Un segundo costo, es que esas familias ven disminuir sus ahorros, por bajas en el valor de los activos, incluyendo bienes inmuebles, o también por las mayores quiebras de empresas de distintos tamaños. Un tercer costo, proviene por las restricciones del crédito y su encarecimiento, en especial el financiamiento de largo plazo, como los créditos hipotecarios, dificultando la recuperación económica, restringiendo el consumo y limitando el acceso a la vivienda. Un cuarto costo, por cierto, en casos extremos, es que las propias instituciones financieras pueden incumplir sus obligaciones, afectando duramente, una vez más, a los hogares.

En Chile no debemos olvidar que ya tuvimos un episodio severo de inestabilidad financiera. La crisis que nos golpeó en los 80´ provocó una caída del PIB de 15%, un desempleo efectivo de casi 30%, aumentos sustanciales de quiebras y caídas de salarios sobre 10% en términos reales.

La historia económica abunda en episodios donde enfrentados a una situación de inestabilidad financiera, los gobiernos se ven obligados a adoptar una serie de medidas para intentar mitigar estos costos y contrapesar -mediante gasto público- las caídas de empleo y actividad. Todo con un elevado costo fiscal, el que, inevitablemente, le resta capacidad al Estado para abordar sus prioridades de largo plazo, como mejoras en salud, educación y seguridad social.

Es por lo anterior que en la gran mayoría de los países, gobiernos y legisladores han dado particular prioridad a aumentar la solidez de sector financiero, en especial la de bancos y compañías de seguros. Dichos avances han tenido como requisito base la exigencia de más y mejor capital y una eficiente gestión de riesgos. Adicionalmente, la tendencia global apunta a robustecer a los reguladores financieros, otorgándoles más facultades, más recursos y mayor autonomía y, al mismo tiempo, exigiendo total transparencia y rendición de cuentas.

Chile no es ajeno a esta tendencia. Desde la recesión de los 80′ hasta la fecha se ha ido construyendo un sistema financiero estable, que ha permitido al país enfrentar sin disrupciones financieras la crisis global del 2008 y los efectos del COVID 19. De esta manera, se ha logrado evitar la multiplicación de las consecuencias negativas para los hogares y las empresas chilenas.

En los últimos años, además el Congreso ha seguido avanzando en fortalecer el sistema financiero, aprobado reformas tan importantes como Basilea III. En relación al fortalecimiento del regulador, la ley que creó la CMF le otorgó mayores facultades y autonomía, ejercidas en el marco de un cuerpo colegiado donde las decisiones ya no dependen de una persona sino de cinco.

En ese contexto, la Comisión ha introducido perfeccionamientos regulatorios en materia de provisiones por pérdidas esperadas en créditos, valorización de activos y pasivos de bancos y compañías de seguros, y mayores exigencias para la gestión de riesgos. Estos cambios han avanzado en paralelo con un creciente y decidido énfasis en la supervisión de la conducta de los fiscalizados, con el foco puesto en velar por el trato justo que exigen y merecen clientes e inversionistas.

Golpeados por una crisis sanitaria y económica como la que vivimos desde marzo 2020, es necesario que se generen políticas públicas que protejan a los afectados de sus impactos negativos. Es imperativo, sin embargo, que estas no erosionen la solvencia y resiliencia del sistema financiero. Ello es particularmente riesgoso en el contexto económico actual, donde persisten amenazas domésticos e internacionales para la recuperación de la economía y el empleo.

Iniciativas como retiros adicionales de ahorros para la vejez con anticipos de rentas vitalicias sí la pueden erosionar. Los efectos de dichas políticas en la estabilidad financiera no son inmediatos ni ciertos, pero tal como revela la historia económica, de materializarse, sus costos son altos, duraderos y especialmente significativos para los hogares más vulnerables.

* Kevin Cowan, Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero.