La Fiscalía Regional de Magallanes solicitó 20 años de cárcel contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, investigado por el presunto delito de malversación de fondos y lavado de activos al interior de la policía civil.

Según recoge La Tercera, el ente persecutor solicitó que Espinosa cumpliera una pena de 10 años de cárcel por malversación, cinco años por lavado de activos y otros cinco años por falsificación de instrumento público.

A juicio del fiscal Eugenio Campos, el exdirector de la PDI habría malversado $146 millones de pesos entre los años 2015 y 2017.

Su modus operandi, según describe el persecutor, habría sido simple: la Dirección de Presupuestos depositaba los fondos de los gastos reservados en la cuenta corriente institucional de la PDI, luego Espinosa se comunicaba con Finanzas para solicitar el retiro del dinero y luego, Tesorería confeccionaba un boletín de egreso, en el que se consignaba el monto requerido.

Posteriormente, se emitía un cheque que era entregado a Espinosa y que lo cobraba en efectivo en la casa matriz del BancoEstado, su ayudante de la época, el subcomisario Eduardo Villablanca.

Ya de vuelta al edificio de la PDI, Villablanca entregaba el dinero a su superior, quien según la investigación de la fiscalía, distribuía los dineros entre las unidades especializadas y luego, depositaba el resto en sus cuentas corrientes personales.

Acorde a los antecedentes presentados por el Ministerio Público, a pocos días de haber asumido el cargo de director general de la PDI, se giraron 30 millones de pesos en gastos reservados desde la cuenta institucional de la PDI, y la mitad fue a parar “en las cuentas personales de él y su cónyuge entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2015”.

“De esta forma, el acusado Héctor Espinosa -a través de la cooperación en la ejecución del hecho por parte de Eduardo Villablanca- sustrajo entre 2015 y 2017 fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a Policía de Investigaciones, con el objeto de introducirlos a su patrimonio individual y de su familia, cometiendo en definitiva el delito de malversación de caudales públicos de manera reiterada en el tiempo”, señaló el fiscal Campos.

Asimismo, el persecutor señaló que con los fondos, se adquirieron inmuebles con precio de venta aproximado de 480 millones de pesos.

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