Fue bochornoso el momento en que Boric, desencajado, exigió respeto en el acto del gremio de los pequeños y medianos empresarios en el que se desbordaron las muestras de hostilidad en su contra. Quedó a la vista el malestar acumulado en ese sector clave de la actividad productiva por la responsabilidad que le asignan al gobierno en la crítica situación del país.

No fue casual, por cierto, que los asistentes cantaran el himno de Carabineros en abierto desafío: en los días anteriores, habían circulado ampliamente los insultos que el mandatario y varios de sus ministros lanzaron por Twitter, hace apenas un año, en contra de Carabineros, entre los que sobresalía la grosería desenfadada de Julieta Brodsky, ministra de las Culturas.

En los años anteriores, Boric y el Frente Amplio se opusieron siempre a las iniciativas que buscaban reforzar la seguridad pública, sobre todo después del 18/O. Pedían refundar Carabineros cada vez que se producía un choque con manifestantes. Exigían a voz en cuello la “desmilitarización de la Araucanía”, en actitud de validación del bandolerismo. “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”, preguntaba la diputada Catalina Pérez luego de la ola de atentados incendiarios en Panguipulli (febrero de 2021), cuando el FA condenó anticipadamente al carabinero que causó la muerte de un atacante, y que más tarde fue sobreseído por la Corte Suprema, que validó la defensa propia.

Sobran, pues, los motivos de recelo hacia Boric y su gobierno en el sensible ámbito de la seguridad interior y el orden público. O sea, en un área en la que se juega la estabilidad, como quedó demostrado con la revuelta de 2019, cuando el FA echó al fuego toda la leña que pudo. No hay evidencias de que sus dirigentes hayan levantado barricadas o distribuido combustible para las molotov, pero “explicaron” todo eso, cabalgaron sobre la violencia. Y sacaron provecho político de las confusiones y los miedos.

Fue precisamente en el terreno de las obligaciones del Estado respecto del uso de la fuerza, en el que se hicieron más ostensibles las distorsiones de la realidad con que el FA llegó a La Moneda. Y la compañía del PC no le sirvió en ningún caso para definir una visión de Estado sobre la materia. Inmediatamente después del 4 de septiembre, Boric estuvo dispuesto a nombrar a un militante del PC en la subsecretaría del Interior, responsable entre otras cosas de la relación directa con las policías.

Está a la vista que Boric y los dirigentes del FA no estaban preparados para gobernar. Y no se trata solo de que les faltaran conocimientos y experiencia en la administración del Estado, lo que es gravitante por supuesto, sino de los impedimentos políticos derivados de las formas específicas de ideologismo que los han condicionado, por ejemplo, el progresismo al estilo del español Pablo Iglesias, el feminismo de combate, o ese menjunje para todo uso que es el antineoliberalismo.

Las concepciones de Boric y su gente acerca de cómo conseguir el poder se decantaron en los años de Piñera, cuando aplicaron una técnica de asedio que no reparó en costos. Hicieron suyo, junto al resto de la izquierda, una suerte de manual de desestabilización que aplicaron sin mayores problemas de conciencia. Y, ahora, Boric pide que lo respeten. Está claro que, cuando todavía no se cumplen 8 meses de gestión, el respeto no fluye de modo natural, lo cual es la peor señal para el tiempo que le resta de mandato.

Solo puede calificarse de catastrófico el error de haberse comprometido incondicionalmente con la Convención y su malhadado proyecto de Constitución, la prueba más contundente de cuán errada era su percepción de realidad nacional. Apostó todo a la refundación del país, a los cambios espasmódicos, lo que pudo causar un inmenso desastre. Al borde del despeñadero, una gran mayoría optó por el Rechazo. Qué difícil es creerle a un gobernante que se equivocó tan gravemente. Si en Chile hubiera un régimen parlamentario, tendría que haber renunciado. En rigor, lo salvó la Constitución vigente.

Después de la derrota, Boric quedó gobernando en condiciones precarias, solo amortiguadas por la llegada de las ministras Tohá y Uriarte. Pero, todo se ve complicado para él. Su pérdida de autoridad y credibilidad es un problema mayor. Es muy reducida su capacidad de buscar acuerdos nacionales que respondan eficazmente a las urgencias derivadas de la crisis de seguridad pública y a los requerimientos del retroceso económico, cuyas consecuencias sociales, en primer lugar, el aumento de la pobreza, pueden hacerse sentir duramente el próximo año.

¿Qué preocupación tienen al respecto los dirigentes del PS y del PPD, cuya real influencia no está clara y, probablemente, temen pagar platos que ellos no quebraron? ¿Cómo ve las cosas realmente el ministro de Hacienda, que conoce el delicado cuadro de la economía y debe estar consciente de la posibilidad de que crezca el descontento? ¿Es viable la coexistencia de dos visiones contrapuestas en el seno del gobierno sin que se produzca un cortocircuito?

Es demasiado pesada la mochila de Boric. Y él no hace mucho para quitarle peso. Al insistir en que tiene que haber una nueva convención para elaborar una nueva Constitución revela cuán sometido está a las consignas con que el FA ganó notoriedad. Prioriza la batalla simbólica, y de ese modo se daña a sí mismo. Debería dejar que el Congreso se preocupe de la renovación del pacto constitucional, y él, concentrarse en la misión de gobernar lo mejor que pueda. Con un mínimo realismo, no debería socavar el suelo que está pisando. Para sobrevivir, necesita estabilidad política e institucional. Qué inmensa paradoja: la verdadera protección con que cuenta Boric es el orden constitucional vigente.

Por Sergio Muñoz Riveros para ex-ante.cl

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