Hace una semana, el presidente de Sofofa, Richard von Appen, fue claro: “Gran parte de los empresarios están postergando inversiones”, aseguró en entrevista con Pulso Domingo, dando cuenta de lo que él había podido palpar en conversaciones con el sector privado. Pero ahora Icare, en la antesala de la próxima Enade 2021 que se realizará el 11 de noviembre, le puso cifras a esa percepción. Entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre encuestó a 249 directores y altos ejecutivos de empresas: un 23,7% de ellos representa a compañías con menos de 60 trabajadores; en la otra punta, 26,8% tiene más de 1.000 empleados; todas, firmas pertenecientes a una veintena de actividades, desde el área de consultoría, hasta el comercio, la industria, la salud, entre otros.

Las respuestas fueron bastante concluyentes. Frente a la pregunta ‘¿Los proyectos de expansión y crecimiento de su empresa están en estado de…?´, un 53,8% aseguró que están en pausa, y un 17,3%, postergadas. Es decir, un 71,1% tiene sus inversiones frenadas, frente a un 60% que aseguraba eso hace un año, o versus un 34,4% que planteaba lo mismo en 2018. Hoy, sólo un 28,9% mantiene procesos activos de expansión, el porcentaje más bajo desde 2015 -durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, cuando el dato llegaba a un 22,6%. Y al dar un paso más, un 75% respalda la idea de que son factores políticos -y no económicos necesariamente- los que están generando la incertidumbre económica actual.

“La encuesta refleja que hay 70% de proyectos detenidos, lo que está bien conectado con la incertidumbre que estamos viviendo. Se está escribiendo una nueva Constitución, hay muchas elecciones; uno ve que falta un mensaje más definido de los que están aspirando a cargos de representación política, un mensaje claro respecto a la inversión como motor de crecimiento”, explica el gerente general de Empresas CMPC y director de Icare, Francisco Ruiz-Tagle. “Es una mezcla de todo, Hay mucha incertidumbre respecto a varias cosas”, añade la académica de la Escuela de Gobierno de la UC y miembro de la mesa de Icare, Susana Claro. Y ejemplifica con una pregunta de la encuesta: más del 60% de los encuestados estima que habrá cambios importantes en política tributaria y política fiscal el próximo año. Y sobre el 50% cree lo mismo respecto a las políticas de tasa de interés, y de regulación y fiscalización. “Esto hace un escenario muy incierto para estimar si una inversión está bien o no, lo que hace muy difícil tomar una decisión en ese contexto”, destaca Claro. De hecho, con respecto puntualmente a planes de inversión, un 38,2% asegura que en 2022 serán menores a los del año en curso; el dato es infinitamente más negativo que las estimaciones que plantean frente a otras variables como ventas, producción, endeudamiento, productividad, empleo y rentabilidad, donde -concuerdan los directores de Icare- no se ven grandes variaciones frente a otros años y están en un rango de normalidad. “Hay una percepción no tan negativa respecto a lo propia empresa, puesto que están en un espiral de recuperación tras el estallido y la pandemia, pero cuando me conecto con el entorno aparece la incertidumbre y todos estos impactos que estamos viviendo hoy, y lo más negativo tiene que ver con la inversión”, precisa la presidenta de buses Hualpén en Concepción y directora de Icare, Mónica Álvarez. “Acá hay un sector importante de los empresarios que está viendo que van a subir las tasas de interés, que habrá inflación, y que están dispuestos a jugárselas, pero con las reglas, mensajes, un poco más claros, y eso ha faltado”, agrega Ruiz-Tagle.

Así, si en el período 2020-2021 sólo un 3,1% de los entrevistados estimaba que las proyecciones para la compañías eran peores que el año previo, de cara al 2022 el panorama se enturbió. El leve 3,1% saltó a 33,06%, la peor estimación para el año que sigue desde 2015. Y las proyecciones que apuntaban a una mejoría en las perspectivas descendieron desde un 64,4% de optimistas, a apenas un 23,39%, el nivel más bajo desde 2016.

La inflación y el mayor costo del crédito aparecieron como la principal amenaza para la economía. Además, más de un 48% estimó que la Convención Constituyente no completará su trabajo en los plazos originales, y que la nueva Constitución no fomentará el emprendimiento. “Todo se ve como más riesgoso y cuando el riesgo aumenta, la gente se retrae”, destaca Susana Claro. Ello, en un escenario, además, donde el 42,6% de los encuestados estima que el Estado de Derecho y la certeza jurídica se han deteriorado. “La gente está expectante esperando que se cumplan algunos hitos”, indica la economista. “Se percibe a futuro un cambio de condiciones, un cambio de reglas, lo que naturalmente impacta la inversión; hay un entorno que no le permite a las empresas desarrollarse”, enfatiza Álvarez. De hecho, un 30% prevé que la nueva Constitución no garantizará el derecho de propiedad; aunque -en el otro lado- más de un 35% de los encuestados sí ve que garantizará los derechos sociales.

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