano, menos sentido tendrá realizar una elección democrática para escoger a sus miembros. A medida que van pasando los días, parece más claro que la nueva constitución será solo una versión mejorada de la constitución de 1980. Por ello resulta innecesario darse la vuelta larga de escoger a una nueva convención constitucional si ya sabemos qué va a decir el texto que salga de ese ejercicio.

A casi dos meses de realizado el plebiscito de salida en que un 62% de la población rechazó la propuesta de nueva constitución, ha habido poco avance en las negociaciones en el Congreso. En parte, eso se debe a que la redacción de un nuevo texto constitucional nunca fue una prioridad para la gente. Por eso que la gente no parece demasiado preocupada de que el proceso de negociación esté estancado.

Si bien sectores de la izquierda vienen insistiendo hace años con la demanda por redactar una nueva constitución, las encuestas sistemáticamente han mostrado que los chilenos tienen prioridades mucho más concretas, asociadas al control de la delincuencia, la salud, la educación y las pensiones. En meses recientes, la inflación se ha sumado a la lista de preocupaciones de la gente. Aunque en general las personas están a favor de una nueva constitución, las necesidades más urgentes e inmediatas llevan a la gente a dar más importancia a otras prioridades.

El estallido social de 2019 desnudó una serie de problemas y falencias del Chile actual. Las insuficientes pensiones, el abuso generalizado en un sistema con débil protección a los derechos de los consumidores, la falta de oportunidades y la desigualdad en distintas dimensiones estaban detrás del descontento popular. Pero fue el temor a la violencia, los saqueos y la destrucción mucho más que la emoción por las movilizaciones pacíficas lo que llevó a la clase política a proponer una nueva constitución como píldora mágica que iba a solucionar los males del país. Tres años después de la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el país está más o menos donde mismo estaba cuando se firmó este acuerdo mal diseñado y dolosamente promovido como la solución para los problemas de Chile.

Ahora que la incuestionable victoria del Rechazo el 4 de septiembre ha dejado al proceso constituyente en la sala de cuidados intensivos, corresponde reflexionar sobre cuál es el mejor camino para solucionar los problemas del país. Si la respuesta a esa pregunta pasa por poner fin al proceso constituyente, la misma clase política que lo inició debiera ser lo suficientemente valiente como para quitarle el respirador artificial al proceso. Es cierto que la constitución de 1980 necesita reformas -algunas, significativas-. Pero esas reformas se pueden conseguir con negociaciones en el Congreso que permitan dotar al texto de una legitimidad democrática sancionada en un plebiscito de salida.

Pero seguir obsesionándose con elegir, aunque sea parcialmente, a una convención constitucional para que redacte un nuevo texto no tiene mucho sentido. Es verdad que en octubre de 2020 una amplia mayoría de los votantes—aunque la participación electoral fue relativamente baja—optó por iniciar un proceso constituyente y una mayoría similar votó para que ese cuerpo fuera electo, no parcialmente compuesto por legisladores. No tiene sentido hoy alegar que se mantiene el mandato popular a favor del proceso constituyente, pero no el mandato a favor de una convención electa. Lo más honesto es aceptar que la votación del plebiscito retornó el poder constituyente al Congreso. Ahí descansa ahora la responsabilidad por encontrar una vía para redactar una nueva constitución que sea luego validada por el pueblo en un plebiscito de salida.

El sentido común apunta a que, ya que hay amplios consenso de que la nueva constitución debe tener un capítulo más extenso de derechos sociales, debe reconocer a las minorías y mejorar los mecanismos de representación y participación, no tiene sentido ir por el camino excesivamente largo de escoger una convención para redactar un nuevo texto. Basta con modificar el texto actual y dotarlo de la necesaria legitimidad que otorga un plebiscito de salida.

Ahora que la economía se enfría rápidamente y se asoma una recesión económica, empeorada por tasas de inflación que se mantendrán incómodamente altas en los próximos meses, es hora de sincerar la realidad. Escribir una nueva constitución cuando la actual puede ser modificada es una idea que implica riesgos. Cuando las circunstancias son adversas, es desaconsejable correr esos riesgos. Ya que la constitución actual puede ser fácilmente modificada, parece razonable seguir ese camino y priorizar el combate contra la delincuencia y la inflación a la par de promover la recuperación de la economía. El tiempo corre a favor de la propuesta de modificar la constitución actual. Aunque el poder legislativo todavía se niegue a reconocerlo, con cada día que pasa, más improbable se hace que el país pueda darse el lujo de iniciar otro extenso proceso constituyente con una convención electa.

Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero

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