Las sucesivas votaciones en el seno de la Convención Constitucional para la construcción del reglamento de esa organización revelan la firme disposición de la mayoría de extrema izquierda, controlada por el PC y el Frente Amplio, por no respetar las normas constitucionales ni los acuerdos del 15 de noviembre de 2019. Así, ya se ha votado que este colectivo es originario y soberano, por lo que adquirió el rango de asamblea parlamentaria. Es claro que con esto el plebiscito de salida está en peligro, y que el PC  y FA están imponiendo una asamblea de corte chavista a vista y paciencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, elegidos democráticamente.

Esta semana, aunque se confirmó el quórum de 2/3 para las materias en que se discutan de fondo la arquitectura política y económica de la nueva Constitución, esa mayoría de extrema izquierda se aseguró la aprobación de los plebiscitos dirimentes cuando los acuerdos no permitan alcanzar esa mayoría. Nuevamente, dichos plebiscitos son inconstitucionales y requieren un cambio legal en el Parlamento. Como hemos pronosticado anteriormente, aparece una judicialización del proceso cuando la Corte Suprema sea requerida frente a la acción ilegal que la Convención está imponiendo.

También las elecciones generales de noviembre para presidente y Parlamento aparecen de gran importancia, y nos hacen preguntarnos qué ocurrirá si el resultado no es del gusto de la Convención, cuando ella tiene la potestad de cambiar el régimen político, el número de cámaras parlamentarias, y otras materias de fondo para el sistema político y económico que rija al país. Habrá una colisión, porque las atribuciones presidenciales, por ejemplo, estarán en duda, a menos que el presidente sea Boric, quien ya adelantó la soberanía de la Convención.

La idea del plebiscito, acordado el 15 de noviembre de 2019, no solo fue una mala idea, sino que ha quedado de manifiesto el cúmulo de errores no previstos por La Moneda, entre ellos, asegurar la preminencia de la actual Constitución, mientras no sea aprobada otra, y el silencio que el poder legal y democráticamente constituido mantiene hasta aquí.

En el primer debate presidencial pudimos apreciar que frente a las loas que recibió el formato, no se pudo identificar ni los programas de los candidatos ni menos sus consecuencias, además de no escucharse palabra sobre la delincuencia, la Araucanía ni el futuro de la economía.

El Ejecutivo envió un proyecto de presupuesto fiscal para 2022, aludiendo un ajuste  importante sobre los gastos fiscales correspondientes a 2021, el cual tuvo gastos extraordinarios por unos 27.000 millones de dólares, a causa de la pandemia, por lo que los gastos fiscales superan los 100 billones de dólares (100 mil millones) frente a los 80 mil millones presupuestados  inicialmente.

Es un intento correcto por cambiar la trayectoria fiscal para el próximo periodo, para evitar que la trayectoria de deuda pública se convierta en una de carácter inmanejable, como la que enfrentan otros países  latinoamericanos cercanos, lo que redunda en estancamiento y pobreza.

Este es el país que deberemos enfrentar en los próximos años, con menos prosperidad para todos, menos crecimiento, más inflación y probablemente menos democracia. Espero, cuando faltan cerca de 50 días para la primera vuelta presidencial, que los ciudadanos elijan el candidato que mejor los represente, pero con información completa de los efectos, de lo que se ofrece, y que no terminen aquellos echándole la culpa a otros de los errores que cometan. Mi abuelita me enseñó hace muchos años: el cojo  le echa la culpa al empedrado.

/Escrito por Alejandro Alarcón para El Líbero

/gap