Apenas el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), encabezado por Juan Carlos Olmedo Hidalgo, anunció hace semanas que, debido a la sequía que afecta el país, habían tomado la decisión de reabrir la central termoeléctrica de AES Gener, Ventanas I, en la zona de sacrificio de la bahía de Quintero, las quejas y las movilizaciones no se hicieron esperar.

Organizaciones ambientales y los habitantes que padecen los pasivos ambientales en la comuna de Puchuncaví, acusaron al Gobierno de doble estándar y de engañar a la comunidad nacional e internacional con su plan de descarbonización, al considerar la puesta en marcha de la central apenas transcurrido un par de meses desde el cierre.

El anuncio del Coordinador fue particularmente complejo, porque tuvo lugar poco más de una semana después de que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), evacuara el informe 2021, en el que alertó que ya muchas de las consecuencias, al no haber reducido las emanaciones de CO2 con acciones climáticas decididas, “eran irreversibles”.

El asunto se transformó en un problema político y, antes que el conflicto escalara más en un año electoral, el Seremi de Energía de Valparaíso revirtió la decisión y anunció que la central no sería reabierta y que, en su lugar, se potenciaría la generación de energía con centrales a diésel, tanto o más contaminantes.

El argumento del Coordinador para anunciar esa decisión, que luego tuvo que retrotraer, estuvo en el informe que Olmedo presentó ante la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados: “Estado de situación del sistema eléctrico nacional”.

En síntesis, presentó el primer pronóstico de deshielos para el periodo 2021-2022. En este se confirmó un dato conocido, que enfrentamos uno de los años más secos. Esto significa –sostuvo– que, de no cambiar la tendencia observada hasta ahora, el sistema eléctrico dispondrá de aquí hasta el próximo invierno –cuando comience un nuevo ciclo hidrológico– de muy poca agua para generar energía.

Si bien la sequía es una realidad innegable, diversos actores del mercado eléctrico, regulados precisamente por el Coordinador, apuntan que una de las mayores razones para explicar por qué el país está enfrentando una crisis energética, tiene que ver con los problemas en la gestión precisamente del organismo encargado de proveer seguridad al servicio.

Acusan falta de previsión, medidas tardías, deficiente gestión y planificación, excesos de conservadurismo en la innovación y fundamentalmente de competencias del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional,  Juan Carlos Olmedo Hidalgo, y su equipo de consejeros, quienes ostentan los mayores sueldos de la industria: $18,4 millones para el presidente y $16,7 millones para los consejeros.

Crisis hídrica

Dada la crisis hídrica y de gestión de embalses que golpea por estos días al país y al sector eléctrico, los agentes observaron con preocupación que la única medida adoptada por el Consejo Directivo respecto a este escenario, es la que consta en acta de sesión extraordinaria realizada recién el 30 de julio, en donde se instruye al director ejecutivo a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Pese a que la operación –advirtieron– del sistema eléctrico durante todo el primer semestre ha sido de alto costo, con uso intensivo de diésel, y agotamiento de los principales embalses, recién en la fecha señalada el Consejo tomó acciones al respecto, cuya tardanza motivó críticas de toda índole entre los operadores del sector.

Los especialistas de la industria indican que la estrategia, gestión y uso de recursos hídricos para generación eléctrica deben ser reformulados, más aún en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, para que no aparezca como una “sorpresa” un déficit hídrico que, sin embargo, se extiende desde hace más de 10 años.

En ese escenario, los actores del mercado eléctrico reparan en que es “inadmisible ” que se repitan casos como el de Ventanas I, capítulo en que el Coordinador autorizó el retiro de la planta a carbón, para luego comunicar que la carbonera debía ser reincorporada y, finalmente, recular en la decisión, entregando –según los diversos actores consultados– “una señal de inestabilidad e inconsistencia en el manejo del sistema y sobre todo en las señales para el proceso de descarbonización”.

Falta de accountability

Uno de los reproches más reiterados entre los actores del mercado eléctrico, es que la institucionalidad no está dotada de ningún tipo de accountability, en otras palabras, no le rinden cuentas a nadie. Algo especialmente complejo, porque, adicionalmente, el presidente y su consejo no están tampoco sometidos al escrutinio público.

Los distintos gremios que agrupan a las empresas de energías renovables (ACERA, ACESOL, ACSP, APEMEC y GPM) han señalado, en múltiples ocasiones, que hay que revisar cómo el Coordinador cumple con sus obligaciones para responder a los estándares de transparencia y accountability.

