Justificado repudio ha generado el ataque armado de que fuera víctima el sábado un equipo de Televisión Nacional en la zona de Tirúa, producto del cual el camarógrafo Esteban Sánchez perdió la visión de un ojo. El hecho ocurrió luego de que el equipo se reuniera, a objeto de preparar una entrevista, con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la que históricamente se ha adjudicado acciones de violencia en el contexto del llamado conflicto mapuche, pero cuya influencia hoy aparece mermada por la aparición de otros grupos aún más radicalizados. La investigación del caso debiera aclarar sus distintos alcances; desde ya, la posibilidad de que se hubiera buscado amedrentar el trabajo periodístico resulta inquietante y agrega otra grave arista a la difícil situación que se vive en el sur del Biobío y en La Araucanía.

Durante el último año y medio la violencia ha adquirido especial intensidad en esa zona, con manifestaciones que han ido desde la quema de campos y viviendas, los recurrentes asaltos a camiones y la destrucción de infraestructura, hasta los ataques a sangre fría que han costado la vida de civiles y policías. El testimonio entregado el domingo a este diario por la agricultora Carolina García, sacada a la fuerza desde su habitación por hombres armados y obligada a presenciar impotente el incendio de su propia casa, bien resume la situación de inseguridad que están sufriendo en la macrozona sur personas de todas las condiciones sociales y orígenes étnicos. Los nombres del camionero Juan Barrios, el joven Moisés Orellana, el trabajador agrícola Pedro Cabrera, el carabinero Eugenio Naín, el policía Luis Morales o el agricultor Orwal Casanova, fallecidos entre 2020 y 2021, expresan con elocuencia el drama y la diversidad de sus víctimas. También desmienten la idea de que este sería un conflicto que solo involucraría a las empresas forestales o a grandes latifundistas enfrentados con comunidades vecinas.

Innegables son los problemas y situaciones de injusticia que afectan a miembros del pueblo mapuche, así como la obligación del Estado de buscar mediante el diálogo caminos de solución. Profundamente equivocado y aun estigmatizante resulta en cambio confundir la legitimidad de esas demandas con la acción de quienes, levantando discursos autonomistas, ejercen la violencia en contra del resto de los ciudadanos y desafían al Estado. Alarman por ello los antecedentes que se han venido acumulando en los últimos meses y que dan cuenta de la consolidación de nuevos grupos, dotados de alto poder de fuego y cuyas actividades incluirían también otras áreas delictuales, como el robo de madera y el tráfico de drogas.

Frente a noticias recientes, como los ataques sufridos por carabineros de civil o las denuncias de chantajes y cobros a agricultores sobre sus cosechas, inevitable es que resuenen trágicas experiencias vividas por otros países, tanto en nuestra región como fuera de ella, a manos de extremistas que han pretendido justificar sus actos bajo banderas de reivindicación social o territorial. Chile dista de enfrentar una situación de esa magnitud, pero el continuo agravamiento de la violencia, las dificultades de la autoridad para definir y ejecutar una estrategia eficaz y la aparente indiferencia de una parte del mundo político configuran un cuadro de preocupante vulnerabilidad.

/Editorial del diario El Mercurio

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