En los últimos tres años, desde el estallido o asonada de octubre al plebiscito de septiembre del 22, parecen haber cambiado profundamente las principales preocupaciones de los chilenos y las tareas prioritarias que esperan que cumpla el Estado. La prioridad cambió desde una demanda por más igualdad económica, derechos sociales y una nueva constitución, a una demanda por menos inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia, inmigración e inflación. Entremedio elegimos un nuevo gobierno que privilegiaba las prioridades antiguas en su programa. Pero ahora debe gobernar con las prioridades de hoy si pretende ser reconocido y exitoso. Tamaño desafío.

No es sorprendente entonces que el gobierno actual no tenga programa para lo de hoy y decida abordar su prioridad por la igualdad vía proyecto de reforma del Sistema de Pensiones. Difícil que al final sea evaluado sólo por eso, pero es probable que sea la única o mayor reforma que consiga hacer. ¿Lo logrará? ¿Y sería una buena reforma el proyecto que presentó? Sí y no, respondería.

Mi visión preliminar, sin conocer todavía todos los detalles y evaluaciones de las consecuencias probables, es que sería un mal proyecto si resultara aprobado tal cual se presentó. Pero tiene la virtud de que es un proyecto completo el que pone sobre la mesa, con cierta articulación, y con casi todos los elementos o variables claves que podrían permitir una reforma adecuada. Sería una mala reforma si al final prevalecen las nociones y justificaciones de la ministra del Trabajo, como por ejemplo que la causa de las bajas pensiones es la existencia de las AFPs. Eso mezcla dos temas con probables intenciones demagógicas, que al final confunden y polarizan. E introduce mal la discusión ideológica, aunque ella declara que la está dejando afuera. Tenemos que distinguir temas y respetar sus autonomías.

Creo que el éxito o fracaso de este tercer intento de reforma para mejorar las pensiones puede depender mucho más del cómo que del qué. De cómo se lleve a cabo la discusión y negociación para que los diferentes actores claves y los partidos políticos que los representen logren algo cada uno. A sabiendas que nadie logrará todo lo que espera, pero también dispuestos a que nadie quede sin nada. Dentro de este contexto, estimo que “la mano de Marcel” será clave. Y puede lograrlo porque reúne dos condiciones que no tenían anteriores ministros que intentaron esta reforma: es pragmático y tiene menos ego.

Decía que el proyecto actual es completo, y lo digo en el sentido que contiene casi todos los ingredientes que tienen que estar para satisfacer a los actores claves y para dar buen sabor al conjunto. Están todos los ingredientes para hacer la cazuela, veamos ahora cómo las mezcla Marcel para que al final resulte buena. Veamos.

Para mí los ingredientes claves dispuestos en la mesa serían:

  1. Dos fondos de ahorro: uno individual y otro para reparto.
  2. Dos tipos de organizaciones (o empresas) para la administración de los fondos: unas privadas (tipo AFPs, aunque sea con otro nombre) y otra estatal.
  3. Dos agentes aportando fondos para pagar pensiones futuras: trabajadores/as individuales con parte de sus sueldos y el Estado con parte de lo que obtiene de impuestos generales.
  4. Cotizaciones por encima del muy bajo 10% actual, para subir así las pensiones de la clase media y profesionales que actualmente cotizan en las AFPs.

Simplificando mucho, arriba hay un modelo de generación de pensiones que identifica siete (7) variables claves. El proyecto del gobierno, además de definirlas de cierta manera, les asigna cierto valor en pesos o como tasa (porcentaje) de otras variables como Ingreso Nacional (PIB), sueldos, planilla de sueldos de empresas y organizaciones contratantes, etc. La negociación para llegar a otro nuevo sistema de pensiones en el Parlamento puede entenderse como un proceso de probar distintas combinaciones de valores a esas variables o tasas (cantidades de ingredientes), de tal forma de cumplir dos condiciones: primero, que resulte un todo coherente y sostenible en el tiempo (un sistema que armonice con el resto de la sociedad y la economía para que las fortalezca) y, segundo, que satisfaga en una proporción suficiente a los principales actores sociales involucrados en el proceso de generar pensiones, léase trabajadores, ciudadanos y partidos, empresas, Estado y organismos que administran y administrarán el sistema.

Para mí, el modelo de Marcel falla sólo en no proponer modos de favorecer las cotizaciones de trabajadores informales, reducir las “lagunas” o períodos de no cotización y de ajustar periódicamente las edades de jubilación. 

En el fondo, el proyecto Marcel es otra combinación de sistema mixto de ahorro individual y de reparto. Lo crucial ahora será decidir en qué proporción se distribuirán cada uno para las personas y cuánta libertad tendremos para escoger o combinar ambos, por una parte, y, por otra, los costos y beneficios sobre el conjunto de la sociedad de la mezcla resultante.

Para cumplir esas condiciones de éxito de la reforma es indispensable que el gobierno asuma su responsabilidad de transparencia entregando toda la información necesaria: sus modelos y los supuestos en que basa sus propuestas y cálculo de resultados, tal como lo ha propuesto David Bravo, economista especializado en el tema que además presidió una de las comisiones anteriores de reforma. Esa información no sólo debe estar disponible para los parlamentarios, sino también para centros de estudio y otros. También con eso se podría encargar revisiones a organismos que den garantías como la OECD. Me dispongo a confiar en la buena mano de Marcel y la colaboración de un parlamento responsable.

Escrito para El Líbero por Ernesto Tironi,  economista.