Para bien o para mal, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se convirtió en cómplice del mensaje de odio y violencia que ha simbolizado el activista mapuche Héctor Llaitul en los últimos años. Porque Boric, y en general el gobierno del Frente Amplio, parecen ser incapaces de entender que así como hay mapuches víctimas, puede haber mapuches victimarios, el Presidente de Chile ha debido corregir un nuevo error no forzado al confirmar que su gobierno se querellará como Llaitul por sus declaraciones que legitiman la violencia y llaman a realizar actos que infunden terror en la población para avanzar en sus causas políticas.

El problema del gobierno del Frente Amplio, y en particular del Presidente Boric y de sus amigos, es que siguen la equivocada lógica de creer que un miembro de un grupo que ha sido tradicionalmente victimizado no puede ser a su vez un victimario. Con esa lógica inspirada en una equivocada lectura de las bienaventuranzas de Jesús, los idealistas líderes del país creen que la virtud es intrínseca a la pobreza y a la marginalización. Como la gran mayoría de ellas no creció en la pobreza —sino más bien en familias acomodadas y fueron educados en colegios de elite—, estos adultos jóvenes solo la conocieron a partir de sus propias inquietudes sociales y políticas. Eso ayudó a que ellos terminaran idealizando la pobreza con una infantil actitud buenista que no resiste mayor análisis y que empíricamente es fácilmente comprobable como falsa.

Si bien Jesús efectivamente dijo eso de “bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos” y, en otra ocasión, aseveró que era más fácil que un camello cruzara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos, la visión de Jesús era más bien crítica de los ricos que elogiosa de los pobres. En otra de sus parábolas, la de los talentos, Jesús muestra una visión muy contraria a la redistribución. En su narrativa sobre lo que ocurre con los tres siervos que recibieron talentos y con el que menos recibió, que no supo qué hacer con ellos, Jesús termina diciendo “porque al que tiene, le será dado; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”.

La visión buenista de que hay virtud en la pobreza y que las víctimas no pueden ser victimarios es más bien resultado de una mala lectura de las sagradas escrituras, o lisa y llanamente de la incapacidad de entender que la virtud en la sociedad se distribuye de forma aleatoria. No hay más probabilidades de encontrar virtud en La Pintana que en La Dehesa. El comportamiento de las personas responde a incentivos y a oportunidades. Incluso los abusados pueden fácilmente convertirse en abusadores. Es más, muchos abusados son también abusadores en sus familias o con las personas que dependen de ellos.

El caso de Héctor Llaitul, un reconocido apologista de la violencia y de la vía armada para avanzar sus causas en democracia, representa un ejemplo de cómo el buenismo del Frente Amplio confunde la condición de marginación y victimización en la que ha estado por siglos el pueblo mapuche —en su condición de pueblo originario, pero también en tanto miembros de la clase social de menos ingresos, especialmente en zonas rurales. El buenismo del Frente Amplio cree que, en tanto pueden ser clasificados como víctimas, las personas que se consideran parte del pueblo mapuche y que se declaran defensores de la causa mapuche no pueden ser a su vez criminales, terroristas o incluso asesinos. El buenismo atribuye a cada individuo que pertenece a un grupo tradicionalmente marginado los atributos de víctima del grupo en su conjunto.

Ahora que el gobierno —y el propio Presidente Boric— han debido reconocer que se equivocaron al no invocar la Ley de Seguridad del Estado para querellarse por los llamados repetidamente hechos por Llaitul para acometer hechos de violencia contra civiles y contra la propiedad privada en su afán de avanzar su causa política, queda en evidencia la falta de agallas que ha tenido la administración Boric para defender la democracia de aquellos que buscan debilitarla con sus declaraciones y actos que legitiman la violencia.

Aunque ahora quiera desentenderse de Llaitul y sus llamados a la violencia política, el gobierno de Boric tardó demasiado tiempo en alzar la voz para dejar en claro que cualquiera que atente contra los valores y principios de la convivencia pacífica en democracia debe ser denunciado y perseguido, independientemente de si esa persona pertenece a un grupo que haya sido tradicionalmente marginado y excluido. Aunque algunos digan que es mejor tarde que nunca, resulta de suyo preocupante que al gobierno de Boric le haya tomado tanto tiempo darse cuenta que la defensa de la democracia debe anteponerse a cualquier consideración buenista de tratar de comprender a violentistas que se amparan en la exclusión para justificar sus campañas por debilitar las instituciones de la democracia.

Por Patricio Navia, sociólogo, analista político y profesor de la UDP, para El Líbero

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