La desigualdad es probablemente el tópico más mencionado en nuestro país, sindicado como causa de todos los problemas, enemigo N° 1 a derrotar para salir de las dificultades políticas y sociales que enfrentamos. Partamos por dos puntos en los que debería haber consenso; efectivamente la desigualdad de ingresos es elevada en Chile, y sería deseable avanzar en su reducción. Sin embargo, creo que la grave crisis política y social que enfrentamos hace varios años, y que estalló ese fatídico 18-O, no se explica fundamentalmente por la desigualdad, porque forma parte de la situación estructural de nuestro continente, y porque además en décadas recientes se ha reducido, en un contexto en que muchos países han retrocedido en esta materia. Hemos avanzado en mayor equidad, menos de lo que hubiéramos querido, pero para seguir avanzando es necesario tener claras las causas del problema, y me parece que muchas veces se miran focos errados.

El discurso que suele escucharse es que nuestro modelo de desarrollo es efectivo para generar crecimiento, pero que ese crecimiento llega solo a los sectores de altos ingresos, mientras que el resto queda fuera de los frutos del progreso, por lo tanto, tenemos que cambiar el modelo, hacia un mayor rol y tamaño del Estado, único camino para repartir mejor la torta. Se trata de una falacia, ya que si la desigualdad de ingresos ha caído, necesariamente el ingreso de los sectores más pobres ha crecido más que el de los grupos altos, por lo tanto, el crecimiento no solo ha llegado a todos, sino que ha llegado en mayor proporción a los sectores de bajos ingresos. ¿Un Estado más grande y más interventor contribuye a mayor equidad? No necesariamente, miremos América Latina, con algunos estados de tamaño europeo como Brasil, pero que tienen una desigualdad más elevada que la nuestra, a pesar de altos impuestos y gasto público.

De lo anterior surge una segunda falacia respecto al rol del Estado chileno en la política social. Se suele decir que hemos privilegiado la responsabilidad fiscal por sobre las demandas ciudadanas, y que si hubiéramos destinado más recursos a gasto social no enfrentaríamos los problemas actuales. ¿Muestran eso los datos? Claramente no; en los últimos treinta años el gasto social ha crecido a una tasa real anual promedio de 8,3%, mientras que el PIB ha crecido algo más de la mitad, a una tasa de 4,6% promedio. Dificulto que haya muchos países en el mundo que hayan dado esa prioridad al gasto social. Otro problema es cómo y en qué se gastan los recursos, y creo que por ahí podemos empezar a analizar las causas de la desigualdad y cómo enfrentarla, porque no se trata del modelo de libre mercado, ni tampoco de la austeridad fiscal, sino de dónde se deberían poner los focos de la política pública. Si realmente queremos avanzar en mayor igualdad de oportunidades, tenemos que reducir las brechas de capital humano, las rigideces del mercado laboral y mejorar la infraestructura pública de las ciudades, aspectos que son causas fundamentales de las diferencias de ingresos y calidad de vida. Es cierto que muchos ganan bajos salarios, pero también lo es que el 60% de la fuerza de trabajo no tiene ningún tipo de educación superior, y que los ingresos laborales son especialmente bajos para los trabajadores informales.

El acceso al mercado laboral formal es muy desigual en Chile, y además esa desigualdad ha aumentado en la última década. Solo el 15% de los hombres y el 7% de las mujeres en edad de trabajar del 10% más pobre tiene un empleo formal, mientras que estos porcentajes llegan a 61% y 56% para hombres y mujeres del 10% más rico. La inflexibilidad del mercado laboral formal y el déficit de escolaridad se agravan con alzas desmedidas del salario mínimo y con mayor rigidez normativa. Se requiere mejorar las políticas de educación y capacitación y modernizar la legislación laboral, junto con políticas de cuidado de niños y adultos mayores.

Otra desigualdad injustificada es que el gasto municipal por habitante en las comunas de altos ingresos es diez veces el de las comunas pobres, lo que genera una enorme brecha en los servicios públicos y en la infraestructura con que cuentan los distintos barrios. Y no se trata solo de repartir más equitativamente los ingresos, ya que las municipalidades más pobres tienen también serios problemas de clientelismo y corrupción, que deben ser resueltos previo a mayores recursos. No son equivalentes el transporte y la seguridad ciudadana para ricos y pobres, y eso es política pública, no modelo de economía libre.

En definitiva, mejorar la calidad de la educación, tener políticas efectivas de capacitación e inserción laboral y mejorar los servicios públicos de los municipios más vulnerables son tareas claves para avanzar en equidad. No son fáciles, pero reducir la desigualdad de ingresos tampoco lo es, y ya sabemos por experiencia que las políticas tipo Robin Hood no resuelven el problema.

/Escrito para El Mercurio por Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva
Centro de Estudios Financieros
ESE Business School
U. de los Andes