Si bien en la ley hay exigencias de transparencia activa (artículos 76º-2 y 212º-2), estas quedan sujetas a restricciones de secreto y reserva legal o de afectaciones el debido cumplimiento de funciones del CEN, apelando a los derechos de personas, comerciales o económicos. Así, a pesar de sus grandes responsabilidades y aunque la Ley General de Servicios Eléctricos le impone exigencias explícitas de rendición de cuentas, estas quedan subdimensionadas y pueden ser evitadas.

La consideración de los agentes es que los estándares (de transparencia y accountability) no están a la altura requerida por las funciones y el impacto de los actos que este organismo tiene en el mercado eléctrico. Tampoco –se indica– el CEN ha sido capaz de autorregularse en ese sentido, y ahí brilla por su ausencia el mismo Consejo Directivo.

Sin embargo, apuntan actores de la industria, esto no debiera ser así, ya que en su actual diseño –un organismo independiente público-privado, que en 2017 fue objeto de una fusión entre los antiguos Centros Económicos de Carga, del Norte Grande (CDEC SING) y del Centro (CDEC SIC),y de una reforma clave en cuanto a mayores responsabilidades– se alojan las decisiones claves de operación del sistema.

En otras palabras, esto significa que el Coordinador determina qué centrales deben operar a diario y a cada hora para abastecer la demanda eléctrica del sistema, así como también otras decisiones claves para la seguridad y la eficiencia económica del suministro eléctrico.

La reforma hecha en 2017 fue una cirugía mayor a la institucionalidad del sector, reconociendo en el mismo mensaje de la Ley N° 20.936, despachada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, que era necesario un nuevo Coordinador para el sistema eléctrico nacional interconectado, porque “existe acuerdo en torno a la necesidad de dotar a esta nueva institución de mayores grados de independencia en relación con los incumbentes de los distintos segmentos de la industria (generación, transmisión, distribución y clientes libres), independencia que no significa autonomía, toda vez que debe sujetarse al mandato legal y del regulador”.

Para cumplir con sus cometidos, derivados de la Ley Eléctrica 20.936, este organismo está dotado de cerca de 315 profesionales, similar a la dotación del Ministerio de Energía, y exhibe un presupuesto de cerca de 1.269.275 UF, o sea, unos 50 millones de dólares anuales.

Estos fondos operacionales, como los sueldos del equipo directivo, son pagados por todos los consumidores de Chile, puesto que es uno de los cargos incluidos en la cuenta eléctrica mes a mes, de aproximadamente 0,6USD/MWh, algo así como 100 $/mes en una cuenta tipo de un consumidor promedio.

Duras críticas de la industria

Las críticas de la industria a la gestión de los consejeros y el rol del Coordinador se han visto agravadas –aseguran– en el contexto de las omisiones y falencias que ha demostrado el Consejo Directivo durante el manejo de la actual crisis y el riesgo de abastecimiento eléctrico.

Los mensajes han sido directos y advertidos, incluso, por el gremio que agrupa a las principales empresas generadoras en su último editorial, en que advierte:

“Los operadores de sistemas eléctricos del mundo poseen una responsabilidad similar a los controladores de tráfico aéreo: mientras los segundos cumplen el rol de entregar seguridad, orden y eficiencia al tráfico aéreo, los primeros tienen la misión de velar por la operación segura y a mínimo costo del conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico, garantizando el acceso abierto al sistema de transmisión. En ambos casos, los efectos de una gestión inadecuada de alguno de estos organismos puede tener consecuencias no deseadas de diversa magnitud tanto en la operación como en el desarrollo de sistemas de transporte aéreo o sistemas eléctricos en el largo plazo”.

Una voz más crítica todavía es la que levanta la empresa consultora VALGESTA, la que en su boletín de julio 2021 plantea, en relación con la gestión de una arista compleja del sector eléctrico, como es la del gas natural licuado, lo siguiente:

“Como lo señalan algunos actores del sector, probablemente la discusión sobre la norma de despacho de centrales en base a GNL no tendría sentido si los coordinados tuviesen la confianza en que el Coordinador cumple de manera efectiva con sus labores de supervisión de la información que se le provee. Por ello, se requiere mejorar el mandato, incentivos y accountability del consejo directivo del Coordinador.”

Y que vuelve a abordar en el mes de agosto de este año, indicando:

“Ciertamente, existe un consenso transversal en la industria, consumidores, consultores y académicos que parte de la fragilidad de la operación del sistema eléctrico de las últimas semanas, ha sido profundizada por una deficiente planificación del Coordinador Eléctrico Nacional, el que en sus previsiones de generación diarias, semanales, mensuales y anuales no parece atender completamente la realidad”.

Pero existe otra crítica de fondo, la que ha asomado recurrentemente en el contexto de una discusión específica sobre una norma que regula las “declaraciones del gas inflexible”.

