Ha pasado exactamente un año desde que se publicó la Ley 21.350 que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud de las isapres. Con ello se pensó que acabaría la judicialización contra la industria, ya que ahí se establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el tope máximo en que las isapres podrán subir los precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras.

Pese a ello, han ingresado miles de recursos de protección a las Cortes de Apelaciones del país con el objetivo de frenar la adecuación de precios, las cuales nuevamente están fallando a favor de las personas y en contra de las isapres, por lo que los casos han ido escalando a la Corte Suprema.

Pero en este tiempo también han ingresado miles de reclamaciones de los afiliados ante la Superintendencia de Salud. El regulador no se había pronunciado sobre ninguna hasta esta semana, pero ahora el organismo empezó a enviar los fallos de primera instancia, emitidos por la intendenta subrogante de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Sandra Armijo, con un resultado desfavorable para las isapres y en línea con lo que han solicitado las personas.

La sentencia de primera instancia acogió las reclamaciones argumentando que la justificación para el alza de precios base informada en la carta de adecuación es “insuficiente”. Por tanto, se dejan sin efecto los incrementos. Ahí dice que la sola dictación de esta ley, y el hecho de que la Superintendencia fije un techo, no significa que haya una obligación para las isapres de subir los planes, por lo que en caso de hacerlo, deben justificarlo debidamente y con argumentos claros. “La existencia del indicador, en consecuencia, no puede servir de justificación del alza comunicada”, señala un fallo.

La sentencia también indica que los argumentos “son coincidentes con algunos fallos de las Iltmas. Cortes de Apelaciones del país que esta Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud ha tenido presente al resolver esta controversia”.

De todas formas, el caso no está cerrado, ya que ahora las isapres pueden presentar una reposición, y si dicha intendencia sostiene su sentencia, pueden apelar y el superintendente de Salud, Víctor Torres, tendrá que pronunciarse sobre el asunto, como juez de segunda instancia. Por eso mismo, el superintendente no pudo emitir comentarios para este artículo.

Hay que considerar que los fallos de la Superintendencia corren de forma independiente a los recursos ante la Suprema, por lo que aún resta saber lo que dirá el máximo tribunal en las causas que han ingresado por esa segunda vía.

Desde la Asociación de Isapres comentaron que “tras años de judicialización y reiterados llamados de la Corte Suprema, en junio de 2021 el Congreso, con respaldo del Ejecutivo, aprobó en forma unánime la Ley 21.350, que establece un procedimiento objetivo para regular el ajuste de precio. Dando cumplimiento a ley, la Superintendencia del ramo determinó un alza máxima del 7,6% lo que fue acatado cabalmente por las isapres”.

Por tanto, señalaron que “no solo sorprende que la Superintendencia de Salud haya resuelto los primeros fallos rechazando la adecuación de precios aplicada, sino que abre un abismo de incertidumbre técnica y administrativa sobre el sector, arriesgando hacer inviable su operación”.

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