Ha subido mucho el precio del gas licuado de petróleo (GLP), el combustible que utilizan los hogares de menos recursos. En reacción, los alcaldes, organizados en una “Asociación Nacional de Municipalidades por el Gas a Precio Justo”, buscan acometer la distribución directa de GLP a los hogares desde las municipalidades, estimando que, con gas proporcionado por ENAP, reducirían fuertemente el precio final pagado por las familias. La Contraloría General de la República, sin embargo, indicó que eso sería inconstitucional, pues las municipalidades no pueden desarrollar actividades empresariales salvo que una ley de quórum calificado las autorice expresamente. En respuesta, algunos diputados ya presentaron a la Cámara un proyecto de ley que permita distribuir GLP a las municipalidades.

Ciertamente es muy valioso que alcaldes y parlamentarios estén atentos a los problemas que enfrentan los ciudadanos. Pero la sola sensibilidad no basta; respuestas sin suficiente respaldo técnico pueden conducir a ineficiencias que, en último término, va a pagar la misma población que se busca proteger. Este parece ser el caso con la intención de los alcaldes de involucrar a sus municipios en la distribución de GLP y con el proyecto de ley que pretende autorizarlos a desarrollar esta actividad.

Una consideración básica es que las municipalidades no deben aspirar a que ENAP les proporcione GLP a precios menores que el internacional, que ha subido fuertemente, pues ello representaría un subsidio financiado por el Fisco. Posiblemente, de estar la posibilidad de acceder a subsidios adicionales del Estado, las mismas municipalidades preferirían destinarlo a otros fines.

Es posible que las municipalidades, aun reconociendo que gran parte del problema se debe al alza del precio internacional del gas, estén considerando que pueden reducir el precio del GLP eliminando los márgenes de comercialización con que hoy operan los distribuidores mayoristas. Esta hipótesis tiene respaldo en los estudios recientes desarrollados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que han documentado que el tipo de convenio de distribución suscrito por los distribuidores mayoristas con los minoristas, que exige exclusividad, crea barreras de entrada a nuevos distribuidores mayoristas y debilita la competencia entre los existentes, permitiendo márgenes excesivos. Pero, obviamente, si son los altos márgenes actuales los que dan espacio para reducir el precio del GLP, la forma más segura y eficiente de lograr esa reducción es siguiendo los estudios de la FNE, que llaman a limitar la participación de distribuidores mayoristas en distribución al por menor y a prohibir la exclusividad en los contratos de distribución.

Por cierto, la situación del gas representa una exigencia para los legisladores: deberían dar alta prioridad a corregir las regulaciones que conduzcan a más competencia y menores precios del gas. Las municipalidades, en cambio, deberían evitar involucrarse en la forma en que lo han planteado, pues, al lograrse que sean la competencia y los menores precios, y no habiendo razón para suponer un grado especial de eficiencia municipal en la distribución de gas, lo más probable es que tendrían que abandonar esta actividad para evitar pérdidas mayores.

Editorial del diario La Tercera

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