Olmedo y la renovación de directorio

Los resultados exhibidos por Juan Carlos Olmedo no cuentan con buena evaluación entre las mismas empresas generadoras y transmisoras, menos aún con la crisis de abastecimiento que se ha confirmado durante las últimas semanas.

Esta crisis, ha llegado incluso a salpicar el principal logro que el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, ha querido exhibir como legado de su gestión –la aceleración del retiro de las unidades generadoras a carbón del sistema–, al instalar un manejo inseguro del retiro efectivo de las unidades ya anunciadas, como acerca de si el sistema resiste o no condiciones de estrechez como la sequía, menores envíos de gas y centrales que han debido salir de operación, todos factores –argumentan los expertos– que eran totalmente previsibles .

La industria identifica en Olmedo una gestión de excesivo personalismo y protagonismo, amparada inicialmente en su cercanía con la exministra Susana Jiménez, que conducía la cartera de Energía cuando Olmedo fue electo, y que ha ido apartando del sello técnico que caracterizó anteriormente a los CDEC y a los primeros 2 años del CEN. Ahora, el escenario es distinto, el estilo y objetivos ligados a la descarbonización acelerada del ministro Jobet se perciben como distantes de los de Olmedo, y así este habría perdido el paraguas bajo el cual operó en un comienzo.

En la estructura cupular del Coordinador, se concibe un Consejo Directivo integrado por 5 personas, cuyo mandato se extiende por 5 años. Y, justamente, en estos meses de compleja gestión del sistema eléctrico, agravada por las decisiones que este organismo ha tomado en condiciones de sequía y fallas de centrales, es que corresponde renovar a 3 de los 5 cargos del Directorio, 2 consejeros y el presidente de dicho Consejo.

A la fecha, no se identifican nombres reconocidos de la industria como candidatos al Consejo Directivo, aun cuando las altas remuneraciones de los cargos constituyen unas de las mejores rentas del sector eléctrico. En este cuadro de complejo manejo del sistema eléctrico y ausencia de postulantes, los 3 consejeros salientes han decidido repostular a los cargos, contraviniendo el enfoque de muchos actores que manifiestan que los cambios que la industria demanda en gestión, transparencia y eficiencia, requieren savia nueva y mayor diligencia que lo demostrado en los últimos 5 años.

La preocupación de los agentes está entonces ligada a si hay cambios o no en el Consejo Directivo del CEN, que no queda solo supeditada a la repostulación de Olmedo a su presidencia, sino también de los restantes cupos que deben renovarse, y que han sido fuente de discordia y agresiones, impidiendo un norte claro en el rol del Coordinador.

En efecto, una de las reformulaciones que proponen los gremios de empresas renovables antes citados, persiguen establecer un modelo de auditorías en una serie de materias, a las que el actual Consejo se ha negado siquiera a estudiar. De esta forma, el Consejo Directivo no está sujeto a revisiones ni rendiciones de cuentas y así –reiteran– las negligencias, omisiones o errores no tienen consecuencias en sus autoridades.

Según los críticos de la actual gestión del Coordinador, lo que más llama la atención es que hoy, cuando los organismos que inciden en el consumidor final, tienen mecanismos de revisión y rendición de cuentas, este sea la excepción. Y que este diseño sea utilizado por parte de sus actuales directivos para pasar inadvertidos y sin consecuencias en momentos de estrés como el que se vive hoy.

Respuestas del Coordinador: “Tenemos un alto nivel de accountability”

Ante el cúmulo de críticas, el Coordinador Eléctrico Nacional sostuvo que “ha desarrollado todas las tareas que le mandata la Ley, con total independencia técnica y velando siempre por un sistema eléctrico seguro y al mínimo costo para los consumidores. Entendemos y valoramos las palabras del gremio de Generadoras AG, como una invitación a seguir trabajando de manera colaborativa con todos los actores del mercado, y continuar potenciando el rol del Coordinador en su misión de institución independiente que vela por la operación segura y eficiente de un sistema eléctrico compuesto por tecnologías y requerimientos en constante evolución”.

En cuanto a la falta de transparencia, también lo descarta, señalando que “ha realizado todas sus tareas relativas a la operación del sistema en tiempo real, monitoreo de la competencia del mercado eléctrico, impulsando las licitaciones de líneas de transmisión, entre otras tareas, con total diligencia y transparencia. Disponemos de un sólido gobierno corporativo, con un alto nivel de accountability, con plataformas tecnológicas que reportan el avance de proyectos y con información pública disponible en nuestras plataformas tecnológicas para las más de 600 empresas coordinadas y el público en general”.

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