La semana del IPoM trajo sin duda agua al molino de los optimistass. Una perspectiva de crecimiento que subió de un rango de 5,5% a 6,5% a uno de 6% a 7% y un precio del cobre previsto para los próximos tres años en un promedio de 3,75 dólares la libre, permite respirar algo más tranquilo. Buenas noticias, o al menos buenas perspectivas sobre lo que viene -pese a que las primeras cifras de Imacec del año no han sido buenas. “Aunque en lo inmediato se anticipa un retroceso de la actividad local por el endurecimiento de las medidas sanitarias, las perspectivas para el 2021 se han afianzado”, señaló el informe del Central. Un alivio en medio de la tormenta pandémica.

Y en esa discusión, la de cómo se nos viene el futuro al menos en el plano económico, sin duda el actual precio del cobre vino a aliviar en parte el panorama –considerando el peso de las ayudas fiscales impulsadas en pandemia. Un punto que abordó el periodista Carlos Alonso en Pulso en un artículo sobre el respiro que trajo el alza del cobre a las exigidas cuentas fiscales. Pero para el economista Hernán Cheyre eso no puede ser motivo para relajar el orden fiscal. “Ahora más que nunca, de cara a la discusión constitucional que se avecina, se hace necesario retomar un ancla en la política fiscal”, escribió el lunes pasado.

Un punto relevante, insiste Cheyre, considerando el gasto realizado por el fisco en estos meses y que según el FMI ubica a Chile entre las economías emergentes que ha realizado un mayor esfuerzo fiscal (en la pandemia)”. Un desembolso además, que fue posible gracias a “la disciplina fiscal que como norma general prevaleció en las últimas décadas”. Por ello, según él, ese principio, el de la responsabilidad fiscal “debería quedar incluido en la futuro Carta Fundamental, ya que sin un marco de referencia claro y sin financiamiento la incorporación de nuevos derechos sociales carecerá de sentido, convirtiéndose en letra muerta”. Un punto valioso para el debate que viene.

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