La Teletón nos recordó este fin de semana la importancia, sentido y diferencias respecto del valor universal de la solidaridad, ese apoyo que nos brindamos recíprocamente en los momentos de dificultad. A pesar de su innegable aporte, despierta suspicacias, incluso rechazo, en quienes ven en ella una forma de entregar mediante la caridad lo que el Estado debiera proveer como un derecho, y consideran que así se menoscaba a quienes se atienden en esta fundación. En este sentido se pronunciaron en el pasado el Presidente Boric y el ministro Jackson.

Curiosamente, muchos de los que tienen -o tuvieron- esta visión crítica de “las 27 horas de amor” celebran que se establezca una cotización obligatoria a través de la cual el Estado tome parte del producto del trabajo de las personas y lo redistribuya a quienes tienen pensiones más bajas. Este, nos dicen, sería un sistema de auténtica seguridad social, pues tendría un componente de solidaridad, ya que los trabajadores de rentas mayores entregarían, por imposición legal, parte de su remuneración a los que no cotizaron o lo hicieron en una proporción o monto muy bajo. El argumento de que es un aporte del empleador es un atentado a la inteligencia, que no merece detenerse en él.

Es curiosa la lógica que considera reprochable que las personas aporten voluntariamente a una obra de indudable humanidad, pero celebren como expresión de una sociedad solidaria que a las personas se les prive coercitivamente de parte del producto de su trabajo. Lo primero sería prácticamente inmoral, una ostentación y aprovechamiento mercantil del dolor para que algunas empresas se hagan publicidad; los impuestos, en cambio, la encarnación misma de la virtud.

¿El Estado puede apropiarse de parte de los bienes de las personas para hacer solidaridad con ellos? No me parece que ese sea el sentido natural de los tributos, ni la solidaridad puede tampoco imponerse. La vida en sociedad requiere contribuir al financiamiento de los bienes comunes, entre los cuales está asegurar un nivel de vida digno a todos sus miembros. Así como las personas tienen derecho a usar el espacio y la infraestructura pública, a que se garantice su seguridad, un nivel de educación suficiente o de acceso a la atención de salud, también constituye un derecho el acceso a condiciones materiales compatibles con la dignidad humana. Por eso discrepo tanto de quienes ven en toda redistribución de ingresos una exacción ilegítima, como de los que creen que la igualdad es un derecho que puede imponerse.

Prefiero una sociedad en que haya muchas teletones, en que las personas ayudan libremente a otros y en que el Estado no intenta definir las relaciones sociales, restringiendo la libertad individual e imponiendo valores que van más allá de lo necesario para que cada uno tenga una vida digna en lo material y en lo espiritual. Demasiadas sociedades han perdido la libertad y la prosperidad en manos de fanáticos que las convirtieron en un infierno intentando llevarlas al paraíso.

Por Gonzalo Cordero, abogado para el diario La Tercera